Escuelas populares en el Estado de México: cincuenta años de autonomía pedagógica
Las escuelas populares del Estado de México llevan cincuenta años construyendo un modelo educativo que el sistema oficial nunca pudo garantizar: autonomía pedagógica con reconocimiento institucional. En el cerro de Chimalhuacán, la Preparatoria 55 almacena 40 mil litros de agua de lluvia en cisternas construidas por estudiantes y familias. Esta autogestión comunitaria no es retórica: es soberanía hídrica material en territorios que el Estado abandonó.
César Hernández Neri, docente de la Preparatoria 55 y miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Estado de México, relata la genealogía de estas instituciones: desde las facultades autogestionadas antes del 68, pasando por las preparatorias populares de los setenta, hasta las periferias urbanas de los ochenta donde las comunidades tomaron terrenos, construyeron aulas y exigieron reconocimiento oficial.
La contradicción administrativa es permanente: el gobierno estatal valida los estudios y paga salarios docentes, pero criminaliza la autonomía plena mediante leyes que prohíben nuevas escuelas populares y fabricación de delitos contra maestros disidentes.
Este artículo complementa el episodio de nuestro podcast, donde César Hernández Neri profundiza en las demandas actuales frente a la reforma al ISSEMYM y la defensa de las conquistas históricas del magisterio organizado.
Por Kino Balu
Autogestión comunitaria y reconocimiento institucional
Soberanía hídrica y gestión material desde la comunidad
En el cerro de Chimalhuacán, la Preparatoria 55 almacena 40 mil litros de agua de lluvia en cisternas construidas por los propios estudiantes. Esto no es una anécdota sobre sustentabilidad escolar: es la materialización de una soberanía hídrica que el Estado de México nunca garantizó a las 200 familias que habitan esta zona periférica. Cada semestre, los padres de familia pagan una cuota que no va a las arcas gubernamentales sino a un fondo administrado por asamblea comunitaria. Con ese dinero se construyeron los colectores pluviales, se instalaron biodigestores, se compraron los materiales para las aulas. La Secretaría de Educación del Estado de México reconoce los estudios de esta preparatoria y paga los salarios de sus docentes, pero no decide qué se enseña ni cómo se gasta el presupuesto interno. Esta contradicción administrativa es el corazón del conflicto: el Estado acepta las escuelas populares como solución a su propia incapacidad, pero las criminaliza cuando reclaman autonomía plena.
🎙️ Escucha el episodio completo donde César Hernández Neri, docente de la Preparatoria 55 y miembro de la CNTE Estado de México, relata la genealogía de las escuelas populares, la criminalización sistemática que han enfrentado y las demandas actuales frente a la reforma al ISSEMYM.
Escuelas Populares del Estado de México – El Giro de la Rueda
Genealogía histórica de las escuelas populares
César Hernández Neri, docente de la Preparatoria 55 y miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de México, explica la genealogía de este modelo. “Una de las vertientes son las experiencias antes del 68 de las escuelas autogestivas, particularmente en la UNAM. Había facultades, particularmente arquitectura en Ciudad Universitaria, que antes del 68 promueven autogobierno, en donde los estudiantes y los docentes y la autoridad forman como consejos paritarios y donde se discute incluso la forma de la educación que debe de existir.” La represión de 1968 desmanteló esos consejos, pero no eliminó la memoria organizativa. Los sobrevivientes del movimiento estudiantil crearon las preparatorias populares en la década de 1970: Tacuba, Fresno, otras. La UNAM les otorgaba reconocimiento; las comunidades construían las aulas y proponían a los maestros.
Del 68 a las periferias: memoria organizativa y autogobierno
Para los años ochenta, esa experiencia migró a las periferias del Estado de México mediante el movimiento urbano popular. César Hernández Neri describe el mecanismo: “Se organizaba la gente, incluso llegaron a tomar terrenos y se lo repartían, hacían sus casas y obviamente haciendo sus casas tenían que ver qué servicios requerían y evidentemente uno de ellos es la educación. Entonces se empieza desde abajo: se toma el terreno, se construyen aulas, se juntan los estudiantes.” El Estado de México enfrentaba un crecimiento demográfico que no podía atender. Llegó un momento en que fue incapaz de cubrir la necesidad educativa en las zonas de reciente urbanización. Las comunidades no esperaron. Construyeron escuelas, contrataron maestros con recursos propios, exigieron reconocimiento oficial. Y el gobierno, ante la movilización sostenida, cedió parcialmente: otorgó validez a los estudios e incorporó a los docentes como servidores públicos estatales.
Criminalización estatal de la disidencia pedagógica
Ese reconocimiento oficial nunca fue un regalo. Hernández Neri es enfático: “La historia de las escuelas populares en el Estado de México no se explica sin la movilización popular. Hemos tenido que recurrir a la movilización para lograr reconocimientos, para lograr que nos construyan salones, para lograr que nos den mobiliario, libros incluso de primaria, de secundaria.” Cada conquista administrativa vino acompañada de una contrarreforma punitiva.
