Por: Kino Balu

La paradoja era brutal: mujeres de un pueblo originario protestando contra una agencia de la ONU dedicada a defender mujeres, acusándola de instrumentalizar el discurso feminista para legitimar un aparato de persecución política. ¿Cómo llegamos aquí?

La respuesta atraviesa lo que podríamos llamar el complejo industrial de los derechos humanos: ese entramado donde organizaciones internacionales, con presupuestos millonarios y mandatos universalistas, terminan funcionando como agencias de relaciones públicas para élites locales que dominan el arte de hablar el lenguaje correcto ante las audiencias correctas. El caso de Eloxochitlán de Flores Magón revela cómo la construcción global de protección de derechos puede convertirse en su opuesto exacto cuando renuncia a la verificación rigurosa y privilegia narrativas que confirman sus propios sesgos institucionales.

El boletín que ONU Mujeres publicó el 13 de noviembre de 2018 presentaba a Elisa Zepeda con la estética clásica del testimonio humanitario: mujer indígena, activista, sobreviviente de violencia feminicida, ahora legisladora. Su relato contenía todos los elementos necesarios para conmover: machetes que cortaron su cabeza, su hermano torturado hasta morir en la plaza cívica, su compañero asesinado a balazos, su madre perdiendo un ojo, casas incendiadas. La narrativa se completaba con su salvación heroica: una fotografía que se tomó ensangrentada y envió a la activista Anabel López Sánchez, quien alertó a las autoridades para que intervinieran. Una historia perfecta para los tiempos del #MeToo y la visibilización de la violencia política contra las mujeres. Demasiado perfecta.

Porque cuando las mujeres mazatecas de Eloxochitlán comenzaron a desmontar ese relato, se reveló algo más perturbador que la violencia descrita: la posibilidad de una fabricación.

La declaración ministerial de Elisa Zepeda en el caso 02/2015 no menciona machetes, solo “golpes, patadas y palos”. La necropsia oficial de su compañero Gustavo señala muerte por “traumatismo craneoencefálico”, sin referencia alguna a disparos. Más revelador aún: Elisa Zepeda nunca testificó judicialmente en ese caso. Su hermano Manuel fue entregado vivo al Ministerio Público de Huautla de Jiménez y encontrado muerto en una patrulla de esa ciudad, no torturado en la plaza de Eloxochitlán como ella afirmó ante la ONU. El Tribunal Colegiado, en el proceso penal 16/2016, estableció que “nunca se cometió el delito de incendio”, solo daños materiales, y que no se pudo acreditar la responsabilidad de los acusados. Y respecto al ojo de su madre, los acusados obtuvieron un amparo (921/2016) que establece la imposibilidad de acreditar responsabilidades. El video que las propias acusadoras difundieron no corrobora la pérdida del ojo.

Estas no son discrepancias menores o variaciones interpretativas. Son contradicciones estructurales entre un testimonio mediático y el registro judicial que ese mismo testimonio generó. Sugieren algo más inquietante que un conflicto político violento: la construcción deliberada de una narrativa de victimización para criminalizar oponentes. Y lo más grave: la validación institucional de esa construcción por parte de una agencia de Naciones Unidas que nunca verificó los hechos sobre el terreno ni escuchó a otras voces de la comunidad.

El Origen Económico de un Conflicto “de Género”

El conflicto en Eloxochitlán no surgió, como sostiene el relato oficial de ONU Mujeres, de una lucha de mujeres por espacios de decisión política ni porque la administración municipal sostuviera que “las mujeres no debíamos participar en la vida pública”, como afirmó Elisa Zepeda. Según la contranarrativa documentada por la comunidad mazateca, el origen fue más prosaico y revelador: la negativa de la autoridad municipal de 2014, encabezada por Alfredo Bolaños Pacheco, a comprarle material pétreo a Manuel Zepeda Cortés —padre de Elisa— y la notificación de un requerimiento de auditoría por más de 20 millones de pesos. Este dato económico, ausente del testimonio internacional de Elisa Zepeda, revela la verdadera naturaleza del conflicto: una disputa por el control de recursos públicos y contratos municipales, no una batalla por derechos de las mujeres.

