Playa Salchi: Despojo territorial, violencia estructural y alerta

Por Kino Balu

La incursión en Pochutla: Demoliciones sin orden judicial

Cuando las imágenes anuncian lo que puede venir

Casas reducidas a escombros. Colchones, sillones, objetos domésticos expuestos como restos de una vida interrumpida. No hay sellos oficiales, no hay procedimientos visibles, no hay explicaciones públicas. Solo máquinas, polvo y silencio. En el lenguaje del poder, eso tiene un significado preciso: expulsión.

A esta escena se suma ahora un dato clave confirmado por personas directamente desalojadas: no se presentó ninguna orden judicial que justificara la incursión, invasión y demolición de las viviendas. La acción no estuvo acompañada de ningún documento legal visible que acreditara un procedimiento administrativo, civil o penal.

Más aún: hasta el día 30 de enero, es decir, un día después de la demolición inicial, seguía habiendo presencia de elementos de la Policía Estatal en la zona, resguardando un operativo cuya base legal no ha sido hecha pública.

Para comprender la magnitud de lo ocurrido en Playa Salchi, perteneciente al municipio de San Pedro Pochutla, es necesario situarlo dentro del contexto más amplio de la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, autodenominada la “Primavera Oaxaqueña”. Este gobierno ha basado su discurso en la justicia social, el diálogo como herramienta principal de resolución de conflictos y la erradicación de las prácticas corruptas del pasado. Sin embargo, la brecha entre la retórica oficial y los sucesos en el terreno sugiere una desconexión crítica que se manifiesta en la opacidad institucional frente a denuncias de despojo territorial.

Discurso oficial vs. Realidad territorial en la Costa de Oaxaca

Durante la última semana de enero de 2026, el gobierno estatal centró su aparato de comunicación en la jornada de Revocación de Mandato, celebrada el 25 de enero, calificándola como un triunfo democrático histórico. Mientras los comunicados oficiales celebraban la “paz y gobernabilidad”, las comunidades de la Costa denunciaban una realidad diametralmente opuesta, marcada por la incursión de fuerzas policiales en predios en disputa.

La escalada de violencia en Playa Salchi es el resultado de un asedio prolongado que se intensificó tras la jornada electoral de revocación. Días antes de la incursión física, los habitantes y defensores del territorio reportaron señales claras de una operación inminente. El uso de tecnología de vigilancia, específicamente drones que sobrevolaban las tierras del defensor comunitario Miguel Sánchez Hernández, fue una constante durante la semana del 25 al 28 de enero. Asimismo, se denunció la presencia de grupos armados vinculados a actores políticos locales, lo que generó un clima de intimidación previo a la llegada de las fuerzas estatales.

Ya en El Giro de la Rueda hemos venido documentando una “niebla de guerra” sobre la región semanas antes del operativo final. En notas anteriores advirtimos que el defensor Miguel Sánchez no solo enfrentaba amenazas administrativas, sino que ya había sido objeto de intentos de asesinato y hostigamiento armado directo por resistir el avance de las redes inmobiliarias en sus tierras.

El uso de tecnología de vigilancia y el asedio post-electoral

Alrededor del mediodía del 29 de enero de 2026, elementos de la Policía Estatal de Oaxaca, en conjunto con individuos identificados como “despojadores”, ingresaron a los predios de Miguel Sánchez Hernández. Sánchez Hernández, un hombre de 87 años que ha poseído estas tierras por más de seis décadas, se convirtió en el símbolo de la resistencia frente a lo que las organizaciones sociales denominan el “Cártel del Despojo”.

La operación se caracterizó por el uso de maquinaria pesada, la cual no fue utilizada para labores de infraestructura pública, sino para la demolición sistemática de viviendas pertenecientes a las personas que acompañaban el proceso de defensa legal y agraria del territorio. Esta acción se ejecutó sin que los uniformados presentaran, según los testimonios de los afectados, una orden judicial de desalojo o una notificación legal previa que justificara la intervención.

