Este artículo complementa el episodio de nuestro podcast, donde profundizamos en los testimonios directos de César Cota Tórtola, Mario Quintero, Román Sosa Miñón y las defensoras de Eloxochitlán.

Pueblos originarios de México enfrentan una violencia que ya no viene solo del Estado-nación, sino de un “estado global corporativo” que usa leyes, consultas oficiales y hasta “planes de justicia” como instrumentos de despojo territorial. Frente a la Suprema Corte de Justicia, César Cota Tórtola, capitán de la tribu yaqui, confronta a Hugo Aguilar Morales, presidente del máximo tribunal, quien participó en el diseño del Plan de Justicia de López Obrador que los yaquis llaman “plan de injusticia”. Mientras el Acueducto Independencia sigue trasvasando agua del río Yaqui, comunidades chontales son sentenciadas a 15 años de prisión por defender sus tierras, y mujeres mazatecas sostienen plantones de años frente al olvido institucional. Esta es la crónica de la Caravana de los Pueblos en Resistencia, donde las voces traen el territorio a la ciudad y desmontan el discurso oficial que presenta como “justicia” lo que es despojo con acta notarial.

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Por Kino Balu

Ciudad de México, octubre de 2025.

El Plantón Frente a la Suprema Corte: Donde las Voces Traen el Territorio

El enemigo que mutó: estado global corporativo

Frente a la Suprema Corte de Justicia, se levanta un plantón que vive con el movimiento de territorios. Las voces que se escucharon aquí vienen de donde el río Yaqui ya no corre, de donde las tierras chontales fueron convertidas en papel judicial, de donde el viento del Istmo mueve turbinas que nadie pidió, de donde las mujeres de Eloxochitlán sostuvieron dos años y medio de resistencia frente al olvido institucional.

César Cota Tórtola: “La verdad siempre triunfa”

César Cota Tórtola, capitán de la tribu Yaqui, toma el micrófono con manos que conocen la tierra seca. Sus palabras no piden permiso para existir: “La verdad siempre triunfa y la mentira no. La mentira se acaba y así es el gobierno. Promesas y promesas muchas veces no cumplen.” César está nombrando lo que sus ojos han visto: cómo las instituciones mexicanas se volvieron instrumentos de algo más grande, más complejo, más letal que un simple gobierno traicionero.

Esta es la história de cómo los pueblos originarios de México están enfrentando una violencia que ya no viene solo del Estado-nación. Es la historia de un enemigo que mutó: el “estado global corporativo” que usa las leyes, las consultas oficiales, los decretos presidenciales y hasta los “planes de justicia” como instrumentos para vaciar los territorios donde se enecientra el ochenta por ciento de la biodiversidad del planeta.

Un Engendro de Muchas Cabezas

Cuando el Gobierno Se Vuelve Traductor del Despojo

Mario Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, lo dice claro: “El adversario no es únicamente el gobierno federal mexicano, sino un estado global corporativo que utiliza las normativas y estructuras de los estados-nación para facilitar el despojo.”

Es el Acueducto Independencia que sigue trasvasando agua del río Yaqui mientras Hermosillo crece y el territorio ancestral se desertifica. Es el gasoducto que cruza tierras sin permiso real y legítimo. Es el parque eólico donde antes había milpa. Es el Tren Maya que parte la selva como cuchillo que no pregunta.

Lo que César Cota Tórtola llama “plan de injusticia” tiene un diseño puntual. En 2013, la Suprema Corte ordenó hacer una consulta a la tribu Yaqui sobre el Acueducto Independencia. Si el estudio mostraba daños, el acueducto debía desmantelarse. Esa sentencia está archivada en algún expediente. El agua sigue siendo robada.

Llegó López Obrador con su “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui”. César recuerda la reunión con Hugo Aguilar, quien entonces trabajaba en el INPI asesorando ese plan, y ahora preside la Suprema Corte: “Él sabe muy bien de mí y de nosotros, de la tribu yaqui. Él fue el que participó en ese plan de justicia que trajo López Obrador.”