La auditoría por más de 20 millones de pesos señala a Manuel Zepeda como profundamente corrupto, alguien cuyo control político de la comunidad representaba un riesgo material para las arcas municipales. La toma violenta del palacio municipal el 24 de noviembre de 2014, según consta en la averiguación previa 722/HJ/2014, fue encabezada por Manuel Zepeda y su hija Elisa, desplazando a la autoridad legítima precisamente cuando esa autoridad intentaba fiscalizar el manejo irregular de recursos. Este hecho, documentado judicialmente con Bolaños Pacheco señalándolos directamente, desmiente la versión de Zepeda como defensora pacífica de derechos. La secuencia de eventos revela un patrón clásico de disputa caciquil: un cacique corrupto enfrenta fiscalización, responde con violencia para retomar el control político, y posteriormente legitima su accionar mediante el lenguaje de los derechos humanos.

La asamblea del 14 de diciembre de 2014, donde estalló la violencia, no fue una reunión de mujeres liderada por Elisa Zepeda ni una “emboscada” contra activistas feministas, como describe el boletín de ONU Mujeres. Fue una asamblea comunitaria convocada por la autoridad desplazada para elegir al “Alcalde” tradicional, con entre 1,500 y 2,000 asistentes según el oficio policial CRP/0875/2014. La descripción oficial policial señala una convocatoria amplia, comunitaria, no una reunión de “mayoría de mujeres” como sostiene Elisa Zepeda. Esta discrepancia es decisiva: transforma un conflicto comunitario amplio en un ataque específicamente misógino, facilitando su inserción en narrativas internacionales sobre violencia de género.

Y la balacera que desató el caos, según múltiples testimonios documentados por la comunidad, fue iniciada por Manuel Zepeda Cortés y sus hombres armados —a quienes, además, vistió o disfrazó con uniformes de policías estatales para encubrir su operación— contra esa asamblea. La propia declaración ministerial de Elisa Zepeda la ubica “justo en el lugar de donde provinieron las balas”. Esa ubicación espacial derrumba por completo su narrativa de víctima emboscada y la coloca como participante en el bando agresor. La contradicción es insalvable: no se puede sostener la imagen de una emboscada mientras se está situada precisamente en el punto desde donde se dispara.

Que este conflicto por control sobre recursos pétreos del río de la comunidad se haya prolongado durante más de una década revela algo más profundo que una disputa local. Las elecciones municipales de 2025 expusieron definitivamente la dimensión estatal del caciquismo Zepeda y el rechazo comunitario que enfrenta. A pesar de la intromisión del gobierno estatal en las elecciones municipales, la manipulación y la violación flagrante a la autonomía comunitaria, el cacique Manuel Zepeda fue derrotado. Los “oscuros sueños” del gobernador Salomón Jara —quien buscaba imponer al cacique corrupto— no se cumplieron. El gobierno estatal envió meses antes de la elección al expresidente del Congreso local Benjamín Viveros para operar directamente en la comunidad, montar estructura electoral y promover al cacique. Esta intervención del gobierno estatal de MORENA no es periférica: revela que el Cartel Caciquil “Zepeda” opera como brazo local de un proyecto político más amplio, donde el partido que se autoproclamó representante de la cuarta transformación reproduce las prácticas más arcaicas del priísmo: imposición de candidatos, operación política desde el gobierno, criminalización de opositores.

La derrota de Manuel Zepeda en 2025 es aún más significativa considerando las “condiciones de absoluta desventaja” en que ocurrió. La población votante fue menor a dos mil participantes, cuando en las votaciones del año 2010 ya se alcanzaba un número superior a los dos mil votantes. Esta reducción drástica en la participación no es accidental: es el resultado directo de la campaña de criminalización impulsada por su hija Elisa. Con más de 200 órdenes de aprehensión activas, cientos de personas no pudieron ejercer su derecho al voto por estar amenazadas, escondidas o desplazadas. Un total de 56 familias continúan bajo persecución judicial.