Criminalización penal de docentes y fabricación de delitos
Hace seis años, el periodista Arturo García documentó cómo el gobierno estatal criminalizaba la labor magisterial mediante leyes específicas que prohibían la creación de nuevas escuelas populares. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el profesor Oscar Hernández Neri fue encarcelado en el marco de la resistencia contra la reforma educativa federal. Su caso no es excepcional: es la aplicación sistemática de la fabricación de delitos contra quienes ejercen disidencia pedagógica. César Hernández Neri lo sintetiza: “Hemos tenido perseguidos políticos, hemos tenido amenazas de encarcelamiento y hemos tenido presos políticos. El gobierno y las diferentes instancias del Estado utilizan los aparatos de procuración e impartición de justicia para criminalizar, para perseguir la disidencia, para perseguir la resistencia.”
Autonomía administrativa y curricular en las preparatorias populares
La autonomía que las escuelas populares ejercen es parcial pero concreta. Hernández Neri detalla los alcances: “Las escuelas populares en el Estado de México han sido capaces de autogobernarse desde una forma parcial: proponiendo a sus docentes. Ahora ya no se proponen por vía del sindicato, no se proponen por vía del Estado, sino son las comunidades las que proponen a los maestros.” La Secretaría de Educación valida esas propuestas si los candidatos cumplen con el perfil académico requerido. Pero la decisión sobre quién enseña la toman las asambleas comunitarias, no la burocracia estatal. Lo mismo ocurre con los recursos: las cuotas de inscripción semestrales no pasan por las arcas gubernamentales. Se administran en las propias escuelas mediante órganos colegiados. Eso permite reorientar el gasto hacia proyectos que el currículum oficial no contempla. Los colectores de agua de lluvia que operan en la Preparatoria 55 desde hace años, por ejemplo, se financiaron con ese fondo autogestionado, no con presupuesto estatal.
Metodología 55 y educación ambiental como práctica
El modelo pedagógico que implementan estas escuelas es otra forma de autonomía. César Hernández Neri lo llama “reinterpretación crítica del currículum oficial”. No abandonan los planes y programas de estudio impuestos por la Secretaría de Educación, pero los enriquecen con contenidos y metodologías propias. En la Preparatoria 55 desarrollaron la llamada “Metodología 55”, diseñada como respuesta a las altas tasas de deserción que provocaba un currículum ajeno a la realidad de las periferias urbanas. Esta metodología integra la educación ambiental no como contenido teórico sino como práctica material: captación pluvial, biodigestores, huertos urbanos, azoteas verdes. Los estudiantes separan residuos en los salones, aprenden técnicas de acuaponía, participan en la gestión de los sistemas de recolección de agua. César Hernández Neri explica el fundamento: “No solamente en el aula se aprende. Por eso involucramos a los estudiantes en acciones de otro tipo, incluso de carácter político. El aprendizaje se da en todos los aspectos. Una de nuestras grandes preocupaciones es el cuidado medioambiental y entonces no solamente hacemos acciones en la propia escuela, sino incorporamos a los procesos áulicos esos temas para que los estudiantes también los practiquen en su casa.”
Exclusión educativa y política de admisión sin discriminación
COMIPEMS, ECOEMS y el rechazo histórico a la selección excluyente
La política de admisión de estas preparatorias confronta directamente el sistema de exámenes estandarizados que operó hasta 2025. Durante décadas, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) funcionó como filtro que excluía anualmente a decenas de miles de jóvenes. Aunque el ciclo escolar 2025-2026 eliminó ese examen y lo reemplazó con el sistema ECOEMS (Espacio de Coordinación de Educación Media Superior), las escuelas populares ya habían construido una alternativa desde los años ochenta: ningún estudiante que quiera aprender puede quedar fuera. César Hernández Neri lo dice sin ambigüedad: “Nuestro planteamiento desde el inicio es que ningún estudiante, ningún joven o incluso adulto que quiera estudiar la prepa puede quedarse fuera. Inscribimos a todos los estudiantes que lleguen. Sean mayores, sean muy jóvenes, tengan alguna incapacidad o tengan una capacidad diferente, traigan el pelo largo o sean pobres. Nos hemos dado cuenta que sobre todo los rechazados eran la gente pobre y entonces nuestra máxima es: todo aquel que quiere estudiar tiene un espacio aquí sin ningún tipo de discriminación, particularmente por la situación de pobreza.”
