Desde la madrugada del 19 de febrero, mujeres mazatecas, familiares y el Grupo de Solidaridad con Miguel Peralta Betanzos mantienen un plantón frente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Tercer Circuito, en Oaxaca. Mañana, ese tribunal decidirá si restituye su libertad plena o si extiende una persecución judicial que lleva más de una década.
Lo que las mujeres frente al tribunal exigen es concreto: que la justicia corrija lo que ya fue señalado como error. Que la espera termine.
Por Sara Betanzos y Kino Balu.
No es una protesta más. Es una vigilia contra el desgaste, contra la espera interminable, contra la justicia administrada a cuentagotas. Desde esta mañana, mujeres mazatecas, familiares y el Grupo de Solidaridad con Miguel Peralta Betanzos sostienen un plantón frente al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Tercer Circuito. Mañana, 20 de febrero a las 10:30 horas, ese tribunal decidirá si restituye la libertad plena de Miguel o si prolonga una persecución que ya rebasa la década.
El caso no comenzó en los tribunales. Comenzó en 2014, en Eloxochitlán de Flores Magón, cuando la disputa por el poder local derivó en una cacería judicial contra decenas de habitantes. Desde entonces, la comunidad ha señalado como parte del entramado de poder al expresidente municipal Manuel Zepeda Cortés y a su hija, la diputada local Elisa Zepeda Lagunas, a quienes identifican como expresión de un cacicazgo que trasladó la confrontación política al terreno penal. Lo que no pudieron resolver en la asamblea, lo judicializaron. Lo que era conflicto político, lo convirtieron en expediente.
Miguel fue encarcelado y pasó cinco años en prisión. En 2019 recuperó su libertad, pero la persecución no terminó. La resolución fue revertida y el proceso continuó abierto. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que en su caso hubo una grave omisión: nunca se aplicó el enfoque intercultural que exige la Constitución cuando se juzga a integrantes de comunidades indígenas. Esa omisión es hoy el centro del amparo que se discutirá.
Frente al tribunal, la organización Siuat Yoltechikatli por los Derechos Humanos acompaña desde 2019 a Miguel y a su familia. Primero fue atención psicológica para contener el daño del encierro. Hoy es acompañamiento psicosocial frente a un proceso que ha dejado huellas profundas: pérdida de trabajo, endeudamiento, desgaste emocional, ruptura del tejido comunitario. La persecución no sólo encierra cuerpos; precariza vidas.
La abogada defensora, junto a Martha Betanzos —madre de Miguel— y otras mujeres de Eloxochitlán, exigió ser escuchada por los magistrados Víctor Hugo Cortés y Baja y Jaciel Reyes Loaiza. Al inicio se les negó la audiencia. Dos horas de protesta fueron necesarias para abrir una puerta que debía estar abierta desde el principio. Dentro, expusieron lo que el expediente ya contiene: peritajes antropológicos de 2025 que contextualizan el conflicto, pruebas que desmontan las acusaciones y antecedentes de persecución contra decenas de familias. La comunidad ha ganado la mayoría de los procesos vinculados a este conflicto. Aun así, el círculo no se cierra.
Las mujeres fueron claras: esto ya no es sólo un asunto de libertad personal. Es un asunto de vida. Un hombre que vive bajo amenaza permanente no puede trabajar con dignidad. Un pueblo con 14 exiliados no puede hablar de normalidad. Mantener abierto este proceso significa prolongar el castigo. Significa sostener una estructura de poder que ha utilizado el sistema penal como instrumento de disciplinamiento político.
Mañana el tribunal tendrá la palabra. Puede corregir la omisión señalada por la Suprema Corte y restituir la libertad plena de Miguel Peralta Betanzos. O puede optar por la inercia que ha permitido que una disputa política se convierta en condena interminable.
Frente a esas puertas, la comunidad espera. No piden privilegios. Exigen justicia. Y la justicia, cuando tarda tanto, deja de ser neutral: o repara, o perpetúa el daño.
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