En México, los procesos de despojo rara vez comienzan con balas. Empiezan con desalojos, con criminalización, con la normalización de la presencia policial o privada, con la narrativa de la “irregularidad”. Después vienen las amenazas. Luego los golpes. A veces, los asesinatos.

Por eso estas imágenes no documentan únicamente lo que ya ocurrió: anticipan lo que puede venir si no se detiene el proceso.

El comunicado del 30 de enero de 2026, emitido por la Alianza de Organizaciones y Pueblos en Resistencia, confirma que lo sucedido en Playa Salchi es una acción planificada, con participación de fuerzas estatales y actores políticos de alto nivel. La demolición de viviendas aparece así no como un exceso, sino como parte de una estrategia de despojo organizada, con responsables identificables.

El comunicado es contundente: habla de incursión del llamado “cártel del despojo” acompañado por elementos de la Policía Estatal; de una planeación desde el Gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación; de una estructura criminal integrada por élites políticas que opera con impunidad en la Costa y en todo el estado.

Las denuncias emitidas por el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) y otras agrupaciones no se limitan a señalar la actuación policial, sino que describen una red de corrupción que involucra a funcionarios de diversos niveles y partidos políticos. Esta red operaría mediante la manipulación de registros agrarios, el uso de la fuerza pública y la protección política para transferir tierras de posesión histórica a manos de desarrolladores privados.

En los comunicados urgentes emitidos por las comunidades, se responsabiliza directamente a figuras específicas por su presunta complicidad o autoría intelectual en los hechos de Playa Salchi: Jesús Romero López, Secretario de Gobierno, acusado de proporcionar el respaldo institucional necesario para que la policía estatal actúe en favor de intereses privados; José Carlos Fuentes Ordaz, representante federal en Oaxaca, señalado como parte del brazo operador del cartel dentro del gobierno; y David Ortega del Valle, Director de Gestión Ambiental de la SEMADESU, cuya mención es crítica, ya que sugiere que las licencias ambientales para proyectos en zonas despojadas se tramitan desde el interior del gabinete estatal.

Hasta el momento de publicar esta nota, ninguna autoridad del Gobierno de Oaxaca ha emitido un posicionamiento público que explique bajo qué orden se realizó la demolición, qué autoridad la solicitó, quién ordenó la presencia policial, ni qué institución se hace responsable del operativo.

Tras una revisión exhaustiva de los canales de comunicación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la propia oficina del Gobernador, se confirma que no existe, hasta el mediodía del 31 de enero de 2026, ningún comunicado oficial que reconozca, justifique o explique el operativo en Playa Salchi.

Ese silencio institucional no es neutral. En contextos de despojo territorial, el silencio del Estado funciona como cobertura política de la violencia.

Ante el vacío oficial, la labor de medios independientes aportamos una capa crítica de evidencia visual. El Giro de la Rueda difundió un video titulado “Despojo Territorial en Playa Salchi: Comunidades Denuncian Nuevo Ataque del Cártel del Despojo”, el cual funge como registro documental de los hechos. Además, se han reportado elementos fotográficos que capturan la entrada de las patrullas estatales y la destrucción de las estructuras habitacionales mediante maquinaria pesada.

El contraste entre la agenda informativa oficial y la realidad denunciada resulta revelador. El 30 de enero de 2026, mientras las redes sociales y medios independientes difundían las imágenes de la demolición, los portales oficiales del gobierno estatal se enfocaban en una narrativa de prosperidad económica y eficiencia administrativa. La Secretaría de Turismo, por ejemplo, emitió un comunicado destacando que el primer puente vacacional del año generaría una derrama económica de 267 millones de pesos.

Esta disociación entre discurso oficial y realidad territorial no es casual. El fenómeno de Playa Salchi es síntoma de un proceso económico más amplio: la mercantilización del litoral oaxaqueño. Con el cierre del año 2025 registrando una derrama económica superior a los 23 mil millones de pesos, la presión sobre la tierra ha alcanzado niveles críticos. La lógica de mercado dicta que el valor de la tierra en zonas como Pochutla y Huatulco debe maximizarse, lo que a menudo entra en conflicto directo con los regímenes de propiedad comunal y posesión histórica.

