Crónica desde la Secretaría de Gobernación, donde colectivos, brigadistas y mujeres Otomíes en Resistencia y Rebeldía exigen el cese al acoso contra las comunidades de Guerrero y la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo, dirigente del CIPOG-EZ, frente a la criminalización de Estado.
Detención de Jesús Plácido Galindo — Para Radio Huaya – El Giro de la Rueda
EL HIJO DE LA LLUVIA EN LA MÁQUINA DE HACER CULPABLES: EL ESTADO CONTRA JESÚS PLÁCIDO GALINDO
Por Kino Balu
Bucareli no es solo una avenida vial en la Ciudad de México; es la trinchera histórica donde las fracturas institucionales del país vienen a supurar. Minutos antes de las cuatro de la tarde de este lunes 20 de julio de 2026, el ambiente en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación era de una tensa espera. Un sol radiante caía sobre los rostros de los manifestantes que buscaban sombra, brigadistas, colectivos, mujeres Otomíes en Resistencia y Rebeldía y familiares que comenzaron a congregarse frente al hermetismo del poder federal.
Bajo esa luz intensa y castigadora, las mantas colgadas de la rejas de gobernación exigiendo el cese al acoso contra las comunidades de Guerrero y demandando la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo se levantaban firmes, innegociables. Las lonas naranjas y rojas con la leyenda —“¡Alto al acoso y la represión contra los pueblos, presos políticos libertad!”— brillaban con fuerza en medio de la tarde. Las voces comenzaban a articularse, ensayando las consignas que pronto estallarían contra las pesadas puertas cerradas de la dependencia.
El giro del cielo: La tormenta como actor político
Sin embargo, en este país donde la tierra sangra, el clima decidió hacer su propia declaración política. Cuando los primeros oradores tomaban el altavoz para denunciar el trasfondo sistémico de la detención del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) —ocurrida de manera fulminante el pasado 17 de julio en San Marcos—, el cielo de la ciudad cambió de golpe. El azul semi-despejado, casi indiferente, dio paso a nubes negras y densas que cubrieron la zona de la protesta en cuestión de minutos.
El contraste visual y atmosférico fue drástico. Minutos antes de arrancar formalmente el mitin central, se desató una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento que azotaron con fuerza la concentración. El agua comenzó a caer torrencialmente sobre el asfalto, obligando a los asistentes a un amontonamiento instintivo para refugiarnos en la carpa instalada para dar lugar al mitin; quienes no alcanzaron espacio bajo la lona, improvisaron defensas con impermeables, paraguas o la simple estoicidad de sus cuerpos.
Lejos de dispersarnos o mermar el ánimo, el aguacero transformó el tono de la protesta en una estampa viva de resistencia. Con el agua escurriendo por las ropas y los rostros, todas y todos mantuvieron la posición. Las lonas bajaron estratégicamente para proteger los equipos de sonido y los carteles principales, pero las exigencias se elevaron en decibelios para competir, de tú a tú, contra el ruido ensordecedor de la tormenta que golpeaba el pavimento.
La criminalización: El cuerpo indígena como amenaza
Para entender la magnitud del agravio que nos reúne bajo esta lluvia implacable, es necesario diseccionar la maquinaria punitiva del Estado mexicano. El mitin avanza sobre el asfalto anegado, y la voz de la defensa legal del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena (CNI) corta la densidad del agua. El abogado toma el micrófono y sitúa el conflicto sin concesiones institucionales:
“Hola, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, a los medios de comunicación. Primero que nada me gustaría puntualizar que el día de hoy el enemigo número del número uno del Estado y de la Cuarta T es un indígena Ñuu Savi que es un labrador de su tierra, es un campesino, es un luchador social y se le están creando carpetas, carpetas de investigación por diversas diferentes delitos”.
Es imperativo detenernos en esta afirmación y leerla no como un mero recurso discursivo, sino como el análisis frontal de una política de Estado de corte racista y colonial. Jesús Plácido Galindo, un defensor de las comunidades de la región Costa-Montaña de Guerrero, ha sido elevado, de facto, a la categoría de amenaza a la seguridad nacional. El engranaje estatal ha operado contra él con una celeridad perversa. Tras la destrucción premeditada de sus medidas de protección, el sistema ha procedido a la criminalización directa: se le acusa ahora de un homicidio calificado presuntamente ocurrido en el año 2021.
La colusión operativa entre el gobierno estatal y el federal señalada por la defensa no remite a un error procedimental, sino a la clásica maniobra de fabricación de culpables. Se trata de un diseño estratégico orientado a descabezar los procesos de autonomía comunitaria en una geografía brutalmente castigada por la violencia extractivista y el asedio paramilitar. El verdadero “enemigo” para esta administración no viste de seda ni despacha en consejos de administración; es un campesino Ñuu Savi cuya principal transgresión ha sido organizar la defensa de la vida y el territorio.
