Han pasado más de cinco desde que Kenia Hernández Montalván fue privada de su libertad. Defensora indígena del pueblo amuzgo, fue detenida en octubre de 2020 en medio de irregularidades documentadas, y desde entonces enfrenta once cargos en procesos del fuero estatal y federal cuyas penas acumuladas podrían superar los 20 años de prisión. Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, activistas y organizaciones de derechos humanos volvieron a exigir su absolución y liberación inmediata.
Este artículo y el episodio de podcast que lo acompaña recogen las voces de quienes sostienen que el caso de Kenia no es aislado: es parte de un patrón de criminalización contra mujeres que defienden territorios y comunidades frente a proyectos extractivistas y transnacionales.
Kenia Hernández: defensora indígena amuzga, cinco años encarcelada
¿Qué pesa más en la balanza de la justicia: el cobro de una caseta o la libertad de una madre indígena? Para el Estado mexicano, la respuesta parece ser el dinero. Kenia Hernández lleva más de cinco años encarcelada por “interrumpir el flujo de capital” de Capufe y sus socios privados. Lo absurdo es que, aunque ya existen acuerdos para reparar el daño, el sistema parece haber “puesto el pie” para evitar que Kenia salga de la cárcel.
¿Es justicia o es simplemente un mensaje de miedo para todo el movimiento social?
En este episodio, cuestionamos la inacción de la Fiscalía y el silencio de la Suprema Corte mientras dos menores de edad marchan solos por la Ciudad de México pidiendo ver a su mamá libre. Hablamos de la solidaridad que surge cuando las instituciones fallan y de las redes de mujeres que hoy cuidan a Joel y Joab. Si crees que la protesta es un derecho y no un crimen que merezca 20 años de sombra, tienes que escuchar esta nota. Dale “play”.
Por Laura Quintero
Sumario: En el marco del 8M, activistas exigieron resolver los recursos legales pendientes y dictar una sentencia absolutoria para la defensora indígena Kenia Hernández, encarcelada desde 2020.
Han pasado 1,967 días desde que la defensora indígena Kenia Hernández Montalván fue privada de su libertad. En ese tiempo ha estado lejos de sus hijos, ha enfrentado diversos procesos judiciales. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, activistas y defensoras de derechos humanos volvieron a alzar la voz para exigir su absolución y liberación inmediata.
Durante una jornada de protesta realizada este 8 de marzo, organizaciones y defensoras denunciaron que el caso de Kenia refleja un patrón de criminalización contra mujeres que defienden derechos humanos y participan en movimientos sociales. Aseguran que, pese al contexto político actual, todavía existen intereses que buscan castigar a quienes se organizan y luchan por la justicia.
“Existe una política por parte del Estado de mantenerla presa, por más que se ha estado desahogando el proceso jurídico, encuentran una u otra forma de ponerle el pie, lo que vemos es que no existe voluntad política para liberar a Kenia porque es un castigo ejemplar que se pone para el resto del movimiento: si nosotros transgredimos los límites que los dueños del dinero nos ponen para manifestarnos, pues entonces esto es lo que nos va a pasar”, comentó Karla Leyva, integrante del Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia Hernández.
Quienes acompañan su caso sostienen que existen pruebas que acreditan su inocencia y que no cometió los delitos por los que ha sido procesada. Por ello, pidieron a las autoridades judiciales resolver los recursos legales pendientes y dictar una sentencia absolutoria que permita revocar las condenas, cancelar los antecedentes penales y ordenar su liberación inmediata.
Las mujeres que acompañaron el contingente por la Libertad de Kenia y a sus hijos Joel y Joab, señalaron que, aunque en algunos procesos federales se alcanzó un acuerdo reparatorio, aún es necesario que este sea ratificado, además de que continúan pendientes amparos que podrían definir su situación jurídica. Mientras esos procesos siguen sin resolverse, Kenia permanece en prisión.
El caso llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde algunos ministros se pronunciaron por atraerlo para revisarlo. Sin embargo, la propuesta no alcanzó los votos necesarios, por lo que el expediente no fue revisado en esa instancia, lo que retrasa, aún más, la posibilidad de una revisión amplia de su proceso judicial.
Una detención marcada por irregularidades
Kenia Hernández, integrante del pueblo amuzgo y defensora de derechos humanos, fue detenida el 18 de octubre de 2020 mientras cruzaba una caseta de peaje en el estado de Puebla. Regresaba de una actividad de asesoría a comunidades que resisten proyectos de empresas transnacionales y extractivistas.
Tras su detención, permaneció varias horas en paradero desconocido antes de ser trasladada a un penal en el Estado de México. Seis días después, cuando una jueza ordenó su libertad bajo medidas cautelares, fue detenida nuevamente por orden de un juez federal.
Desde entonces enfrenta procesos judiciales del fuero estatal y federal por once delitos, entre ellos robo con violencia y ataques a las vías de comunicación en agravio de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y una concesionaria de autopistas. Las penas acumuladas podrían superar los 20 años de prisión.
Consecuencias más allá de la prisión
Para quienes la acompañan, el encarcelamiento de Kenia no sólo ha afectado su vida personal, sino también la de su familia. Sus hijos, aún menores de edad, han crecido sin su madre durante estos años. Además, tras el fallecimiento de la persona que los cuidaba, enfrentan incertidumbre sobre su futuro.
Las organizaciones que impulsan su defensa sostienen que su caso refleja cómo los procesos judiciales contra defensoras de derechos humanos no sólo impactan a quienes son encarceladas, sino también a sus familias y comunidades.
Por ello, hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades judiciales para que revisen las pruebas presentadas y garanticen la libertad de Kenia Hernández.
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