Miguel Peralta Betanzos lleva diez años esperando que el sistema judicial mexicano reconozca lo evidente: fue condenado a cincuenta años de prisión por defender el agua de su comunidad contra un cacicazgo que opera con impunidad institucional. El 10 de octubre de 2025, tres magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal de Oaxaca finalmente escucharon lo que las instituciones han fingido no oír durante una década.
Afuera del tribunal en San Bartolo Coyotepec, un grupo solidario con los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón exigía lo mínimo: que los jueces hicieran su trabajo con honestidad. La audiencia duró dos horas. Se presentaron peritajes antropológicos, fotografías, cartas de organizaciones internacionales. Los magistrados prometieron independencia y sensibilidad. Pero también dejaron entrever que la resolución podría no ser favorable.
Este artículo complementa el episodio de nuestro podcast, donde profundizamos en el contexto del cacicazgo en Eloxochitlán y la estrategia judicial contra defensores del agua.
Por Kino Balu.
Entrevistas de Sara Betanzos
Material fotográfico del grupo solidario con Miguel Betanzos
El 10 de octubre de 2025, tres magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal de Oaxaca escucharon —por fin, y casi a regañadientes— lo que el sistema judicial mexicano lleva una década fingiendo no oír: que Miguel Peralta Betanzos fue condenado a cincuenta años de prisión por defender el agua de su comunidad frente a un cacicazgo que goza de impunidad institucional. Afuera del tribunal en San Bartolo Coyotepec, un grupo solidario con las y los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón exigía que mínimamente y lo obvio sería: que los jueces, alguna vez, hicieran su trabajo con honestidad.
La Audiencia del 10 de Octubre: Miguel Frente a los Magistrados
“Los magistrados recibieron a la comisión, tuvieron que escuchar —aunque no quisieran— durante dos horas todas las palabras acumuladas en estos años de lucha: sobre el cacicazgo, la desigualdad de poder, y la forma en que el sistema ha protegido a quienes, con dinero y padrinos políticos, destruyen el río de su comunidad. Se comprometieron”, explicó una de las abogadas que acompaña el caso de Miguel. Cada uno pronunció unas cuantas frases, probablemente —reconoció—, solo para mantener intacta su fachada institucional.
Dos Horas de Testimonios sobre el Cacicazgo
El magistrado ponente, Víctor Hugo Cortés, prometió independencia y sensibilidad. Pero luego mencionó que la sentencia de la Suprema Corte —que en noviembre del año pasado les devolvió el caso— “dice cosas muy superficiales”. La abogada Araceli fue clara sobre lo que eso significa: “Casi casi como si por esa sentencia ellos fueran a no sabemos qué, puede ser reponer, puede ser negar el amparo. Su palabra en ese sentido no gustó mucho”.
Las Promesas de los Tres Magistrados
Los otros dos magistrados ofrecieron palabras que podrían interpretarse como esperanza o como cortinas de humo. Jasiel Reyes Loaiza, el más nuevo, dijo estar a favor de resolver las cosas de fondo por encima de las violaciones procesales. Carlos Abel de los Santos habló de justicia material, que en derecho significa libertad. Valorar las pruebas en lugar de enfocarse en cuestiones procesales, dijo. Miguel pudo hablar directamente con ellos por primera vez en esta década de persecución. Pudo decirles a la cara lo que espera de la justicia: su libertad.
El Origen: Cuando Defender el Agua se Convirtió en Delito
La historia que llevó a Miguel frente a esos magistrados comenzó el 14 de diciembre de 2014, cuando en Eloxochitlán la defensa del territorio se convirtió en delito. El cacicazgo local, respaldado por poder económico y político, ha destruido sistemáticamente el río de la comunidad. Las familias que se opusieron fueron criminalizadas. Miguel es uno de varios perseguidos por los mismos hechos, por la misma acusación fabricada. Su caso se convirtió en el más visible de una estrategia que se repite en comunidades de todo México: usar el sistema judicial como arma contra quienes defienden lo que les pertenece.
14 de Diciembre de 2014: El Inicio de la Persecución
Ahora hay pruebas nuevas. Dos peritajes antropológicos —uno independiente propuesto por la defensa, otro oficial enviado por el mismo tribunal— coinciden en la existencia del cacicazgo, el abuso, la criminalización. “Insistimos en que hay pruebas nuevas que son los peritajes antropológicos que ya son prueba del contexto, que están obligados a tomar en cuenta y dijeron que lo van a hacer”, explicó la abogada. También presentaron fotografías, notas de prensa, cartas de Amicus Curiae de organizaciones civiles. Esperan que las tomen en cuenta.
Cincuenta Años de Prisión por Oponerse al Despojo
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Profundizamos en el contexto del cacicazgo en Eloxochitlán, la estrategia judicial contra defensores del agua y las voces de quienes acompañan a Miguel desde 2014.
Miguel Peralta: la justicia frente al cacicazgo – El Giro de la Rueda
Entrevistas de Sara Betanzos
El proyecto de sentencia se trabaja durante tres meses. Pero los magistrados tienen el caso desde noviembre del año pasado. “Quiere decir que realmente ya tienen una postura, ya tienen una idea de qué sentenciar”, señaló la abogada. La resolución debería salir a finales de noviembre como máximo. Es inminente.
