Familias mazatecas no pueden regresar a Eloxochitlán de Flores Magón. Más de una década de criminalización sistemática las mantiene en el exilio forzado, mientras la extracción ilegal devasta el río Xangá Ndá Ge y el gobierno de Oaxaca protege al cacique responsable. Entre el 3 y 5 de diciembre de 2025, la Faena Internacionalista llevará frente a la Suprema Corte y ONU Mujeres la evidencia que el poder intenta sepultar: expedientes judiciales manipulados, doscientas órdenes de aprehensión reactivadas en violación de principios jurídicos básicos, y la intervención directa del gobernador Salomón Jara en elecciones municipales para imponer al cacique Manuel Zepeda Cortés.
Por Kino Balu
Tres días frente a instituciones que avalan la criminalización
Los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2025, la Ciudad de México será escenario de la Faena Internacionalista por el fin de la criminalización en Eloxochitlán de Flores Magón. Mientras tanto, más de cuarenta familias mazatecas seguirán imposibilitadas de volver a su comunidad por una persecución judicial sostenida durante más de diez años.
Los actos frente a la Suprema Corte exhibirán la maquinaria que ha operado para fabricar delitos, manipular procedimientos y sostener un sistema de tortura institucional contra quienes defienden el territorio. Un día después, frente a ONU Mujeres, se situará en el centro el trabajo político, emocional y comunitario de las mujeres mazatecas, quienes han sostenido la vida en condiciones de ausencia, violencia y despojo.
La elección de estos lugares constituye un emplazamiento público a instituciones que, en el discurso, representan justicia y derechos humanos, pero que han mantenido —por omisión o por decisión— el hostigamiento judicial contra toda una comunidad indígena.
De “algunas voces” a movimiento comunitario organizado
La carta abierta dirigida al gobernador Salomón Jara expone la disputa por el significado político de la lucha mazateca. El poder intenta reducir un movimiento articulado durante años a “algunas voces”. Pero las Mujeres Mazatecas por la Libertad responden convocando, no suplicando. Le llaman a presentarse al Primer Informe de la Misión Civil de Observación sobre crímenes de lesa humanidad y etnocidio, dejando claro que su movimiento no es aislado ni improvisado: es una organización comunitaria que ha enfrentado la brutalidad estatal con dignidad y estrategia.
Criminalización sistemática de defensores comunitarios en Eloxochitlán
Catorce personas bajo persecución judicial fabricada
La narrativa oficial sobre el “Nuevo Poder Judicial” queda desmentida por la continuidad de la persecución contra catorce defensores comunitarios: Jaime Vidauria, Lucio Carrera, Carlos Pacheco, Artemio Vidauria, Jorge Betanzos, Francisco J. Betanzos, Rubén Cerqueda, Jacob Betanzos, Wilfrido Salazar, Braulio Cerqueda, Rogelio López, Omar Morales, Isaías Gallardo y Ranulfo Vidauria.
Sus casos sintetizan la distancia entre los discursos renovadores y la práctica judicial que mantiene intactas las estructuras históricas de castigo contra las comunidades indígenas organizadas.
Doscientas órdenes de aprehensión reactivadas ilegalmente
En 2025, el Estado reactivó más de doscientas órdenes de aprehensión prescritas. Esta reactivación, ilegal y violatoria de principios elementales del derecho, cumple un objetivo político: mantener a las familias fuera de su territorio, impedir su participación en la vida comunal y garantizar el control político del cacicazgo local.
Caciquismo extractivista: La alianza entre Morena y el cacique Manuel Zepeda Cortés
Nepotismo político y extracción ilegal
Manuel Zepeda Cortés, operador de la extracción ilegal de material pétreo en el río Xangá Ndá Ge, ha contado con protección gubernamental durante tres administraciones. Su hija, Elisa Zepeda, diputada local de Morena, representa la continuidad de una alianza entre clase política y capital extractivista. El partido que prometió desmontar el viejo régimen ha reproducido sus métodos con precisión.