Que la comunidad haya derrotado al Cartel Caciquil Zepeda a pesar de la intervención directa del gobernador, la operación política de funcionarios estatales de alto nivel, y la imposibilidad de participación de cientos de opositores criminalizados, revela la profundidad del rechazo. Esta victoria electoral de la comunidad en 2025 contrasta brutalmente con el supuesto 83% de respaldo que Elisa Zepeda afirmó haber recibido en 2016.

La Biografía Que ONU Mujeres Nunca Investigó

El perfil que ONU Mujeres trazó de Elisa Zepeda Lagunas —ingeniera acuícola que regresó a su comunidad para “hacer trabajo de desarrollo rural y generar conciencia sobre los derechos humanos”— colapsa bajo el escrutinio de la historia local. Su regreso no fue para promover derechos humanos sino para gestionar proyectos con “recursos económicos asegurados”, cobrando honorarios por un jardín comunitario que debía ser servicio social. Esta monetización de lo que se presenta como activismo comunitario revela una lógica extractiva disfrazada de solidaridad.

La comunidad mazateca es enfática: el primer Instituto Municipal de la Mujer de Eloxochitlán fue fundado por la abogada mazateca Yadira Palacios García, un logro histórico para la participación femenina en la comunidad, en un esfuerzo donde Elisa Zepeda estuvo “completamente ausente”. Esta ausencia es significativa porque desmiente su autoproclamada trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres. Cuando finalmente tuvo poder institucional, al asumir la presidencia del DIF municipal (2011-2013), su primera acción fue desaparecer ese Instituto Municipal de la Mujer. La ironía es brutal: la mujer que ONU Mujeres presentaría internacionalmente como defensora de derechos de mujeres indígenas había desmantelado la única institución local dedicada a esos derechos.

Pero hay más. Se le acusa de haber excluido a dos tercios de las mujeres de la comunidad de los programas sociales del DIF como castigo colectivo por no haber votado por su padre, Manuel Zepeda Cortés, para la presidencia municipal. Esta práctica —el uso de programas sociales como herramienta de control político y castigo— es característica del caciquismo clásico. La diferencia es que tradicionalmente estos cacicazgos eran ejercidos por hombres y criticados como patriarcales. Cuando una mujer reproduce las mismas prácticas pero habla el lenguaje del empoderamiento femenino, el aparato internacional de derechos humanos se vuelve incapaz de identificar la dinámica de poder.

Esta biografía real, la que ONU Mujeres nunca investigó, revela a una figura que instrumentalizó sistemáticamente las instituciones públicas para consolidar el poder del Cartel Caciquil Zepeda, excluyó a las mujeres que no se alineaban políticamente con su facción, y desmanteló las pocas estructuras de participación femenina que existían.

El Aparato Judicial Como Extensión del Cartel Caciquil Zepeda

La narrativa de Elisa Zepeda sobre las consecuencias jurídicas de los hechos de 2014 es igualmente problemática. Afirma que los perpetradores fueron encontrados “en flagrancia” y sentenciados a prisión. Las pruebas legales son categóricas: “nadie fue detenido en flagrancia”. Las detenciones fueron arbitrarias y ocurrieron días después en Huautla de Jiménez, no en el lugar de los hechos.

El registro judicial posterior es revelador. Miguel Ángel Peralta Betanzos, el único sentenciado por estos hechos, fue absuelto en apelación. Existen más de veinte sentencias de libertad ganadas contra las acusaciones de Elisa Zepeda. Este patrón —condenas en primera instancia seguidas de absoluciones en apelación— sugiere que los tribunales superiores, con mayor distancia del conflicto local y presumiblemente menos susceptibles a presiones políticas, encontraron las acusaciones infundadas o insuficientemente probadas. Sin embargo, estas absoluciones no recibieron la atención internacional que tuvo el testimonio original de Elisa Zepeda.

