Marchar contra el imperialismo con el partido en el poder: la contradicción de Morena ante Venezuela
El 7 de enero de 2026, más de cien organizaciones mexicanas denunciaron el ataque militar estadounidense contra Venezuela del 3 de enero. En esa agresión, fuerzas militares bombardearon territorio venezolano y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores. La respuesta fue la construcción de una jornada antiimperialista que incluye la marcha del 10 de enero en Ciudad de México. Pero la movilización revela una contradicción estructural: Morena, el partido en el poder, activa sus estructuras para defender la soberanía venezolana mientras mantiene silencio ante Ayotzinapa, la gentrificación en barrios populares y el incumplimiento de promesas al magisterio. ¿Cómo marchar contra el imperialismo estadounidense al lado del partido que gobierna y normaliza el despojo interno? Un análisis de esa selectividad política y sus implicaciones para la construcción de poder popular autónomo.
Por Kino Balu
El 7 de enero de 2026, once horas después de que más de cien organizaciones acordaran la construcción de un frente nacional, María Mande Trejo lee un boletín de prensa en el Club de Periodistas del Centro Histórico. Su voz no titubea: “El 3 de enero es una fecha de profunda gravedad histórica, no sola para la República Bolivariana de Venezuela, sino para el sistema internacional basado en la legalidad, la justicia y la convivencia pacífica. Ese día Venezuela fue objeto de un ataque armado por parte del gobierno de Estados Unidos que incluyó bombardeo sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y de la primera combatiente, la diputada Silvia Flores.”
El ataque del 3 de enero y la construcción de la jornada antiimperialista
Cuatro días separan el ataque militar estadounidense contra Venezuela de esta rueda de prensa. En ese lapso, organizaciones juveniles, sindicales, campesinas, políticas, colectivos ciudadanos, comités de solidaridad, comunidades indígenas y organismos de derechos humanos construyeron lo que denominan “jornada antiimperialista”. La marcha del 10 de enero —Ángel de la Independencia a Hemiciclo a Juárez, once de la mañana— opera como detonante de un calendario que incluye foros, brigadas, murales, encuentros sectoriales y movilizaciones locales. El documento leído por Mande Trejo identifica la amenaza: “Lo que se viene es el intento de los Estados Unidos de que saquear nuestros recursos y someternos a sus órdenes.”
En la mesa del Club de Periodistas, las y los voceros representan sectores sin enunciar organigramas. La estrategia es deliberada. “Nos aparecemos aquí, no eh incluso es es adrede que no estemos diciendo está el tal grupo, el otro grupo, el otro grupo porque eh este esfuerzo de unidad estamos distintos frentes”, explica Mande Trejo cuando un periodista pregunta por la lista de organizaciones. El modelo organizativo rechaza la representación piramidal: cada sector —sindical, campesino, juvenil, comités de solidaridad— asume la responsabilidad de sus propios contingentes y define sus protocolos de seguridad. “Todos nos vamos a cuidar entre todos la intencionalidad de la marcha y pacífica”, resume la vocera ante una pregunta sobre medidas de protección.
Arturo León Velasco, de la Coordinadora Nacional de Sindicatos en Solidaridad Popular Latina, anuncia el foro del 14 de enero en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. El evento enfocará “la solidaridad entre trabajadores de la región” y contará con la participación digital de Willy Raquel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. La fecha esta calculada: entre la marcha del 10 y el foro del 14 se construye un puente que conecta la movilización callejera con el análisis de clase. “La valoración de la clase trabajadora con respecto a la coyuntura que es deriva de esta agresión imperialista eh de Donald Trump”, precisa León Velasco. El lenguaje —”agresión imperialista”, “clase trabajadora”— no es retórico: identifica al Estado estadounidense como actor de violencia directa y al capitalismo extractivo como sistema de despojo.
Humberto Montes de Oca contextualiza los hechos del 3 de enero dentro de un patrón regional: “No solamente es un problema en Venezuela, es una amenaza para América Latina, es una amenaza para todos los pueblos eh de Colombia, en ese caso también está la amenaza de México, nosotros creemos que no solamente es una agresión militar hacia el pueblo venezolano, sino que las pretensiones de este gobierno estadounidense van más allá.” La construcción sintáctica —”pretensiones del gobierno”— desnuda el carácter territorial de la intervención: no se trata de democracia o derechos humanos, se trata de gas y petróleo. El propio boletín lo enuncia sin eufemismos: apropiación de recursos naturales mediante violencia militar.