¿Qué trajo ese plan? Tierras en los cerros, lejos de los límites históricos yaquis. Tierras sin agua. Como dice César con una ironía que corta: “Nos está dando arriba los cerros. Y sobre todo también mencionó el agua que nos dotó, el agua que nos dotó 600,000 metros cúbicos para regar 18,000 hectáreas. Pero yo le dije y no me dejan mentir mis compañeros: eso está en papel, en papel lo entregaron ustedes, pero en realidad no hay agua en la presa.”

Mientras tanto, el Acueducto Independencia sigue funcionando. El gobierno dice que cumplió. El río sigue seco.

La Biodiversidad Como Botín Global

80% de la biodiversidad planetaria en territorios indígenas  

Los territorios de los pueblos originarios resguardan más del ochenta por ciento de la biodiversidad planetaria. Ese dato aparece una y otra vez en los documentos de la Caravana por el Clima y la Vida, la movilización continental que arrancó el 4 de octubre y seguirá hasta Brasil, hasta la cumbre climática de la ONU número treinta.

Mario Quintero lo explica después de salir de la reunión con Hugo Aguilar: “No es una pelea nada más de un terreno o hay un proyecto, no. Es la vida misma lo que está en juego. Es el agua, son los bosques, son las selvas manantiales, son los ríos, son las plantas, son los animales.”

El estado global corporativo necesita esos territorios precisamente porque los pueblos originarios los mantuvieron vivos durante milenios. Necesita el agua, los minerales, las tierras fértiles, el viento para convertirlo en megavatios. Necesita que las comunidades se vayan o se conviertan en mano de obra barata para sus propios despojos.

Por eso los megaproyectos nunca vienen solos. Son corredores: el tren necesita la energía, la energía necesita el gasoducto, el gasoducto necesita las carreteras, las carreteras necesitan el agua, el agua necesita quitársela a alguien. Ese alguien siempre habla lenguas ancestrales.

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¿Qué encontrarás en el podcast?

Testimonio de César Cota Tórtola

Voces de Román Sosa Miñón, Argelia Betanzos y Alejandra Martínez

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Las Tres Caras de la Violencia

Primera Cara: La Violencia Que Llega Disfrazada de Legalidad

La consulta que no consulta nada es quizás el arma más refinada del estado global corporativo. Tiene todos los sellos oficiales. Parece democracia. Es despojo con acta notarial.

Mario Quintero cuenta la historia del Proyecto Eólico del Sur en el Istmo de Tehuantepec. La consulta duró ocho meses. Parecía seria. Pero llegaban autobuses con gente acarreada, había amenazas, hostigamiento. “Empresarios que acarrearon gente, que amenazaron gente, que hostigaron gente para decir que sí a favor de esa consulta.”

Mil doscientas sesenta personas de la comunidad zapoteca de Juchitán firmaron un amparo contra esa consulta amañada. El amparo llegó hasta la Suprema Corte. El ministro José Ramón Coello, que venía del área de derechos humanos—esa ironía duele—, falló a favor de la consulta fraudulenta.

Ese fallo se volvió precedente. Se volvió jurisprudencia. Ahora se usa para legitimar otras consultas que no consultan.

La lógica es cristalina en su brutalidad: “La consulta no busca el consentimiento, la consulta busca la manera de negociar el sí”, dice Quintero. “Es un sí o un sí, no aceptan un no por respuesta. Si una consulta dice ‘No’, no lo aceptan, la vuelven a hacer, buscan cómo volver a reponer el procedimiento.”

Con López Obrador esto se volvió caricatura. La “consulta” sobre el Tren Maya y otros megaproyectos fue una boleta con palomitas: “Apoyo a adultos mayores, sí. Apoyo a becas, sí. ¿Tren Maya? Check.” Luego el presidente salió a decir en la mañanera: “El pueblo ya consultó al pueblo.”