Mientras tanto, más de 200 órdenes de aprehensión permanecen activas contra miembros de la comunidad de Eloxochitlán. Este número es extraordinario y desproporcionado para una comunidad pequeña. Sugiere una campaña sistemática de criminalización que va mucho más allá de procesar a presuntos responsables de actos violentos específicos. Es una herramienta de control territorial: con 200 órdenes activas, cualquier miembro de la comunidad opositora vive bajo la amenaza permanente de detención. La ironía es demoledora: mientras Elisa Zepeda se presentaba internacionalmente como defensora de la participación política de las mujeres indígenas, su campaña de criminalización impedía que mujeres mazatecas ejercieran su derecho al voto.

La posición de Elisa Zepeda como presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Oaxaca durante la LXIV Legislatura —del 15 de noviembre de 2018 al 14 de noviembre de 2021— no es un hecho menor ni accidente. Su influencia desde ese cargo coincidió con el estancamiento de los procesos legales de los defensores comunitarios encarcelados. Esta intersección entre poder legislativo y judicial —donde quien encabezó las acusaciones ocupa, a la vez, un puesto de supervisión sobre el sistema de justicia— evidencia que el caciquismo moderno ya no depende únicamente del control bruto de las instituciones, sino de su instrumentalización amparada en procedimientos formalmente legales.

El mecanismo de protección para defensores de derechos humanos que Elisa Zepeda obtuvo, viviendo con escolta durante más de tres años, completa el círculo de legitimación. Los recursos del Estado mexicano, diseñados para proteger a activistas genuinamente amenazados, fueron movilizados para blindar a quien la comunidad identifica como principal impulsora de su persecución.

El Feminismo Como Coartada del Extractivismo

Las mujeres mazatecas enmarcan este caso dentro de una crítica más amplia a lo que denominan “feminismo de Estado hipócrita”. Esta crítica está anclada en denuncias específicas de que Elisa Zepeda, lejos de “abrir espacios para otras mujeres” —como declaró a ONU Mujeres en su discurso de representación y empoderamiento—, desmanteló el Instituto Municipal de la Mujer local y excluyó a dos tercios de las mujeres de los programas sociales.

Desde esta comunidad mazateca, figuras como Elisa Zepeda instrumentalizan la agenda internacional de derechos de las mujeres para encumbrarse políticamente, mientras sus acciones en el territorio promueven el “etnocidio, despojo y extractivismo”. La extracción pétrea ilegal del río Xangá Ndá Ge —el nombre mazateco del río local— revela que detrás del conflicto político hay intereses extractivos concretos. La negativa original de la autoridad municipal de 2014 a comprarle material pétreo al cacique Manuel Zepeda cobra nuevo sentido: no era solo un contrato municipal, era parte de un control más amplio sobre la extracción de recursos del río. El Cartel Caciquil Zepeda no solo busca poder político; busca control territorial para facilitar actividades extractivas que les generan ganancias mientras destruyen el río de la comunidad. El feminismo, en este contexto, funciona como legitimación internacional para un proyecto de despojo local dirigido por un cacique corrupto.

El uso del discurso feminista se desvincula de la cosmovisión y las luchas reales de las mujeres indígenas. Como articula Argelia Betanzos, vocera de las mujeres mazatecas: “Para nosotras, las mujeres indígenas, no es indispensable ocupar cargos públicos, lo que es indispensable es vivir intensamente… La visión de ocupar cargos públicos… es ajena al principio de las comunidades originarias de compartir y tratarnos como iguales”. Esta crítica no rechaza la participación política de las mujeres sino una concepción específica de empoderamiento: aquella que mide el progreso únicamente por la presencia de mujeres en cargos de poder, sin cuestionar si ese poder reproduce o transforma las estructuras de opresión.