Intervención de Salomón Jara en elecciones municipales
La intervención del gobernador Salomón Jara en el proceso electoral municipal —a través del ex presidente del Congreso local, Benjamín Viveros— buscó imponer al cacique Manuel Zepeda como autoridad. La disminución del padrón votante no refleja apatía, sino expulsión forzada: cincuenta y seis familias perseguidas no pudieron ejercer sus derechos políticos. La “victoria” del gobernador es resultado de la exclusión sistemática de quienes sostienen la autonomía comunitaria.
Ecocidio del río Xangá Ndá Ge: Despojo territorial mazateco
Destrucción de la base material comunitaria
La extracción ilegal de materiales pétreos en el río Xangá Ndá Ge ha significado más que el deterioro de un cauce. Es la devastación de la base material sobre la cual se sostiene la vida mazateca: agua, agricultura, redes comunitarias y prácticas territoriales. Destruir el río es desestructurar el tejido social.
El río como sujeto de derecho en cosmovisión mazateca
Cuando las Mujeres Mazatecas exigen justicia para el río, no articulan una demanda ambientalista convencional. En la cosmovisión mazateca, el río es entidad viva, fundamento espiritual, histórico y político del territorio. Su defensa es inseparable de la defensa de la comunidad misma.
Mujeres Mazatecas por la Libertad: Resistencia frente al Estado
Sostenimiento comunitario durante una década de ausencias
Durante más de diez años, las mujeres han sostenido la alimentación, el trabajo comunal, los cuidados, las asambleas y las gestiones legales que han permitido liberar a la mayoría de las personas criminalizadas. Su trabajo político se ha desarrollado en medio de amenazas, hostigamiento y la precariedad impuesta por el destierro forzado.
Autonomía indígena como construcción cotidiana de poder popular
La autonomía que defienden no es simbólica ni ceremonial. Es práctica cotidiana de organización política, económica y territorial. Es decisión colectiva sobre la vida comunal sin intermediación de instituciones estatales que históricamente han actuado como aparatos de dominación.
El aparato estatal completo contra una comunidad: Ejecutivo, legislativo y judicial
Estrategia coherente de aniquilación comunitaria
La persecución en Eloxochitlán no proviene de funcionarios aislados. Es la intervención simultánea de los tres poderes del Estado para proteger al cacique minero, sostener la criminalización y garantizar el control político del territorio.
Continuidad represiva bajo el “Nuevo Poder Judicial”
La reforma judicial, presentada como democratizadora, no ha modificado el trato que reciben las comunidades indígenas criminalizadas. La continuidad de los casos fabricados evidencia que el cambio es superficial y que la maquinaria judicial opera al servicio del poder político y económico local.
Horizontes de transformación: Exigencias concretas y solidaridad internacionalista
Cancelación de órdenes y sanción a responsables
Las exigencias centrales que emanan de la Faena Internacionalista son:
- Cancelación total de las doscientas órdenes de aprehensión reactivadas ilegalmente.
- Fin inmediato a la persecución contra las catorce personas defensoras comunitarias.
- Sanción penal a Manuel Zepeda Cortés y a los funcionarios que han garantizado su impunidad.
- Reconocimiento oficial del ecocidio del río Xangá Ndá Ge y reparación bajo control comunitario.
Reconocimiento efectivo de la autonomía indígena
Una transformación estructural exige un reconocimiento efectivo del derecho de los pueblos originarios a la autonomía y a la libre determinación. No como declaración simbólica, sino como límite real a la imposición de megaproyectos extractivos y a la intervención arbitraria del Estado en territorios indígenas.
Nota: La información se basa en comunicados directos de las Mujeres Mazatecas por la Libertad, documentos de la Misión Civil de Observación, y análisis de comunicación oficial del gobierno de Oaxaca.
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