El pueblo Yaqui sigue esperando la consulta que ordenó la Suprema Corte en 2013. César Cota Tórtola aclara: “Esa consulta desde que llegó López Obrador, desde que llegó el INPI, lo cancelaron, o sea, no lo cancelaron, sino lo dejaron al último. Fueron testigos mis compañeros que la misma autoridad no quiso la consulta hasta arreglar el plan de justicia.”

Primero reciban las tierras sin agua, luego hablamos. Mientras el acueducto siga funcionando.

Segunda Cara: Los “Planes de Justicia” Que Traen Más Injusticia

El lenguaje del estado global corporativo es sofisticado. Ya no dice “despojo”. Dice “plan de justicia”. Ya no dice “desplazamiento”. Dice “reubicación”. Ya no dice “explotación”. Dice “desarrollo sustentable”.

Para la tribu Yaqui, el Plan de Justicia de López Obrador llegó con banda de música institucional y discurso de reivindicación histórica. César Cota Tórtola lo resume en una frase que es diagnóstico completo: “A nosotros es un plan de injusticia.”

Veamos la trampa. El gobierno dice: “Les damos más tierras a cada uno de los ocho pueblos yaquis.” Suena bien hasta que César pregunta: “Nos dio tierras adentro, o sea, los agostaderos que no tienen tierra, que no tienen agua. ¿Para qué queremos tierras agostaderos puros cerros y no está en nuestros límites?”

Las tierras que históricamente la tribu ha reclamado—la cuchilla de Bahía de Lobos, las dos isletas, Loma de Baco, Lomo de Guamoche—siguen invadidas. Esas no las tocan. Dan cerros.

Luego está el agua. El decreto promete 600,000 metros cúbicos en la presa Álvaro Obregón. César lo dice frente a Hugo Aguilar: “Eso está en papel, en papel lo entregaron ustedes, pero en realidad no hay agua en la presa.”

El decreto de López Obrador intenta reemplazar el decreto de Lázaro Cárdenas de 1937, que otorgaba derechos sobre el agua “río arriba en la Angostura”, la primera presa. Ese derecho histórico es el que permitiría realmente detener el Acueducto Independencia. Por eso el nuevo decreto lo ignora y dota “río abajo”, donde ya no hay nada.

Mientras tanto, prometieron infraestructura: el Acueducto Yaqui, los laterales del distrito de riego 018. César: “Hubo muchos millones, pero tirado a la basura. El acueducto Yaqui no funciona como él dijo también. Y el 018, los laterales que hicieron también no funcionan.”

Plan de Justicia: papel que promete agua que no llega, tierras sin agua en cerros que nadie pidió, infraestructura que no funciona, mientras el acueducto que sí funciona sigue vaciando el río. A eso se le llama en el lenguaje oficial: “saldar la deuda histórica con los pueblos originarios.”

Tercera Cara: Cuando la Justicia Criminaliza a las Víctimas

Román Sosa Miñón, de la comunidad chontal de El Coyul en Oaxaca, toma turno con la rabia contenida de quien ha visto cómo el poder judicial convierte víctimas en criminales: “Mi pueblo ahorita sufre una sentencia de 15 años de prisión por un narcotraficante llamado Ricardo López.”

La historia es de una crueldad kafkiana. Un narcotraficante intenta despojar tierras chontales. La comunidad se defiende. El narcotraficante se pasa por víctima. La Agencia del Ministerio Público de Salinas Cruz y el juez de Salinas Cruz encuentran culpables a los comuneros. Román lo dice claro: “La estrategia aquí fue pasarse por víctimas cuando son los que están despojando.”

Pero el castigo no termina en quince años de prisión: “Aparte de la sentencia nos obligan a pagar 55 millones de pesos que nunca lo vamos a conocer y aparte hay que pagar 90,000 pesos por cada sentenciado.” Y como si fuera poco: “Todavía le dan una medida cautelar en el cual el narcotraficante es cuidado, es protegido por la justicia. Y los que somos las víctimas somos los que somos delincuentes.”