El Altiplano: El muro del silencio y la tortura burocrática
La saña del operativo estatal alcanza su punto más álgido en la elección del recinto de reclusión: el penal del Altiplano. Hablamos del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el Estado de México, un complejo de máxima seguridad diseñado originalmente para neutralizar a los líderes de los cárteles más violentos del país. Enviar a un líder social indígena a esta prisión no obedece a un criterio de riesgo procesal, sino que constituye una táctica de aniquilación política. Al tratar al defensor del territorio con el mismo rigor punitivo que a un capo de la droga, el Estado busca despojarlo de su agencia política frente a la opinión pública, reduciendo su lucha histórica a una ficha criminal.
Desde el campamento improvisado por la lluvia, el equipo legal detalla el cerco administrativo que enfrentan para acercarse a su defendido:
“Lo que sabemos hasta ahorita, porque no hemos tenido oportunidad de tener comunicación con él como abogados y no hemos tenido oportunidad de revisar la carpeta de investigación en el juzgado, hemos ido a Toluca el día de ayer domingo, fuimos a Toluca a tratar de tener una reunión con él como abogados en el eh penal número uno de máxima seguridad en México, en el Altiplano”.
El recuento de esa visita dominical revela cómo las instituciones utilizan la burocracia penitenciaria como un arma de denegación de justicia. El abogado enlista los bloqueos operativos enfrentados en la aduana de la prisión de alta seguridad:
“No nos permitieron la entrada, nos pusieron pretextos porque estaba invertido los apellidos de los abogados, porque nos había puesto como amistad en vez de abogados, buscaron sinfines de excusas para no dejarnos pasar con él. Sigue aislado, sigue incomunicado. Desde su detención eh pasó más de 30 horas sin tener derecho a su llamada de comunicación, no se pudo comunicar con ningún integrante de su familia, con ningún abogado de su confianza que él eligiera libremente”.
Un error de tipografía, un apellido invertido o una clasificación administrativa arbitraria bastan para suspender de tajo los derechos fundamentales. El resultado es un aislamiento total, deliberado y sistemático. Treinta horas de vacío institucional. Treinta horas en las que un prisionero político queda a merced absoluta de un sistema opaco, sin supervisión de un juez de control, configurando una fractura brutal al debido proceso. En ese aislamiento es donde el Estado ejerce su pedagogía de la crueldad, buscando doblegar el espíritu de quien representa la disidencia indígena.
El giro en la Costa-Montaña
Escribir esta crónica situados sobre los charcos de Bucareli implica reconocer que el expediente contra Jesús Plácido no es una anomalía pasajera del sistema judicial. Es, por el contrario, el giro implacable de una rueda histórica que tritura sistemáticamente a los pueblos originarios de Guerrero.
El CIPOG-EZ ha documentado hasta el cansancio cómo sus comunidades viven sitiadas. Operan bajo el acoso constante de grupos armados que se mueven con sospechosa libertad, frecuentemente al amparo de la ceguera cómplice de las fuerzas policiales y castrenses. En la Montaña, defender el agua, el bosque y la autonomía tiene un costo que se cobra en masacres o en expedientes penales prefabricados.
Al aislar a Jesús Plácido en las celdas del Altiplano, el aparato de Estado busca desmantelar un proceso organizativo que evidencia el abandono institucional y la urgencia de la autodefensa comunitaria comunal. La invención de delitos de alto impacto criminal se consolida así como el recurso predilecto del régimen para neutralizar a quienes estorban al capital en la región. La justicia penal exhibe su naturaleza asimétrica: es ciega, lenta y sumisa ante los verdaderos generadores de violencia que desangran Guerrero, pero se vuelve implacable, ágil y milimétrica cuando se trata de cazar a los guardianes de los bienes comunes.
El mandato inquebrantable de la lluvia
Regresamos al aquí y ahora, a las rejas perimetrales de la Secretaría de Gobernación. Bajo la lluvia inclemente que no ha dado tregua en todo el bloque de Bucareli, el mitin continúa con la misma vehemencia con la que los pueblos originarios han sostenido sus luchas en las escarpadas montañas de Guerrero. Las gotas golpean los cámaras de los fotógrafos, escurren por los rostros curtidos de las mujeres y hombres que se niegan a retirarse, y lavan momentáneamente el asfalto de la metrópoli, pero de ninguna manera apagan el reclamo por la vida y la libertad.
Resistiendo tanto al rigor del sol de las tres de la tarde, como a la tempestad furiosa que le siguió, la exigencia se mantiene vertical: libertad inmediata y sin condiciones, cancelación absoluta de los delitos fabricados y cese total al hostigamiento militar y judicial contra los defensores del territorio.
Jesús Plácido Galindo, un hombre hecho de la tierra que defiende, permanece hoy confinado en los pasillos de hormigón del Altiplano. Él es el “hijo de la lluvia” por herencia cultural Ñuu Savi y por convicción de lucha. Su incomunicación prolongada refleja el rostro más violento de una estructura de gobierno que opera replicando las peores inercias del autoritarismo racista.
Nosotras, nosotros, parados frente a esta dependencia enrejada, evidenciamos la infamia procesal para que no opere el olvido. La tormenta cederá eventualmente sobre el centro de la ciudad, el suelo terminará por secarse bajo el tráfico de mañana, pero el reclamo por la libertad de Jesús Placido Galindo ha quedado sembrado, con raíces tenaces, en el centro mismo de la indiferencia institucional.
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