La diferencia es crucial. El feminismo liberal occidental celebraría el ascenso de Elisa Zepeda como diputada como un triunfo per se: una mujer indígena ocupando espacios tradicionalmente masculinos. El feminismo comunitario mazateco pregunta: ¿poder para qué? ¿Para reproducir el caciquismo con rostro de mujer? ¿Para criminalizar a la propia comunidad? ¿Para facilitar la extracción ilegal de recursos mientras su padre corrupto acumula millones? Desde esta perspectiva, el ascenso individual de Elisa Zepeda no representa avance sino cooptación: la incorporación de una mujer al aparato de dominación no lo feminiza, lo fortalece haciéndolo menos vulnerable a la crítica.

La Negligencia Institucional Como Política

La respuesta de ONU Mujeres ante las denuncias de la comunidad mazateca evidencia una negligencia institucional sistemática. La publicación del testimonio de Elisa Zepeda en 2018 no fue precedida por un proceso de investigación o verificación en el territorio que incluyera las voces de otras mujeres o habitantes de la comunidad. Esta omisión es inaceptable para una organización de su calibre, con recursos y mandato para realizar trabajo de campo riguroso. La decisión de amplificar un solo testimonio sin contrastarlo con otras fuentes sugiere que la institución operó bajo un sesgo confirmatorio: Elisa Zepeda decía lo que ONU Mujeres esperaba escuchar sobre violencia política contra mujeres indígenas, entonces su testimonio fue aceptado sin verificación.

La protesta del 5 de diciembre de 2025 frente a las oficinas de ONU Mujeres en Ciudad de México reveló que, hasta esa fecha, la institución no había escuchado directamente a las mujeres mazatecas afectadas por la narrativa que promovió. Siete años después de publicar el boletín, la agencia nunca consideró necesario visitar Eloxochitlán para verificar in situ las afirmaciones que había validado internacionalmente. Aunque el boletín fue retirado de su sitio web tras la protesta —un reconocimiento tácito de error— no se ha emitido la nota aclaratoria solicitada por la comunidad para reparar el daño.

La negativa a emitir una nota aclaratoria no es un detalle procesal. Es una decisión política que protege la reputación institucional a costa de mantener en el limbo a una comunidad que enfrenta más de 200 órdenes de aprehensión parcialmente legitimadas por el respaldo que ONU Mujeres otorgó a quien las promovió. Admitir públicamente que validó una narrativa falsa implicaría cuestionar todo su modelo de operación, reconocer que la “perspectiva de género” sin verificación empírica puede convertirse en coartada para abusos.

La Transformación Chiquita

La transformación que este caso demanda no es reformista sino estructural. Requiere desmontar la lógica mediante la cual las instituciones internacionales de derechos humanos operan como agencias de certificación para élites del Sur Global que han aprendido a performar victimización para audiencias del Norte Global.

El caso de Eloxochitlán sirve como advertencia brutal para el aparato internacional de derechos humanos: validar testimonios individuales sin una rigurosa verificación sobre el territorio que incluya a todas las partes de un conflicto no es un acto neutral, es una intervención peligrosa que puede convertir a las instituciones en cómplices de los mismos abusos que pretenden combatir. Los boletines de prensa, los testimonios amplificados y los respaldos institucionales operan como capital político en los conflictos locales. Cuando ese capital se otorga sin verificación, las consecuencias dejan de ser simbólicas: se traducen en prisiones, desplazamientos, familias destruidas, ríos saqueados y caciques corruptos legitimados internacionalmente mientras expolian a sus comunidades.

Concretamente, ONU Mujeres México debe emitir una nota aclaratoria formal que reconozca la unilateralidad de su boletín de 2018, explicite que no verificó los hechos sobre el terreno ni consultó a otras voces de la comunidad, y se disculpe por el daño causado. Esta nota debe tener la misma prominencia que tuvo la publicación original: no puede ser un comunicado discreto en una sección oscura del sitio web, debe ser una rectificación pública que llegue a las mismas audiencias que recibieron la narrativa original.