Elvia Pérez Sánchez, una de las sentenciadas, agradece con la dignidad de quien no ha sido quebrado: “Yo agradezco a todos los medios de comunicación, los medios libres. Gracias por estar ahí con sus apoyos.”

Este 30 de octubre tienen audiencia de cinco días. Pueden quedar exonerados o ir a prisión. Román: “Vamos a seguir levantando la voz, aún a costa de nuestra propia vida.”

Hugo Aguilar, en la reunión en la Suprema Corte, les dijo: “Nadie es más dueño de esas tierras que los chontales.” Román lo repite con algo parecido a la esperanza: “Reconoció que el pueblo chontal ha existido desde mucho tiempo y nadie puede ser dueño de esas tierras más que ellos.”

Pero como dice después con realismo: “Es muy bueno tener a unos tipos de personas, pero no nos vamos a quedar con las promesas, porque las promesas a veces no se cumplen. Y los políticos así son, promesas, pero nunca cumplen.”

El caso de Eloxochitlán de Flores Magón añade otra capa de violencia institucional. Argelia Betanzos y Alejandra Martínez hablan del plantón de dos años y medio que sostuvieron frente al Consejo de la Judicatura. Hugo Aguilar fue a verlas entonces, se conmovió, intentó vincularlas con el INPI y Adelfo Regino. No pasó nada. Adelfo estaba vinculado con Elisa Zepeda, la diputada de Morena que las acusa.

Argelia le dice a Hugo Aguilar en la reunión: “Esta reunión para el caso de Eloxochitlán no es suficiente. Porque usted solamente ha escuchado la versión de Elisa. Ahora necesita escuchar la versión de Eloxochitlán. Porque esto nunca se va a acabar si usted no conoce la verdad.”

Tienen veinte amparos en Boca del Río, Veracruz. Ya los habían ganado en 2015. El Poder Judicial de Oaxaca los “echó al bote de la basura”, dice Argelia. Diez años después están intentando ganar otra vez los mismos amparos.

Y está Miguel Peralta, compañero de Eloxochitlán, preso. El primer tribunal colegiado de materia penal en Oaxaca tiene en sus manos devolverle la libertad. Argelia, desde el plantón frente a la Suprema Corte, exige: “Tienen todo en sus manos y que determinen la libertad para Miguel Peralta.”

Se escucharon voces que respondieron seguido de la intervención de las compañeras mazatecas:

“¿Qué pedimos para Miguel Peralta? ¡Libertad!”

Cuarta Cara: El Derecho Convertido en Deuda Impagable

Onésima Santiago viene de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec. Su lucha parece distinta pero es la misma violencia sistémica con otro disfraz: “Nosotros estamos luchando contra las altas tarifas de la energía eléctrica y luchando para que se nos reconozca la luz eléctrica como un derecho humano.”

Las comunidades llevan diez, quince, veinte, treinta años sin poder pagar luz. Los adeudos superan el millón de pesos. La Comisión Federal de Electricidad corta el servicio. Las familias hacen amparos. Los jueces dicen: “Está bien, no le van a cortar la luz.” Pero la deuda sigue creciendo, impagable, como espada sobre la cabeza.

Mario Quintero explica el círculo vicioso: “Los jueces dicen, Está bien, no le van a cortar la luz, pero los adeudos exorbitantes se mantienen como una medida de cambio para que se pueda sufragar ese adeudo.’” Los amparos no resuelven el fondo, solo lo superficial. El derecho a la energía eléctrica como derecho humano no está reconocido en la Constitución. Sin ese reconocimiento, las comunidades quedan atrapadas entre el corte y la deuda eterna.

Presentaron una iniciativa: agregar un octavo párrafo al artículo cuarto constitucional reconociendo la energía eléctrica como derecho humano fundamental. La iniciativa duerme en algún escritorio legislativo. Los adeudos siguen creciendo.