Samuel Sánchez, de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre, aporta datos concretos sobre la movilización en Puebla: “El próximo sábado vendrá un contingente de Puebla a participar en la marcha aquí en la Ciudad de México y en Puebla se movilizará un contingente de entre cuatro y cinco mil personas.” Después propone una acción territorial específica: marcha-caravana sobre la autopista México-Puebla-Orizaba. Su intervención conecta la agresión contra Venezuela con la amenaza regional: “Han convertido al mundo en un polvorín y en el cual el Caribe no es la excepción y para nosotros es un asunto de vida o muerte. Así que esta debe ser una lucha contra el imperialismo, contra las agresiones del imperio estadounidense contra los pueblos y países de de América del continente y el Caribe.”
Lo que articula a las más de cien organizaciones reunidas el 5 de enero no es únicamente la demanda de liberación de Maduro y Cilia Flores. El eje central —repetido por distintos voceros durante la rueda de prensa— es detener la política de agresión militar del gobierno de Donald Trump. “Es ahora de que todos los sectores sindicales, campesinos, culturales, todos nos unamos porque hay que detener esta política desenfrenada de agresividad que ya llegó al punto al punto más de ingresar militarmente a un país, de romper una soberanía, de quebrantar eh la la estabilidad de un país”, explica una de las voceras. La formulación es precisa: el ataque del 3 de enero representa un salto cualitativo en la intervención estadounidense. No se trata de sanciones económicas, bloqueos o financiamiento de oposiciones internas. Se trata de bombardeos, destrucción de infraestructura y captura de un jefe de Estado constitucionalmente electo.
Daniela González sitúa la acción mexicana dentro de una coordenada continental: “Esta marcha del día 10 se va a empatar con una acción continental que se está realizando por la central continental de trabajadores para la educación.” El mismo día, movilizaciones en Colombia organizadas por el presidente Gustavo Petro y manifestaciones en Estados Unidos se coordinan con la marcha en la ciudad de México. El modelo organizativo replica la lógica del territorio: cada país, cada estado, cada plaza pública define sus propias formas de acción dentro de un marco común. “Es un llamado a no parar a seguirnos movilizando”, sintetiza González.
Organización sectorial, seguridad y control político de la movilización
Cuando un periodista pregunta sobre grupos que podrían “desviar la atención” o generar violencia, la respuesta evidencia una comprensión táctica del conflicto, aunque también revela tensiones sobre el control del discurso.
Los contingentes marcharán organizados por sectores —sindical, campesino, comités de solidaridad, jóvenes— y cada uno se responsabiliza de sus propias comisiones de seguridad. “Para nosotros es muy importante que no se pierda de vista cuáles son las consignas, cuáles son las demás demandas”, explica una de las voceras.
La formulación plantea una pregunta incómoda: ¿vigilantes de consignas o construcción colectiva de demandas? La preocupación central declarada no es la represión policial sino la infiltración de provocadores que desvíen el eje político: rechazo a la intervención militar estadounidense, defensa de la soberanía regional, liberación de Maduro y Flores.
La distinción entre “provocador” y “disidencia interna” puede resultar difusa en movilizaciones amplias donde convergen sectores con lecturas políticas divergentes no solo sobre el gobierno venezolano sino, sobre todo, ante la tibieza del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Una de las voceras mencionó el caso de Palestina durante la rueda de prensa —”Recordemos que tenemos ahí el tema de esta política de exterminio en Gaza, en Palestina”— pero evitó señalar que el gobierno mexicano ha mantenido una posición muy moderada frente al genocidio israelí.
El riesgo del frente amplio es precisamente ese: privilegiar la unidad de acción sobre el debate político puede derivar en homogeneización forzada de posiciones que, en la práctica, no son idénticas. La tensión quedó expuesta cuando los voceros reconocieron que “el gobierno mantiene una relación digamos diplomática hacia esta situación, pues se respetará”, pero sin explicar cómo se respeta esa posición oficial mientras se presiona desde la calle por una condena más contundente.
La estrategia de comunicación también opera por capas. Durante la rueda de prensa se anuncia la elaboración de un “comunicado o declaración política que exprese el sentimiento de todas las organizaciones participantes”. El documento circulará “el mismo o a más tardar mañana”, según Montes de Oca, quien aclara: “La exigencia es que que sí actuemos todos por la liberación de Maduro, por la liberación de Cilia y que pongamos un alto a esa política agresiva de Estados Unidos.” La secuencia es reveladora: primero aparece la exigencia de frenar la política de agresión, después la liberación de los detenidos. El orden no es accidental. Las organizaciones entienden que el secuestro de Maduro y Flores es consecuencia de una política sistemática de intervención militar que debe ser detenida.