Quienes defienden el territorio en Playa Salchi hoy están en una situación de riesgo real. No por una disputa local, sino porque se enfrentan a una estructura que históricamente en México produce el mismo patrón: despojo, criminalización, agresión, silenciamiento.

El desalojo adquiere una gravedad particular debido a la vulnerabilidad de la principal víctima, Miguel Sánchez Hernández. A sus 87 años, la pérdida de su hogar y su medio de subsistencia bajo el peso de maquinaria pesada representa una violación flagrante a los derechos humanos. Según testimonios recogidos, la resistencia de Miguel Sánchez se ha convertido en una causa que une a organizaciones como el CODEDI en una lucha que ya suma casi tres décadas frente a la red de políticos y empresarios que pretenden expulsar a las comunidades para favorecer proyectos hoteleros.

Frente al silencio del Estado, medios comunitarios han resaltado que la defensa del territorio en Salchi no es meramente legal, sino cultural y colectiva. Se ha promovido el concepto de “Tequio por la defensa del territorio” como un acto político donde la siembra colectiva y las presentaciones artísticas sirven de barrera simbólica contra la privatización.

La memoria visual del despojo: de Gaza a Salchi, el mismo patrón de destrucción

Las fotografías de Salchi activan una memoria visual que no es solo local. Remiten inevitablemente a otras geografías del despojo contemporáneo. Es imposible no pensar en Palestina: casas demolidas por maquinaria estatal, pertenencias personales entre ruinas, familias expulsadas mientras el mundo observa. La comparación no es retórica ni casual. Es estructural.

Cuando vemos las imágenes de Playa Salchi —los escombros de lo que fueron hogares, los objetos íntimos esparcidos como desechos, la maquinaria pesada operando sin piedad sobre la vida cotidiana de las personas—, estamos viendo el mismo manual de operaciones que durante décadas hemos presenciado en Gaza, en Cisjordania, en Sheikh Jarrah, en cada rincón de Palestina donde el despojo se ejecuta con la cobertura del Estado y la indiferencia internacional.

No se trata únicamente de una comparación simbólica. Se trata de asumir una responsabilidad histórica que ya no podemos evadir. Durante años, el mundo vio en tiempo real la destrucción sistemática de hogares palestinos, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, el borramiento de comunidades completas. Lo vimos transmitido en vivo: las excavadoras demoliendo casas mientras las familias lloraban afuera, los niños recogiendo sus juguetes entre los escombros, los ancianos viendo desaparecer en minutos lo que construyeron durante décadas. Y respondimos con comunicados, hashtags, indignación momentánea y, sobre todo, con silencio político efectivo.

Ese silencio, esa falta de acción real, esa empatía que no se tradujo en límites concretos al poder, esa solidaridad que nunca se materializó en consecuencias para los perpetradores, permitió que hoy podamos hablar sin eufemismos de un genocidio transmitido casi en directo. Un genocidio que no ocurrió en la oscuridad ni en el secreto, sino frente a cámaras, frente a testigos, frente a una comunidad internacional que miró, documentó y archivó, pero no detuvo.

El problema no es solo lo que hizo el poder. El problema es lo que no hicimos quienes miramos.

Por eso Salchi no es un caso más. Salchi interpela directamente nuestra memoria reciente y pone a prueba nuestra coherencia moral. Ya vimos este guion. Ya conocemos sus imágenes. Ya sabemos cómo termina cuando nadie detiene la maquinaria. La destrucción del hogar no es un daño colateral: es el primer paso metodológico para la destrucción de la vida social, del tejido comunitario y, finalmente, de los cuerpos.