Cuando La Caravana Tuvo Que Transformarse

La Caravana por el Clima y la Vida se convocó para octubre de 2025 con un plan ambicioso: recorrer del 2 al 10 de octubre desde Ciudad de México hasta Pótam en Sonora, territorio yaqui, y Zirahuén en Michoacán, territorio purépecha. Luego cruzar a Guatemala el 11 de octubre, recorrer Centroamérica, viajar a Colombia, llegar a Brasil para la cumbre climática de la ONU número 30 que se celebra del 10 al 21 de noviembre.

El lema era claro: “Los pueblos tenemos nuestro informe, nuestros planes de justicia y vida comunitaria.”

Pero la violencia en los territorios se intensificó. Enfrentamientos del crimen organizado, militarización, represión estatal. La caravana tuvo que mutar para proteger la vida de los participantes.

De caravana se convirtió en Misión Civil de Observación de Derechos Humanos. El nuevo objetivo: documentar, visibilizar y sistematizar las violencias sistémicas que enfrentan las comunidades. Crear una herramienta colectiva de denuncia, memoria y protección.

Las fechas se ajustaron: 3 al 5 de octubre en territorio Yaqui, Sonora. 6 al 8 en territorio Purépecha, Michoacán. 9 y 10 en Ciudad de México-Tenochtitlan.

Mario Quintero lo explica: “Debido a la intensificación de la violencia estructural, incluyendo enfrentamientos del crimen organizado, militarización y represión estatal, el formato de la caravana fue modificado para resguardar la integridad de los participantes.”

Esta adaptación lleva un mensaje: “La dignidad no se posterga, se transforma.” Y otro más contundente: “La autonomía de los pueblos no se consulta: se ejerce.”

El 10 de octubre presentaron una queja colectiva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Javier, del colectivo La Otra Justicia, explica: “Se hizo el acto protocolario de entrega de la queja, se ingresó, se nos asignó un folio. Tuvimos una mesa de trabajo y primer acercamiento con estos representantes.”

Solicitaron informes a las autoridades responsables. Solicitaron visitas in situ a cada comunidad. Es la primera vez que se presenta una queja colectiva de esta naturaleza.

Javier aclara: “Es contra autoridades federales, por ello es competente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también es contra gobiernos estatales municipales. Y la queja en primer sentido es contra la libre autodeterminación de los pueblos, su autonomía, su autogobierno, pero vienen también ciertos diversos derechos: el derecho a la vida, a la seguridad física, a la alimentación, a la salud, a la educación.”

Lo que se está viendo en esa queja colectiva, dice Mario Quintero, es “la violencia a la libre determinación de las comunidades indígenas en el marco de dos procesos muy concretos: la imposición de los procesos de consulta y la imposición de estos procesos de planes de justicia.”

El Día Que Entraron a la Suprema Corte

La delegación entra a la Suprema Corte cerca del mediodía. Para César Cota Tórtola es la primera vez: “Como lo dije allá dentro, en la situación de nosotros, es muy grave. Allá adentro, pues claro que no le dije todo lo que yo llevaba, lo que traigo. Porque hay que respetar también esa institución.”

Hugo Aguilar los recibe. Reconoce a César como luchador. César lo reconoce a él: “Él sabe muy bien de mí y de nosotros, de la tribu yaqui, ya que él fue él que participó en ese plan de justicia que trajo López Obrador.”

Es un encuentro tenso de memorias. Hugo Aguilar estuvo del lado del Plan de Justicia. César del lado de quienes lo recibieron como injusticia. Ahora Hugo preside la Suprema Corte. César sigue luchando por el agua que no llega.

En la reunión se habla de las sentencias ganadas: el Acueducto Independencia, los derechos de agua, el acuífero norte de Hermosillo. Hugo Aguilar dice que el acueducto “ya está suspendido para siempre”. Los derechos de agua “están en veremos”. La consulta sobre el Acueducto Independencia “sí se tiene que hacer”.

César sale con algo parecido a la cautela: “Esperemos que cumpla esa consulta porque depende de allí la solución de nuestras aguas. Tenemos todas las pruebas, todos los documentos para que se haga justicia. Justicia verdadera y que nuestro río corra.”