Este caso desmonta una premisa central del feminismo institucional contemporáneo: que aumentar la representación de mujeres en espacios de poder es inherentemente progresista. Elisa Zepeda ocupa espacios de poder. Es diputada, fue alcaldesa, preside comisiones legislativas, tiene escolta estatal, acceso y vínculos con el aparato político de MORENA. Pero su ejercicio del poder no ha abierto puertas para otras mujeres; ha cerrado prisiones sobre ellas. Su discurso de género no ha desmantelado el caciquismo; lo ha modernizado, dándole un lenguaje aceptable para audiencias internacionales que confunden representación descriptiva con justicia sustantiva.

La justicia para Eloxochitlán requiere medidas concretas e inmediatas: la libertad de los perseguidos políticos acusados a partir de señalamientos que tribunales superiores han declarado infundados; el retiro de las más de 200 órdenes de aprehensión que mantienen a la comunidad bajo amenaza permanente; una investigación rigurosa contra quienes fabricaron delitos utilizando el aparato judicial como arma política al servicio del Cartel Caciquil Zepeda; el cese de la extracción ilegal en el río Xangá Ndá Ge; una indagatoria exhaustiva sobre las actuaciones de Manuel Zepeda en los procesos comunitarios, incluidos los señalamientos persistentes de enriquecimiento ilícito expresados por habitantes de la comunidad; y la reparación integral del tejido comunitario destruido por años de persecución y desplazamiento forzado.

La lucha por la libertad desde las formas autonómicas y comunitarias debe reconocerse y valorarse. Las familias, y especialmente las mujeres de la comunidad, han logrado liberar a la mayoría de las personas criminalizadas y sostienen la exigencia por justicia para el río Xangá Ndá Ge. Este reconocimiento es fundamental: la liberación de la mayoría de quienes fueron criminalizados no ha venido de instituciones internacionales de derechos humanos ni de reformas al sistema judicial, sino de la organización comunitaria autónoma.

Pero ahora más que nunca se debe vigorizar la solidaridad nacional e internacionalista con Eloxochitlán y su lucha por la libertad y la autonomía. Porque ante los avances de la lucha organizada de una década, este año 2025 el Estado respondió con la reactivación de más de 200 órdenes de aprehensión y con el intento de imposición de presidente municipal. La respuesta estatal a los éxitos de la organización comunitaria no ha sido reconocimiento sino escalada represiva.

La solidaridad que la comunidad demanda no es la que ofrece ONU Mujeres: no necesitan que instituciones internacionales certifiquen quién es víctima y quién victimario según criterios que ignoran las dinámicas locales de poder. Necesitan solidaridad que reconozca su capacidad de análisis político, que respalde sus formas autónomas de organización, que amplifique sus propias voces sin intermediación, que presione al Estado mexicano para que retire las órdenes de aprehensión y cese la criminalización.

ONU Mujeres ante el momento de elegir: reparar o profundizar el daño

Las mujeres mazatecas de Eloxochitlán, bloqueando las oficinas de ONU Mujeres en diciembre de 2025, no pedían favores ni solicitaban protección. Exigían rendición de cuentas. Su demanda era simple y devastadora: que una institución poderosa admitiera haberse equivocado y reparara el daño causado. Que la palabra de quienes viven las consecuencias del poder pese tanto como la palabra de quienes lo ejercen.

Esa exigencia sigue esperando respuesta. Y mientras ONU Mujeres permanezca en silencio, cada día que pasa con 200 órdenes de aprehensión activas, con 56 familias bajo persecución judicial, con mujeres mazatecas impedidas de votar, con el río Xangá Ndá Ge saqueado, con la corrupción de Manuel Zepeda sin investigar, es un día más en que la institución es cómplice de la criminalización que su boletín de 2018 ayudó a legitimar. La comunidad de Eloxochitlán y las Mujeres Mazatecas por la Libertad han demostrado que la verdad eventualmente prevalece, incluso contra la maquinaria combinada del caciquismo local, el gobierno estatal y la legitimación internacional. Ahora corresponde a ONU Mujeres decidir si quiere estar del lado de esa verdad o seguir siendo parte de la maquinaria que la suprime.