La defensa del agua volvió a reunir a pueblos y comunidades de distintas regiones de México y otros países. Los días 8 y 9 de agosto de 2026, la comunidad de Zitácua, en Tepic, Nayarit, fue sede de la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio.
Escucha el podcast
El agua no tiene dueño
Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
En este episodio de El Giro de la Rueda para Radio Huaya, recuperamos las voces, denuncias y exigencias expresadas durante la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio.
De acuerdo con la Declaratoria difundida por el Congreso Nacional Indígena, participaron 427 personas adultas y 60 niñas y niños, provenientes de 18 estados de México, 7 países y 18 pueblos originarios. Durante el encuentro fueron nombrados ríos, arroyos, cuencas, acuíferos, manantiales, lagos, lagunas, humedales, playas y cerros vinculados con distintos procesos de defensa territorial.
La Asamblea colocó en el centro de sus discusiones la relación entre agua, territorio, autonomía y defensa de la vida. Su Declaratoria sostiene que en distintas regiones del país se repiten procesos de extracción de agua, minería, megaproyectos, contaminación, cambios de uso de suelo, tala y violencia contra quienes defienden sus territorios. También señala la participación o convergencia de intereses estatales, empresariales y del crimen organizado. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por la Asamblea en su Declaratoria.
El San Pedro Mezquital, uno de los ejes de la Asamblea
Uno de los principales casos abordados fue el del río San Pedro Mezquital, en Nayarit, que la Declaratoria identifica como el último río libre de la Sierra Madre Occidental y que, según las comunidades participantes, permanece amenazado por el proyecto hidroeléctrico El Nayar.
La Asamblea sostiene que el proyecto afectaría el flujo natural del río, la pesca, la agricultura y centros ceremoniales de los pueblos Naayeri, O’dam, Wixárika y Meshikan. También denuncia que la propuesta gubernamental contempla la reubicación de poblaciones y centros ceremoniales.
Entre sus exigencias, la Asamblea ratificó que el San Pedro Mezquital debe permanecer libre, pidió que sea decretado río libre como sujeto de derecho y exigió la cancelación total del proyecto hidroeléctrico El Nayar. También se pronunció contra el llamado Canal Centenario, al que atribuye posibles afectaciones a los ríos Acaponeta, San Pedro y Santiago y a las Marismas Nacionales.
Una misma problemática en distintos territorios
La Declaratoria reúne denuncias provenientes de diversas regiones.
En Jazmín del Coquito, Nayarit, se expuso la lucha contra concesiones mineras. En Wirikuta, la Asamblea señaló la permanencia de siete concesiones mineras. En la cuenca Chapala-Santiago se denunciaron procesos de contaminación, expansión industrial, proyectos energéticos, urbanización y extracción de agua.
La Declaratoria menciona específicamente a Santa Cruz de las Flores, donde comunidades cuestionan la extracción de agua subterránea vinculada con la producción de Electrolit; a Juanacatlán y El Salto, donde se denuncian proyectos industriales y energéticos; y a otros territorios afectados por residuos, contaminación y expansión urbana.
También aparecen en el documento conflictos de Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Ciudad de México y Guerrero.
Entre las exigencias se encuentran justicia por el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, libertad para Francisco Moreno Hernández y Jesús Plácido Galindo, la presentación con vida de personas desaparecidas en la Montaña Baja de Guerrero y el fin de la persecución contra defensores y defensoras de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Cuestionamientos al marco legal
La Asamblea también cuestionó las reformas y propuestas legislativas relacionadas con los pueblos indígenas, el agua y el acceso a la justicia.
En particular, rechazó la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos impulsada por el INPI y sostuvo que ésta limita el ejercicio de la autonomía y no reconoce de manera suficiente los derechos territoriales. La Declaratoria también cuestiona los mecanismos relacionados con los conocimientos y el patrimonio cultural de los pueblos.
Este señalamiento ocurre mientras el Gobierno Federal mantiene abierto en 2026 el proceso de consulta previa, libre e informada sobre dicha propuesta de ley. El Diario Oficial de la Federación publicó el 29 de junio la convocatoria correspondiente.
La Asamblea cuestionó asimismo el nuevo marco jurídico del agua y la reforma a la Ley de Amparo. En este último caso, sí existe una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2025, además de posteriores modificaciones publicadas en octubre de ese mismo año.
El agua como territorio y memoria
La Declaratoria no se limita a enumerar conflictos. También plantea propuestas de organización: elaborar cartografías de empresas contaminantes, documentar agresiones contra cuerpos de agua, fortalecer procesos autónomos, construir conocimiento comunitario, desarrollar estrategias de comunicación y reforzar las herramientas legales para la defensa territorial.
El documento concluye con una definición política que atraviesa toda la Asamblea: defender el agua significa defender la vida; defender el territorio significa defender la historia; y defender la autonomía significa defender el futuro.
El Giro de la Rueda
Leer la Declaratoria completa en el Congreso Nacional Indígena:
Declaratoria de la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
SUSCRÍBETE. INGRESA TU CORREO ELECTRÓNICO Y RECIBIR TODAS LAS ACTUALIZACIONES
0 respuestas a “El agua no tiene dueño: pueblos y comunidades denuncian despojo y contaminación territorial”