Las Pruebas que el Sistema Ignora
Una compañera del grupo de apoyo y solidaridad con Miguel Peralta Betanzos habló afuera del tribunal con la claridad de quien ya no confía en promesas institucionales. “Estuvieron mucho tiempo, pudieron expresar todas las inquietudes que se tienen al respecto. Y pues hay varios escenarios también, la verdad es que tampoco es que nos confiemos que con estas sesiones o con estas pláticas. Es lo que se trata, ¿no? De sensibilizarles, de hacerles ver que ya es más de una década de persecución y criminalización por la defensa de la autonomía y la autodeterminación”.
Dos Peritajes Antropológicos que Confirman el Cacicazgo
Luego dijo lo que el sistema judicial prefiere no escuchar: “Sin embargo, también sabemos que esa gente que está en el poder es mañosa, sabe mentir muy bien y no nos confiamos”. La solidaridad aprendió a desconfiar después de tantos años viendo cómo las instituciones protegen a quienes despojan y persiguen a quienes resisten.
Fotografías, Cartas Internacionales y Testimonios
“No fuimos a pedir un favor al tribunal. Fuimos a exigir la libertad de nuestro compañero porque así tiene que ser. Si hacen su trabajo como debe ser, justo, con verdad, deberían de otorgarle la libertad absoluta a nuestro compañero”, afirmó la compañera. Su voz no pedía. Exigía. No con esperanza ingenua sino con la convicción de quien conoce la diferencia entre derecho y justicia, y sabe que en México ambas cosas rara vez coinciden.
La Desconfianza Aprendida: Voces de la Solidaridad
El caso de Miguel no es solo suyo. Es un referente para las demás compañeras y compañeros que sufren persecuciones en Eloxochitlán por los mismos hechos, el mismo expediente, los mismos delitos inventados, como sucede con otros presos políticos en México. “Sería un referente también para que las demás personas que están en la misma situación puedan obtener también su libertad y no solo de la comunidad de Eloxochitlán, sino de otros pueblos que también han sido criminalizados por defender el territorio”, explicó la compañera del grupo de apoyo.
“No Fuimos a Pedir un Favor, Fuimos a Exigir”
Porque lo que sucede en Eloxochitlán sucede en innumerables comunidades de pueblos originarios: el despojo opera con permisos oficiales, la defensa del agua se castiga con cárcel, el cacicazgo cuenta con protección institucional que va desde presidencias municipales hasta tribunales federales y gobernadores. El poder económico destruye ríos mientras el poder judicial encarcela a quienes intentan detenerlo.
La Mañosidad del Poder Institucional
Los magistrados dijeron que resolverán en tres meses. Que tomarán en cuenta los peritajes. Que actuarán con independencia y sensibilidad. Prometieron lo que deberían hacer por obligación. Miguel lleva diez años esperando que el sistema judicial haga su trabajo. Diez años en los que el cacicazgo siguió operando, el río siguió muriendo, la comunidad siguió resistiendo.
Un Referente para Otras Comunidades Criminalizadas
La resolución viene pronto. En cualquier momento entre ahora y finales de noviembre pueden llamar a sesión. El grupo de apoyo hará un llamado cuando se liste el caso para discutirse en el tribunal. Habrá compañeras y compañeros afuera esperando saber si los magistrados cumplirán su palabra o si ésta será otra promesa que se disuelve en el expediente de una década de impunidad del Estado.
El Patrón que se Repite en Pueblos Originarios
“Ya no sabemos qué más pruebas quieran los magistrados para poder resolver con justicia y con verdad”, dijo la compañera. Ahí está el peritaje independiente. Ahí está el peritaje oficial. Ahí están las cartas internacionales. Ahí están las fotografías. Ahí están diez años de un hombre perseguido por defender agua. Ahí están los testimonios de una comunidad que ha documentado meticulosamente cada paso del despojo. Ahí está Miguel, que pudo hablar directamente con quienes decidirán sobre su vida.
La Resolución Inminente: Entre Ahora y Finales de Noviembre
Y ahí están los magistrados, con un caso que llevan desde noviembre del año pasado, con una postura ya formada, con la oportunidad de hacer lo que la Suprema Corte devolvió a sus manos. Tres hombres que en las próximas semanas decidirán si es posible defender el territorio sin terminar cincuenta años en prisión. O si la palabra “justicia” significa lo que el cacicazgo necesita que signifique.
Tres Meses de Proyecto, Once Meses de Silencio
La compañera del grupo de apoyo lo resumió al final: “Esa gente que está en el poder es mañosa, sabe mentir muy bien y no nos confiamos”. Diez años enseñan a distinguir entre promesas y sentencias, entre palabras de magistrados y libertad real. En Eloxochitlán de Flores Magón seguirán defendiendo el agua. Miguel seguirá esperando que el tribunal colegiado del estado de Oaxaca decida si eso es un crimen o un derecho.
La Distancia entre Promesas y Sentencias
La espera ya no se mide en días sino en la distancia entre lo que debería ser y lo que el sistema judicial mexicano hace con las comunidades que se atreven a resistir.
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La resolución del tribunal se espera para finales de noviembre 2025. Seguir la Red Social de: Libres Ya
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