Por Kino Balu, con un reporte enviado por Sara Betanzos

“Buenos días, hoy este día la actividad comienza aproximadamente a las 9:30, se va a dar lectura al pliego petitorio aquí en el Poder Judicial de la Federación.” Sara Betanzos habla desde Boca del Río mientras las mujeres mazatecas esperan justicia. Su voz documenta algo más que un plantón: la materialización de una estrategia de Estado que durante más de una década ha perfeccionado la alquimia perversa de convertir defensores territoriales en criminales.

Eloxochitlán de Flores Magón condensa la contradicción estructural del México contemporáneo. Mientras Manuel Zepeda Cortés extrae materiales pétreos del río Xangá Ndá Ge con complicidad gubernamental, su hija Elisa Zepeda Lagunas ocupa curules legislativas bajo las siglas de Morena. El cálculo es simple: saquear otorga poder político; defender provoca encarcelamiento. Esta lógica invierte sistemáticamente el orden moral hasta convertir la justicia en tortura institucional.

La fabricación de cuatro causas penales a partir de supuestos hechos de un solo día revela la sofisticación del aparato represivo. Cada expediente funciona como tentáculo de una hidra jurídica diseñada para asfixiar económica y psicológicamente a las familias defensoras. Veintiún personas en prisión preventiva durante años; órdenes de aprehensión que resurgen después de ser anuladas por amparo; jueces que deliberadamente ignoran resoluciones federales. La maquinaria judicial opera como aparato de guerra contra la autonomía de los pueblos.

“Después de la entrega del pliego petitorio empieza la actividad del Festival Político Cultural en espera de la resolución de los amparos contra las 200 órdenes de aprehensión.” La resistencia mazateca comprende que la dignidad no se mendiga: se construye colectivamente. Su plantón combina exigencia jurídica con celebración cultural, transformando el acto de esperar justicia en afirmación comunitaria.

El caso trasciende Oaxaca. Representa el modelo extractivista que gobierna México: criminalizar la defensa territorial para facilitar el despojo. Tres gobiernos estatales han sostenido esta estrategia, demostrando que la alternancia electoral no modifica las estructuras de dominación cuando los intereses económicos permanecen intactos.

La ironía institucional alcanza dimensiones grotescas cuando analizamos los discursos oficiales recientes. Claudia Sheinbaum celebra en su primer informe presidencial la “reforma al artículo 2º para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público”, mientras las mujeres mazatecas esperan bajo el sol veracruzano que se respeten esos mismos derechos que el Estado proclama haber otorgado. Hugo Aguilar, primer ministro indígena presidente de la Suprema Corte, declara que “sin la reforma judicial, los pueblos indígenas no tendrían presencia”, pero su llegada al cargo coincide temporalmente con la reactivación de 200 órdenes de aprehensión contra defensoras y defensores mazatecos.

Esta simultaneidad revela el mecanismo perverso del poder: se construye representación simbólica mientras se mantiene la represión sistemática. Los pueblos originarios obtienen cargos institucionales como trofeos del progreso democrático, pero sus comunidades siguen enfrentando la criminalización cuando defienden territorios concretos.

Libertad a los presos por luchar

La liberación de las y los defensores mazatecos requiere más que resoluciones judiciales: exige desmantelar el entramado caciquil-gubernamental que sustenta el extractivismo. Esto implica: destitución inmediata de funcionarios cómplices, investigación patrimonial de la familia Zepeda, reparación integral del daño comunitario y reconocimiento constitucional del derecho territorial indígena con mecanismos de protección efectivos.

La justicia para Eloxochitlán no vendrá de la benevolencia institucional sino de la presión social organizada. Cada día que el Estado mexicano mantiene estas órdenes de aprehensión, ratifica su naturaleza colonial y su hostilidad hacia los pueblos originarios.