CNI: defender el río, resistir la guerra judicial
Criminalización, extractivismo y persecución estatal contra la comunidad mazateca que defiende el río Xangá Ndá Ge.
La defensa del río Xangá Ndá Ge en Eloxochitlán de Flores Magón no es un conflicto local: es una lucha territorial criminalizada por el Estado mexicano. A más de una década de persecución judicial, desplazamiento forzado y prisión política, el Congreso Nacional Indígena vuelve a nombrar lo que está en juego: la vida comunitaria mazateca frente al extractivismo de materiales pétreos y el poder que lo protege. Desde 2014, más de cincuenta personas enfrentan procesos penales fabricados mientras catorce familias permanecen en desplazamiento forzado. Este artículo documenta cómo el aparato judicial se ha convertido en instrumento de guerra contra quienes defienden su territorio del caciquismo protegido por el gobierno de Oaxaca.
El eco de Eloxochitlán en Radio Huaya – El Giro de la Rueda
Por Kino Balu
Defender el río: territorio, vida y resistencia comunitaria en la Sierra Mazateca
Se defiende el río porque sin él la comunidad mazateca no respira; porque sus brazos abiertos dan vida y los caciques lo desangran. Se defiende Xangá Ndá Ge aunque quien persigue no sea el agua, sino la ambición extractivista y el poder que ampara el despojo.
Se defiende el río también desde la indignación: las manos mazatecas limpian tu cauce de la maquinaria que te devasta y gritamos por las hermanas y los hermanos encarcelados por cuidarte.
Se defiende el río para que sigas fluyendo libre y nos alejes de la muerte que trae el capital. Se defiende por los presos políticos, por las familias desplazadas, porque soñamos con que, tarde o temprano, se haga justicia y Miguel Peralta regrese a casa tras cincuenta años de condena inventada.
Criminalización estatal y guerra jurídica contra Eloxochitlán
El comunicado que el Congreso Nacional Indígena distribuyó en enero de 2026 evidencia un patrón de criminalización estatal en el que sobreviven significados relacionados con la guerra de exterminio contra pueblos originarios, pocas veces nombrada en su brutalidad sistemática.
De la defensa territorial al delito: el papel del Estado mexicano
Fue el Estado mexicano el que convirtió la defensa territorial en delito de alto impacto, nombrando homicidas a quienes resistían el caciquismo, mientras suele ser la memoria de los hermanos Flores Magón la que nos retumba en estos días como herencia de rebeldía milenaria, aunque poco sepamos de las seis personas baleadas en la asamblea del 14 de diciembre de 2014 y del hijo del cacique que murió bajo custodia ministerial sin que nadie esclarezca las condiciones de su muerte. En el mejor de los casos la comprensión de este conflicto tendría que rebasar la narrativa oficial que presenta como violencia comunitaria lo que es defensa legítima, porque puede evidenciar nuestras complicidades con el extractivismo que nos gobierna.
Extractivismo, caciquismo y control del territorio
De nuevo, la criminalización de Eloxochitlán que documenta el CNI se remite a un patrón que niega o invisibiliza lo que realmente está en disputa: el control territorial para la extracción de materiales pétreos del Río Xangá Ndá Ge a manos del cacique Manuel Zepeda Cortés y su hija Elisa Zepeda Lagunas, diputada local por Morena bajo la protección del gobernador Salomón Jara Cruz. ¿Qué fuerza tienen los intereses extractivistas para que con todo y las victorias jurídicas que ha ganado la Asamblea Comunitaria existan órdenes de aprehensión que se reactivan alevosamente en marzo de 2025? ¿Hemos prestado atención a las catorce familias desplazadas durante más de diez años, más allá de las declaraciones solidarias? ¿Comprendemos lo que es tener una comunidad entera sometida a cuatro procesos penales indistintamente fabricados, donde treinta y seis personas fueron acusadas de homicidio por defender su asamblea? ¿Sabemos lo que estas criminalizaciones revestidas de legalidad revelan del sistema judicial como instrumento de tortura? ¿Qué implica que el Tribunal Superior de Oaxaca revoque ilegalmente libertades ganadas en instancias más altas?
Justicia, represión y desarticulación comunitaria
La defensa territorial no ha sido un proceso “consultado” ni “conciliado” en este municipio, ha sido represión masiva y persecución sistemática, la utilización del aparato judicial con recursos humanos y materiales suficientes para mantener a una comunidad entera bajo amenaza permanente hacen de la autonomía un asunto que no podemos disfrazar de conflicto intercultural ni de usos y costumbres en disputa. El llamado del Congreso Nacional Indígena nos dice que desde 2014 más de cincuenta personas de Eloxochitlán enfrentan criminalización, por no decir de guerra jurídica deliberada. La vulnerabilidad que esta persecución supone, implica entre otras cosas, el desplazamiento forzado de familias enteras y la existencia de doscientas órdenes de aprehensión contra cincuenta y seis comuneros que viven en la zozobra cotidiana de poder ser detenidos en cualquier momento. Lo que incide en la desarticulación del tejido comunitario y en la imposibilidad de ejercer la autonomía que constitucionalmente les corresponde.
La resistencia de Eloxochitlán nos muestra que se defiende lo sagrado para hacerlo comprensible, así como para sostener las relaciones comunitarias que el Estado intenta romper, consagrándonos como pueblos que nos movemos entre la supervivencia y la dignidad y que es por ello que las luchas territoriales actúan como estrategias para reforzar la vida colectiva y nos ayudan a entender nuestra relación con la tierra, con las otras comunidades y el mundo que habitamos.
Eloxochitlán hoy: perseguidos políticos, desplazamiento y exigencia de justicia
Entendemos así que, en estos días de enero de 2026, el CNI nos convoca a reencontrarnos con Eloxochitlán y su lucha de más de una década, con Miguel Peralta Betanzos sentenciado a cincuenta años por defender su comunidad, con las siete compañeras que viven con órdenes de aprehensión vigentes, con el fotoperiodista David Peralta agredido en abril de 2025 por documentar la devastación ambiental, y lloramos y, por ahora y de su lado, evocamos la exigencia por una realidad en donde no sea el caciquismo protegido por el Estado el que nos desplace. Recordamos y nos abrazamos, pedimos fuerza para exigir libertad absolutoria para Miguel, amparo ya para los catorce compañeros en desplazamiento forzado, cancelación de las órdenes contra Martha, Alicia, Brígida, Eusebia, Hilda, Teresa y Refugia, cierre de procesos contra Hermino Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Francisco Durán y Alfredo Bolaños, justicia para David Peralta, levantamos la voz exigiendo el alto a la extracción de materiales pétreos del Río Xangá Ndá Ge, se hacen comunicados y acciones y ceremonias, tendemos solidaridad desde nuestros territorios, hacemos caminito de resistencia para que la fuerza de los pueblos arranque la libertad que el Estado niega, para no guardarnos en silencio mientras Eloxochitlán resiste con la tierna y amorosa tarea de cuidar su corazón.
📄 Comunicado completo: https://www.congresonacionalindigena.org/2026/01/27/justicia-y-libertad-para-nuestros-hermanos-y-hermanas-de-la-comunidad-de-eloxochitlan-de-flores-magon/
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