“Puedo respirar, pero esto no acaba ahí”, dice Olga Maribel desde la sierra donde el poder castiga a quien se organiza. Su exoneración no borra una década de persecución judicial contra defensores mazatecos, ni desarma al cacicazgo que infiltra asambleas, silencia mujeres y se recicla en partidos. Este episodio —y el podcast que lo acompaña— cuestiona no solo a jueces y caciques, sino a organizaciones que eligieron callar, a medios que repiten boletines y a gobiernos que validan el despojo disfrazado de legalidad. ¿Qué justicia es posible cuando el Estado se alía con quien violenta a su comunidad?
Por Kino Balu
“Mi nombre es Olga Maribel Betanzos Fuentes y sí, con relación a la respuesta de la primera pregunta, es la impotencia, la impotencia y la tristeza. ¿Qué significó para mí y mi familia que se me declarara inocente? Pues mucha alegría, satisfacción y pues igual en algunos momentos tuve miedo. Para mí una particular alegría de que ya este por fin como que es un respiro.”
Con estas palabras, pronunciadas desde su comunidad, se despliega la grieta entre la justicia real y la justicia prestada. La exoneración de Olga Maribel, maestra y defensora comunitaria procesada por “daño por incendio” y “robo con violencia por equiparación”, no sólo pone al descubierto la fragilidad de las estructuras legales en Oaxaca, sino también la profundidad de un caciquismo que, en más de una década, ha mutado de señor feudal a operador político-judicial. El cacicazgo, como todo centro de poder, atrajo incluso a exguerrilleros que actuaron como asesores en operaciones en territorio o legales. Se trata de personajes oscuros cuya reconversión los llevó al vasallaje y servicio del poder gubernamental.
A partir de ese momento de alivio y temor, la reflexión crítica debe adentrarse en las sombras que el poder local proyecta sobre la Sierra Mazateca.
Las raíces de este fenómeno se entrelazan con la historia misma de Eloxochitlán de Flores Magón. Los usos y costumbres mazatecos garantizaron mecanismos de autogobierno, pero a partir de 2011 Manuel Zepeda Cortés subordinó la asamblea comunitaria a su mandato personal. Su control se reforzó con la violencia: “disparó contra sus integrantes” en diciembre de 2014 simplemente porque se atrevían a nombrar un edil distinto. Aquel acto no fue el único, sino la culminación de una secuencia de clientelismo, omisiones estatales y encubrimientos judiciales que colorearon los medios de comunicación con la paleta del silencio.
La criminalización de la disidencia se tradujo en más de doscientas órdenes de aprehensión contra 56 moradores. Acusaciones infladas —tentativa de feminicidio incluida— que no aguantaron el menor escrutinio: repetidos amparos federales declararon la nulidad de pruebas y la prescripción de delitos. La obstinación de jueces locales para revivir estos procesos, incluso tras siete sentencias federales, revela un sistema de justicia capturado por intereses particulares. Los tribunales dejan de ser árbitros y se convierten en engranajes de un mecanismo de control social.
No resulta casual que Elisa Zepeda Lagunas ascendiera de alcaldesa a diputada local de Morena. Su perfil fue validado por plataformas internacionales como ONU Mujeres, que la presentó como “promotora de la participación femenina” sin mencionar sus vínculos con el cacicazgo. Ese respaldo acrítico de la cooperación internacional ilustra un problema mayor: la legitimación de actores que instrumentalizan el discurso de la equidad mientras erosionan la coherencia comunitaria. Al presentar a Elisa como una “víctima” y “defensora”, se invisibiliza la trayectoria de quienes han resistido desde la base y se normaliza la simulación de un poder que se nutre de la fragmentación social.
Respaldar a este tipo de figuras sin someter a escrutinio las denuncias que pesan sobre su trayectoria constituye una forma más de violencia institucional: excluye a quienes, ante la agresión del Estado, han sabido resistir y deja al margen a las verdaderas voces de la comunidad. Esta dinámica revela cómo las instituciones supuestamente protectoras pueden convertirse en instrumentos de silenciamiento, avalando discursos oficiales mientras ignoran las experiencias de quienes han enfrentado directamente las consecuencias del autoritarismo local.
Cuando algunas organizaciones locales pudieron intervenir, lo hicieron para mirar hacia otro lado: el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca optó por ahorrarse el desgaste de realizar la labor de observación autónoma tan necesaria en territorios indígenas, donde el abuso es ley. Prefirió reproducir el discurso de quienes detentan el poder en lugar de acercarse a quienes viven las consecuencias de esa violencia. Esta elección no fue accidental, sino sintomática de una tendencia más amplia: organizaciones que, en lugar de cumplir su función crítica, se convierten en amplificadoras del discurso hegemónico.
El respaldo que Consorcio brindó a Elisa Zepeda fue un acto de desmemoria: ignoró otros testimonios, invisibilizó a las mujeres perseguidas, despreció la lucha comunitaria. Con su silencio, construyó complicidad. Esta actitud no sólo traicionó su mandato de observación, sino que contribuyó a perpetuar un sistema donde las voces oficiales aplastan sistemáticamente las narrativas de resistencia.