Territorio, marginalidad urbana y población estudiantil
La población estudiantil de estas preparatorias proviene de los cinturones de marginalidad que rodean la Ciudad de México. Son hijos de migrantes internos que llegaron al Estado de México durante las últimas cuatro décadas buscando vivienda accesible. Muchos tienen ascendencia indígena pero ya no hablan la lengua de sus padres o abuelos porque el desarraigo territorial rompió la transmisión cultural. Hernández Neri describe el perfil: “Regularmente en las comunidades marginales del Estado de México han llegado migrando de otros estados muchas poblaciones y evidentemente tenemos los hijos de esas personas que emigraron. Hay un gran número que viene de comunidades indígenas o que sus padres o sus abuelos son de comunidades indígenas y son los que están en los cinturones urbanos de la ciudad de México.” La Preparatoria 55 está en Chiautla, municipio de Chimalhuacán. La Preparatoria 224 está en la zona alta del cerro de Chimalhuacán. Ambas zonas carecen de servicios básicos continuos: agua potable, drenaje funcional, transporte público suficiente. El Estado de México nunca construyó preparatorias ahí porque su planeación urbana no contempla a las periferias como territorios con derecho a infraestructura educativa completa.
Solidaridad política y continuidad organizativa
La continuidad histórica de este movimiento pedagógico se mantiene mediante solidaridad inter-organizacional. César Hernández Neri lo explica: “Nosotros hemos vivido con la solidaridad del pueblo y ahora que nosotros tenemos posibilidades de brindar la solidaridad lo hacemos. Siempre la solidaridad es el hermanarse con los diferentes proyectos políticos, con los diferentes proyectos de lucha.” Por eso César Hernández Neri está en una manifestación por la libertad de presos políticos en Chiapas. Porque la criminalización de la disidencia es un patrón estatal que conecta al magisterio del Estado de México con las comunidades zapatistas, con los defensores ambientales, con cualquier organización que ejerza autonomía frente al Estado.
Reforma al ISSEMYM y riesgo para la estabilidad docente
Ahora ese patrón se actualiza mediante una reforma administrativa. El gobierno de Morena en el Estado de México impulsa cambios al ISSEMYM, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. La reforma convertirá las pensiones magisteriales al sistema de Afores y privatizará los servicios de salud. Hernández Neri señala la ironía política: “Había habido dos intentos por parte de los priístas por reformar el ISEMYM para convertir el servicio de salud o por lo menos las pensiones a las Afores. No lo habían logrado. Y hoy Morena, al parecer, lo va a pasar fast track, como han pasado las reformas acá a nivel federal.” La autonomía pedagógica que las escuelas populares construyeron durante cinco décadas enfrenta ahora el desmantelamiento de las conquistas laborales que la sostienen. Sin seguridad social funcional, sin pensiones dignas, la estabilidad docente que permite la continuidad de los proyectos educativos comunitarios se vuelve insostenible.
Conclusión
El modelo de las escuelas populares del Estado de México demuestra que la educación pública puede funcionar mediante autogestión comunitaria sin perder rigurosidad académica ni reconocimiento oficial. Durante cincuenta años, estas preparatorias han garantizado el derecho humano a la educación en territorios que el Estado abandonó deliberadamente, mientras desarrollaban formas de soberanía pedagógica, administrativa y material. La criminalización sistemática que han enfrentado es uno de los tantos elementos dentro de una estrategia estatal: el gobierno acepta las escuelas populares como solución a su propia incapacidad pero las ataca jurídicamente cuando demandan autonomía plena. La reforma al ISEMYM que impulsa el actual gobierno estatal es la continuación de ese patrón mediante mecanismos administrativos.
Las organizaciones magisteriales agrupadas en la CNTE del Estado de México exigen tres medidas concretas: primero, cancelación inmediata de la reforma al ISSEMYM y garantía de servicios de salud y pensiones mediante esquema público no privatizado; segundo, derogación de las leyes estatales que prohíben la creación de nuevas escuelas populares y reconocimiento jurídico de la autonomía curricular y administrativa de las preparatorias existentes; tercero, liberación de todos los docentes criminalizados por su participación en resistencias magisteriales y anulación de órdenes de aprehensión pendientes contra miembros de la CNTE estatal.
Estas demandas se fundamentan en el artículo 2° constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía en sus formas de organización social y educativa, en el Convenio 169 de la OIT ratificado por México que establece el derecho de los pueblos a controlar sus propias instituciones educativas, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha determinado reiteradamente que la criminalización de la protesta social constituye violación al derecho de reunión y asociación. La agenda mínima no es abrir mesas de diálogo sino revertir legislativamente las políticas de criminalización y privatización. El derecho a la educación que estas comunidades ejercen desde hace cinco décadas no requiere tolerancia estatal sino reconocimiento jurídico pleno.
Conoce el proyecto educativo de la Preparatoria Oficial No. 55, una escuela de educación popular con historia, medios propios y trabajo comunitario.
👉 Visitar el sitio oficial de la Prepa 55
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