Pero también sale con claridad sobre los límites de esa reunión: “Se puede decir cosas la Suprema Corte, pero no tenemos un escrito que nos avala lo que él dijo. Por lo pronto, no porque nos haya recibido bien él va a tomar asuntos de lo que él le compete.”

Y la advertencia final: “No por eso me voy a callar. No por eso a donde vamos a ir a esa caravana mesoamericana, no porque nos haya recibido bien, vamos a quedarnos a medio camino. Esto tiene que seguir hasta llegar a nuestros objetivos porque es la lucha la que nos va a llevar al éxito.”

Para Román Sosa Miñón y el pueblo chontal, Hugo Aguilar reconoció lo fundamental: que el pueblo chontal existe desde mucho tiempo y nadie más puede ser dueño de esas tierras. Los canalizó a una dependencia que puede ayudar. Pero Román no suelta el escepticismo: “Es muy bueno tener a unos tipos de personas, pero no nos vamos a quedar con las promesas.”

Para Argelia Betanzos y las mujeres de Eloxochitlán, Hugo Aguilar se comprometió a escuchar el caso jurídico completo y a canalizarlas al Tribunal de Disciplina Judicial que supervisa a los jueces federales. Veinte amparos esperan en Boca del Río, Veracruz. Ya los habían ganado. Los echaron a la basura. Ahora los vuelven a pelear.

Argelia exige desde el micrófono, frente a la Suprema Corte: “En estos momentos desde este lugar, exijo al primer tribunal colegiado que resuelvan ya, tienen todo en sus manos y que determinen la libertad para Miguel Peralta.”

Lo Que Se Comparte Entre Todos Los Despojos

Después de escuchar todas las voces, Mario Quintero hace un resúmen que duele: “Si algo compartimos desde la región del Istmo de Tehuantepec con nuestros hermanos de la tribu Yaqui, fueron los primeros procesos de consulta en el país en materia de proyecto de desarrollo. En ambos casos fueron hechos por la Secretaría de Energía.”

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con todo su presupuesto, movilizó sectores pro-proyectos, acarreó gente, legitimó despojos. Las dos consultas—Proyecto Eólico del Sur y Gasoducto El Oro-Guayas—fueron manipuladas. Ambas se convirtieron en jurisprudencia que ahora se usa contra otras comunidades.

Mario identifica el patrón: “Las consultas no consultaban a las comunidades, consultaban a los agentes, a los presidentes municipales, comisariados.”

Y luego está la otra fuente de conflicto sistemático: los recursos municipales, ramos 28 y 33. Mario lo dice sin rodeos: “La adjudicación directa de recursos a agencias municipales es una fuente constante de conflicto intercomunitario. Los ayuntamientos son acusados de utilizar estos fondos como una caja chica para financiar campañas electorales y agendas políticas.”

Hugo Aguilar les comentó que próximamente habrá fallos sobre esto, que estén atentos a cómo esas jurisprudencias pueden beneficiar a las comunidades que se amparan ante el Tribunal Indígena o el Instituto Electoral de Participación Ciudadana para ejercer directamente sus recursos.

Pero lo fundamental, lo que atraviesa todos los casos, Mario lo dice: “Este tema es sistémico. No es México, no es la 4T del gobierno federal, es el estado global corporativo que está instrumentalizando estos procesos de despojo a través de la regulación de las normas de los estados para que se doblen todo lo poco que queda del marco de derechos humanos y de las formas de defenderse de las comunidades indígenas.”

Los últimos reductos legales son algunos artículos de la Ley Agraria, algunas herramientas en la Ley de Amparo. Con eso, muchas comunidades han podido defender territorios frente a megaproyectos. Pero esos artículos están bajo ataque constante. La reforma a la Ley de Amparo que se discute amenaza incluso esas herramientas mínimas.

