El Congreso Nacional Indígena (CNI), la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio y más de 80 organizaciones de distintas regiones del país exigieron este lunes el cierre de los procesos penales que mantienen desplazados de Eloxochitlán de Flores Magón a 14 comuneros desde hace más de una década. La postura colectiva se conoció tras confirmarse la firmeza del amparo contra 200 órdenes de aprehensión dictadas en 2025, un fallo que frena una ofensiva punitiva pero deja intacto el nudo judicial que sostiene el destierro.
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.
Las mantas, las lonas de las casas de campaña y las plantas de café trasladadas desde la sierra de Flores Magón habitan la banqueta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la noche del 17 de septiembre. Once días después de instalada la protesta indefinida convocada por Mazatecas por la Libertad, 87 organizaciones, colectivos y comunidades firmaron una acusación común: denunciaron que el Estado
“sigue financiando y prolongando la persecución judicial contra nuestras hermanas mazatecas defensoras del río Xangá Ndá Ge en la Comunidad Mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, y de la autonomía de su pueblo”.
El pronunciamiento apunta de forma directa a dos expedientes: el limbo de los 14 comuneros desplazados y la impugnación que mantiene en vilo la libertad de Miguel Ángel Peralta Betanzos en el máximo tribunal del país.
En el comunicado, los pueblos y colectivos caracterizan el uso de los tribunales no como impartición de justicia, sino como un instrumento de desgaste:
“La mal llamada justicia penal es un arma capitalista político-partidista para desarticular la organización comunitaria y dañar el tejido social desde mecanismos de tortura, caracterizada por una obstaculización permanente que impide el acceso a la justicia, criminalizando hechos, relatos y prácticas cotidianas”.
El saldo de la persecución se expuso desde el campamento el 23 de septiembre en una emisión del programa “Raíz y Razón”, de Radio Educación, y quedó refrendado en el pronunciamiento. Desde 2014, cuando:
“el grupo caciquil seleccionó una lista de hasta 50 personas defensoras para incriminarlas”, el recuento arroja “la prisión de 21 de ellas, hasta 33 familias desplazadas, la prisión preventiva sin sentencia de hasta por diez años, el exilio de 14 mazatecos ya por más de una década, la tortura y el racismo institucional”. Se lee en el comunicado.
El mensaje conjunto llegó cuatro días después de un giro en los juzgados federales. El pasado 24 de septiembre quedó firme la protección concedida contra 200 órdenes de aprehensión emitidas en 2025 por hechos derivados del conflicto del 14 de diciembre de 2014. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, desechó los recursos de revisión que buscaban controvertir el fallo, ratificando la salvaguarda para más de 40 personas acusadas de presunto incendio y robo.
Entre quienes intentaron revertir esa protección federal estuvieron la diputada Elisa Zepeda Lagunas y su padre, Manuel Zepeda Cortés. En el expediente se acreditó que la legisladora “no es parte, víctima ni ofendida en el juicio de amparo relativo a las 200 órdenes”, mientras que el recurso promovido por su padre fue interpuesto fuera del plazo legal.
Sin embargo, ese amparo no alcanza a las causas penales originarias abiertas desde hace casi doce años. Las 200 órdenes anuladas no cancelan los expedientes que mantienen a los 14 comuneros fuera de su comunidad. Por eso el campamento sigue en pie frente a la puerta del tribunal.
Otro punto de conflicto judicial es el expediente de Miguel Ángel Peralta Betanzos. El 20 de febrero de 2026, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito le concedió un amparo tras evidenciar la falta de fiabilidad de los testimonios acusatorios. Con base en ese mandato, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca emitió una nueva sentencia absolutoria.
La parte acusadora recurrió esa determinación ante la Suprema Corte, donde quedó registrada como el Amparo Directo en Revisión 2705/2026. Peralta promovió un recurso de reclamación contra la admisión de ese trámite, expediente cuya resolución recae en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. El CNI y las organizaciones firmantes demandaron que prevalezca la absolución, argumentando que:
“los testimonios contra Miguel Peralta no contienen pruebas para condenarlo, ni a él ni a ninguna de las personas defensoras mazatecas, por tanto, la prolongación de la criminalización se traduce ya en un crimen de Estado, o crímen de lesa humanidad contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón”.
En el comunicado, las comunidades vinculan directamente el castigo penal con la defensa del territorio. El texto señala que Manuel Zepeda Cortés:
“se dedica a la extracción ilegal de materiales pétreos del río Xangá Nda Ge de Eloxochitlán, un río que está devastado y sufre de contaminación a causa de la actividad extractiva, como lo documentó la Primera Misión de Observación Civil de junio del 2025”.
A la movilización en la ciudad de México se sumó además un hecho publicado por El Giro de la Rueda el 21 de septiembre y retomado ahora por el pronunciamiento del CNI. El comunicado señala que Elisa Zepeda:
“mantuvo de forma simultánea a la abogada Rosa Jiménez Ríos como su asesora privada en los procesos contra los indígenas mazatecos y como directora de una de las áreas de la misma Secretaría, de las Mujeres de Oaxaca durante 2023”.
El pronunciamiento distribuyó responsabilidades concretas: señaló al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz por admitir la revisión de Elisa Zepeda; a la ministra Yasmín Esquivel Mossa por la definición del recurso de reclamación; al Fiscal General de Oaxaca, y al Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, Erika Rodríguez, exigiendo cancelar los mandatos de captura.
El amparo del 24 de septiembre desmontó 200 capturas, pero no resolvió el destierro. La disyuntiva que el CNI y Mazatecas por la Libertad colocan ante la Suprema Corte y las autoridades judiciales de Oaxaca es concreta: consolidar la vía penal como método de castigo o cancelar las órdenes pendientes para que los 14 comuneros puedan volver a Eloxochitlán.
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