La lección de Palestina debería ser dolorosa pero clara: el despojo territorial no es un acto aislado, es el prólogo de la violencia sistémica. Primero vienen las excavadoras. Luego viene la expulsión. Después viene la criminalización de quien resiste. Finalmente viene la eliminación física. Este patrón se ha repetido en Palestina durante décadas con una consistencia atroz. Y cada vez que el mundo no intervino a tiempo, las víctimas pagaron con sangre nuestra pasividad.

Si frente a Palestina muchos dijeron “no sabíamos”, hoy esa coartada ya no existe.

En Salchi, las imágenes están aquí. Las demoliciones ocurrieron sin orden judicial. La presencia policial está confirmada. Los responsables están nombrados públicamente: Jesús Romero López, José Carlos Fuentes Ordaz, David Ortega del Valle. El comunicado de las organizaciones es público y detallado. La respuesta oficial, inexistente. La maquinaria del despojo opera a plena luz del día.

Entonces la pregunta no es solo qué está pasando en Playa Salchi. La pregunta es mucho más incómoda y nos señala directamente:

Ahora que lo estamos viendo, ¿qué pretexto tenemos para volver a callar?

Si durante años denunciamos el despojo en Palestina, si compartimos las imágenes de casas destruidas en Rafah y Sheikh Jarrah, si nos indignamos ante la impunidad de las demoliciones en territorios ocupados, ¿cómo podemos ahora guardar silencio ante el mismo patrón de violencia replicándose en nuestro propio territorio, en nuestra propia Costa, contra nuestros propios ancianos?

La solidaridad no puede ser selectiva. La indignación no puede ser geográficamente conveniente. Si reconocemos el despojo como violencia cuando ocurre a miles de kilómetros, debemos reconocerlo con la misma claridad cuando ocurre a horas de distancia. Si entendimos que el silencio internacional legitimó la violencia contra el pueblo palestino, debemos entender que nuestro silencio hoy legitimará la violencia contra las comunidades de la Costa oaxaqueña.

La memoria de Gaza debe servirnos no solo para lamentar lo que ya ocurrió, sino para impedir que se repita. Cada casa demolida en Salchi es una oportunidad para demostrar que aprendimos la lección, que esta vez no miraremos pasivamente, que esta vez el testimonio visual se traducirá en acción política real, en presión efectiva, en límites concretos al poder.

Por eso este no es un comunicado de memoria, sino de alerta. El propio comunicado de las organizaciones lo expresa con claridad: la agresión contra Miguel Sánchez no es un hecho cerrado, sino una señal de lo que puede venir contra otros procesos de defensa territorial.

La prospectiva para Playa Salchi y otras comunidades costeras es de alta conflictividad mientras persista la colusión entre la fuerza pública y los intereses inmobiliarios privados, y mientras la respuesta oficial se limite a la invisibilización de las víctimas.

Lo que está en juego en Playa Salchi no es únicamente un conflicto por la tierra, sino la integridad física de quienes la defienden. La demolición no es el final del proceso: históricamente, es su antesala. Después de las excavadoras vienen las amenazas directas. Después de las amenazas viene la violencia física. Sabemos cómo termina esta historia porque ya la vimos desarrollarse en otros territorios, en otras luchas, en otras geografías del despojo.

Callar frente a estas imágenes ya no es ignorancia: es complicidad pasiva. Es repetir el mismo error que permitió que la destrucción en Palestina escalara hasta niveles genocidas. Es validar con nuestro silencio la lógica de que el poder puede arrasar lo que quiera mientras nadie lo detenga.

Nombrar lo que ocurre en Salchi, difundir sus imágenes y leerlas políticamente es una forma mínima —pero urgente— de prevención. Es la oportunidad de demostrar que nuestra solidaridad con Palestina no fue solo performance moral, sino aprendizaje real. Es la prueba de si somos capaces de aplicar las mismas categorías de análisis, la misma indignación, la misma exigencia de justicia cuando el despojo ocurre cerca y cuando los perpetradores hablan nuestro idioma.

Porque cuando las casas ya fueron destruidas, lo siguiente que se intenta destruir son los cuerpos. Eso lo aprendimos en Palestina. Eso no podemos permitir que se repita en Salchi.

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