Morena, selectividad de las luchas y límites del antiimperialismo institucional
Un detalle revela la estructura que pretende el frente, pero también sus contradicciones: el Frente Nacional de Defensa de la Soberanía reactiva los comités que se formaron durante la defensa de la soberanía energética. La Institución de Formación Política del Partido Morena activa sus propios comités con brigadeos informativos en plazas públicas.
La presencia de Morena en este frente antiimperialista expone una selectividad política que merece escrutinio.
El mismo partido que moviliza sus estructuras para denunciar la agresión estadounidense contra Venezuela mantiene una distancia calculada de las movilizaciones contra la gentrificación en la Ciudad de México, guarda silencio ante las demandas de justicia por Ayotzinapa que cumplen una década sin respuesta del Estado, y evita pronunciarse sobre el incumplimiento de las promesas que Sheinbaum hizo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación durante su campaña presidencial: la extinción de las Afores y el sistema de jubilaciones dignas.
No hay fusión organizativa sino coordinación táctica, se afirmo durante la conferencia. Cada estructura mantiene su autonomía. Pero la autonomía se vuelve clientelismo cuando un partido en el poder selecciona cuáles luchas merecen su infraestructura organizativa y cuáles no.
La pregunta incómoda es si Morena defiende la soberanía venezolana por convicción antiimperialista o porque la agresión de Trump le permite construir capital político sin costo interno. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar: la intervención militar en Venezuela hoy puede justificar mañana la intervención en cualquier gobierno latinoamericano que dispute el control de sus recursos. Pero esa lectura geopolítica requiere coherencia. Morena moviliza para Venezuela mientras su gobierno permite del despojo a familias de barrios populares convertidos en mercancía turística, mientras mantiene en la impunidad el caso Ayotzinapa, mientras archiva las promesas de campaña que garantizaban jubilaciones dignas al magisterio.
María M. Trejo sintetiza durante la rueda de prensa: “Ponerle un freno al imperio por la defensa de la soberanía de nuestros países.” La frase es impecable. Lo que no dice es por qué ese freno solo funciona cuando la amenaza está a cinco mil kilómetros de distancia y no cuando opera dentro del propio territorio. La sospecha es que Morena no construye poder popular: lo administra electoralmente.
Otra vocera contextualiza la movilización dentro de un patrón más amplio de violencia estatal estadounidense: “Es muy importante remarcar que es la hora de que todas las voces nos unamos, hagamos uso de la libertad de manifestación porque hay que detener la política de agresión de Estados Unidos, no solamente eh es el ataque a Venezuela. Recordemos que tenemos ahí el tema de este este política de exterminio en casa, en Palestina. Recordemos que tenemos hermanos migrantes del Estados Unidos y Estados Unidos padeciendo estas políticas de represión.” La construcción discursiva vincula tres escenarios de violencia: bombardeos en Venezuela, genocidio en Gaza, criminalización de migrantes. El denominador común es la política exterior del gobierno de Trump.
Un periodista pregunta sobre demandas específicas al gobierno mexicano. La respuesta expone las tensiones del frente: “Del gobierno, si el gobierno mantiene una una relación digamos diplomática hacia esta situación, pues se respetará, pero la exigencia es que que sí actuemos todos por la liberación de Maduro, por la liberación de Cilia y que pongamos un alto a esa política agresiva de Estados Unidos.” Las organizaciones reconocen que el gobierno mexicano mantiene canales diplomáticos con Washington, pero la movilización popular no se subordina a esa diplomacia. La agenda de lucha se debe construir desde la calle, no desde las cancillerías y cómodas oficinas.
Frente amplio, movilización continental y disputa por la soberanía
La rueda de prensa concluye con consignas: “Alerta, alerta, alerta que camina. La espada de Bolívar por América Latina. Y fuera ya de América Latina. Fuera.” El uso del bolivarianismo es un intento que vincula la intervención militar del 3 de enero de 2026 con doscientos años de injerencia estadounidense en la región. Las organizaciones convocantes no solicitan diálogo con el gobierno de Estados Unidos ni proponen comisiones de mediación. Exigen cese de agresión y liberación inmediata.
El mecanismo jurídico que las organizaciones buscan activar está enunciado en el propio boletín de prensa: violación del sistema internacional basado en la legalidad y la convivencia pacífica.
La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. El secuestro de un jefe de Estado constituye violación directa del principio de no intervención consagrado en el derecho internacional.
La apelación al derecho internacional es comprensible pero ingenua: ese mismo marco normativo no impidió la invasión de Irak en 2003, no detuvo los bombardeos de la OTAN sobre Libia en 2011, no frenó la ocupación israelí de Palestina durante 76 años.