La Lucha Que No Se Detiene

César Cota Tórtola, antes de soltar el micrófono, deja clara la ruta: “Esto no se acaba aquí, compañeros. Estoy hablando de todos los que nos están apoyando ahora. Esto no se queda así, no se va a quedar así. Esto tiene que seguir hasta llegar a las últimas consecuencias a como está planeado.”

Mario Quintero cierra agradeciendo al Sindicato Mexicano de Electricistas que dio energía al plantón, a las colectividades del CCH que apoyaron con alimentación, al sindicato de la UNAM que solidarizó con víveres, a la Red Nacional de Organismos Civiles que ayudó con documentos y seguridad durante el recorrido.

Y lanza la última reflexión que es diagnóstico y promesa: “Las comunidades indígenas siguen siendo blanco y objeto de una violencia sistémica porque son quienes resguardan más del ochenta por ciento de la biodiversidad que se mantiene en el planeta. Entonces, no es una pelea nada más de un terreno o hay un proyecto, no. Es la vida misma lo que está en juego. Es el agua, son los bosques, son las selvas manantiales, son los ríos, son las plantas, son los animales.”

Y luego desmonta la narrativa que criminaliza la resistencia: “Luego dicen en la red ´Es que nada más quieren dinero, es que nada más quieren una calle´. Eso es lo mínimo y es la deuda histórica del Estado Mexicano. Porque con ellos teniendo cubierta sus necesidades básicas, el río estaría lleno de vida y floreciendo. Las selvas estarían reverdeciendo y no estarían siendo deforestadas por programas como Sembrando Vida. Todos los ríos contaminados estarían siendo recuperados.”

Pero no es así. Mario lo dice sin anestesia: “El Estado margina y obliga a las comunidades a tener que sobrevivir día a día con una cotidianidad—yo creo que todos compartimos—que la violencia por esta necrópolis del narcoestado mexicano y la disputa entre grupos del crimen organizado nos puede costar la vida simple y llanamente por salir a trabajar un día cualquiera.”

La caravana sigue. Cruzaran por Guatemala. Luego todo Centroamérica. Colombia. Brasil en noviembre para la cumbre climática. Llevan el informe que los pueblos tienen, sus propios planes de justicia y vida comunitaria.

Román Sosa Miñón lo resume en una frase que es declaración de guerra pacífica: “Seguimos luchando, vamos a seguir levantando la voz, aún a costa de nuestra propia vida.”

Argelia Betanzos agradece a quienes sostuvieron el plantón: “A quienes han puesto su cuerpo en este plantón, a quienes están ocupando una silla, a quienes cocinaron los pececitos, a quienes trajeron las croquetas de papa, a quienes pusieron este techado, a quienes instalaron el sonido, a quienes barrieron, a los compañeros que pusieron tarima esa noche para que durmiéramos acá. Porque todo este esfuerzo es lo que logra que estas autoridades nos escuchen.”

“Ahorita no corre nada de agua. Nuestro río no corre agua.” —César Cota Tórtola, sobre la sequía que atraviesa su comunidad.

Y esa verdad es la que sostiene la lucha. No las promesas de Hugo Aguilar ni de ningún ministro. No los decretos presidenciales ni los planes de justicia. No las consultas ni las audiencias en la Suprema Corte.

La verdad del río que no corre. La verdad de las tierras sin agua. La verdad de los amparos que se ganan y se echan a la basura. La verdad de las decenas de años de prisión por defender lo propio. La verdad de los plantones de dos años y medio. La verdad de los adeudos de luz que nunca se pueden pagar. La verdad de Miguel Peralta preso. La verdad del agua trasvasada mientras Hermosillo crece y el territorio yaqui se seca.

Esa verdad es la que triunfa, dice César. Aunque tarde. Aunque cueste. Aunque el camino sea hasta Brasil y más allá.

Porque como gritaron todas y todos juntos frente a la Suprema Corte cuando se les preguntó qué pedían para Miguel Peralta, qué pedían para El Coyul, qué pedían para los pueblos yaquis, purépechas y del istmo:

“¡Justicia! ¡Libertad!”

Y esa es la única consulta que importa.

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