La ONU y sus instrumentos jurídicos han funcionado sistemáticamente como legitimadores del poder imperial, no como frenos. Cuando Estados Unidos viola la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad guarda silencio o veta cualquier condena.
La marcha del 10 de enero no busca presionar al gobierno mexicano para que emita una declaración en la ONU, ejercicio retórico que no modificaría la correlación de fuerzas. Busca construir un frente continental capaz de hacer políticamente costosa la ocupación militar de Venezuela.
El problema es que esa construcción de poder popular requiere capacidad material de presión, no solo legitimidad discursiva. Y ahí radica la debilidad de este tipo de movilizaciones: sin coordinación con movimientos dentro de Estados Unidos capaces de neutralizar la maquinaria bélica desde adentro, sin estrategias de boicot económico concretas, sin mecanismos de solidaridad material más allá de las consignas, la movilización corre el riesgo de convertirse en testimonio moral sin consecuencias políticas efectivas.
La agenda mínima está establecida: retiro inmediato de fuerzas militares estadounidenses del territorio venezolano, liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, reparación de daños a infraestructura y compensación a víctimas civiles, garantía de no repetición mediante desmantelamiento de la política de intervención militar.
Las organizaciones no proponen negociación sino rendición de cuentas. El modelo no es la mesa de diálogo sino la movilización sostenida. La radicalidad del planteamiento choca con la ausencia de estrategia material para forzar esa rendición de cuentas, pero también con una contradicción organizativa más profunda: la presencia de Morena no fortalece un movimiento autónomo, lo contamina.
Para quienes llevan años manifestándose por Ayotzinapa sin que el gobierno entregue la verdad histórica completa, para las familias de desaparecidos que siguen buscando sin apoyo estatal efectivo, para los vecinos desplazados por la gentrificación que avanza con permisos gubernamentales, para los maestros de la CNTE traicionados en sus demandas de jubilación digna, encontrarse el 10 de enero con banderas de Morena, pancartas de AMLO y lonas de Sheinbaum no será movilizador: será desmoralizador.
¿Cómo marchar contra el imperialismo estadounidense al lado de las estructuras del partido que gobierna y que ha normalizado el incumplimiento sistemático de sus propias promesas? La presencia de Morena no construye autonomía popular: la fagocita. Convierte la indignación genuina ante la agresión militar contra Venezuela en un acto de legitimación para un gobierno que, en lo doméstico, administra el despojo con rostro progresista.
Lo que está en juego, según el análisis de los convocantes, no es únicamente la soberanía venezolana sino la viabilidad de cualquier proyecto político latinoamericano que dispute el control de sus recursos naturales al capital estadounidense. El diagnóstico es correcto. El ataque del 3 de enero no es una anomalía del gobierno de Trump: es la expresión desnuda de una lógica imperial que opera desde hace dos siglos.
Pero los convocantes proponen detener esa lógica mediante construcción de poder popular transnacional sin explicar cómo una marcha en la Ciudad de México, un foro en el SME y brigadas informativas en Puebla modifican la correlación de fuerzas que permite a Estados Unidos bombardear un país soberano, secuestrar a su presidente y amenazar con una segunda intervención.
La brecha entre retórica y capacidad real es abismal. No basta movilizarse si la acción carece de instrumentos de presión efectivos: bloqueos a empresas estadounidenses operando en territorio mexicano, sabotaje a cadenas de suministro militar, coordinación con movimientos sindicales dentro de Estados Unidos capaces de paralizar puertos o centros logísticos.
Sin esos mecanismos, la jornada antiimperialista corre el riesgo de convertirse en catarsis colectiva: necesaria para la dignidad, insuficiente para la victoria. El imperio no se detiene con consignas. Se detiene cuando atacarlo resulta más costoso que negociar. Y para ello, Morena no solo no ayuda: obstaculiza.
Este partido no busca construir poder popular capaz de enfrentar al imperialismo. No moviliza sus estructuras por las demandas cotidianas: justicia para Ayotzinapa, aparición con vida de los más de 100,000 desaparecidos, freno a la gentrificación que expulsa familias de sus barrios, cumplimiento de las promesas de jubilación digna para el magisterio.
Morena activa su maquinaria únicamente cuando percibe su hegemonía bajo amenaza, no cuando el despojo opera dentro de las fronteras que administra. La selectividad es reveladora: la soberanía venezolana merece movilización masiva, la soberanía territorial de las comunidades desplazadas por megaproyectos turísticos merece, en el mejor de los casos, retórica institucional. Un movimiento verdaderamente antiimperialista no puede construirse sobre esa contradicción.
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