Yesica Sánchez Maya, Integrante del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, destacó la importancia de contar con una figura capacitada al frente de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, al afirmar:
La ventaja que se tiene en este momento es que la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca está encabezada por una persona que conoce del tema, que tiene experiencia legislativa y que puede traducir en políticas públicas reales el trabajo para erradicar la violencia, pero para ello necesita el respaldo del gobierno del estado, el presupuesto y la transparencia, para saber cuánto se le va a invertir a la Secretaría de las Mujeres para atender la violencia en 2023 (NVI Noticias, 2022). https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/violencia-contra-las-mujeres-no-cambiara-activista/140353
Esta cita resalta el apoyo de Sánchez Maya a Elisa Zepeda.
Más allá del gesto: por una justicia comunitaria real
La entrevista posterior al fallo muestra el contraste entre la experiencia personal de Olga Maribel y la retórica oficial. “Puedo respirar profundamente, tener tranquilidad, tener seguridad, pero pues esto no acaba ahí”, reconoce. En estas palabras late la urgencia de entender la exoneración como un paso parcial: respiramos hoy, pero el aire sigue viciado si quedan 55 órdenes abiertas contra defensores y defensoras de la misma comunidad. El miedo persiste; el hostigamiento, institucionalizado, plasmado en expedientes y audiencias, prolonga una violencia estructural que carece de interlocutores auténticos.
Para deconstruir este entramado, resulta indispensable remontarse a las últimas décadas de historia política oaxaqueña. Los caciques han sabido navegar entre siglas y gobiernos, ofreciendo lealtades al PRI cuando convenía y migrando a Morena cuando la cuarta transformación tocó puertas. Su estrategia no es original: captar recursos federales y estatales, clientelizar programas sociales y silenciar voces críticas mediante litigios estratégicos y la violencia. Pero lo verdaderamente perturbador es que estos actores logran reproducir un discurso de “defensa comunitaria” mientras arrebatan la voz a la propia comunidad.
Los medios de comunicación por su parte construyen el relato hegemónico: citan únicamente a funcionarios afines a MORENA, publican boletines oficiales sin contraste y convierten cada denuncia de la asamblea en un “levantamiento delincuencial”. Esa cobertura sesgada cumple doble función: deslegitimar a los opositores y normalizar la “imparcialidad” de un Estado que en la práctica se alía con el poder privado. El cerco mediático, denunciado por la Asamblea como una maquinaria de desinformación, prolonga la invisibilidad de las verdaderas protagonistas: las Mujeres Mazatecas por la Libertad, que han demostrado con plantones y bloqueos que el activismo puede doblarle la mano a la injusticia.
Ante el desgaste de los discursos oficiales, los gestos simbólicos ya no bastan. En territorios marcados por décadas de impunidad, es urgente desactivar las plataformas del poder caciquil que aún operan con total impunidad.
No es suficiente con invocar la presunción de inocencia. La garantía mínima debe ser la participación directa de las autoridades tradicionales en cada proceso. Los protocolos de usos y costumbres deben tener rango legal cuando se trate de pueblos originarios. No como excepción cultural, sino como base de legitimidad.
Urge descolonizar la comunicación pública. Crear un banco de medios comunitarios e independientes, financiado por un fondo antirrepresivo, que enfrente el discurso oficial. La cobertura judicial debe estar en manos de periodistas comunitarios, formados en ética y derechos humanos, con acceso prioritario a la información.
La extinción de dominio no puede seguir siendo una figura vacía. Debe aplicarse sobre bienes y concesiones —como la explotación del río— vinculados a redes clientelares, y destinarse a proyectos comunitarios autónomos, administrados por asambleas abiertas. Es hora de cortar el flujo de recursos al cacicazgo.
La justicia transicional no puede seguir ignorando el territorio. Comisiones de la verdad regionales e internacionales deben documentar, reparar y reconocer públicamente las violaciones cometidas en las últimas dos décadas. No bastan amparos individuales. La reparación colectiva exige restauración territorial.
Y es imprescindible el fortalecimiento de las mujeres mazatecas: apoyo legal y logístico permanente, interlocución directa con instancias internacionales, ruptura con la narrativa patriarcal del “proteccionismo”. Que hablen ellas. Que decidan ellas.
Sin justicia comunitaria, no hay justicia.
La exoneración de Olga Maribel es un símbolo de lo que puede suceder cuando la resistencia colectiva desafía la voracidad del poder. Pero, como ella misma advierte, “esto no acaba ahí”. La libertad definitiva de cada defensor depende de la capacidad de la comunidad y sus aliados de transformar las relaciones de fuerza, de redefinir qué se considera “autoridad” y de construir canales de información que no pasen por el tamiz del cacicazgo.
Proponer una refundación radical del sistema político y judicial en Oaxaca significa apostar por la irreversibilidad del autogobierno. Si los tribunales y las instancias estatales ceden su monopolio de la justicia al criterio intercultural y si los medios comunitarios desplazan al cerco mediático, será posible consolidar una dinámica de poder compartido. De lo contrario, la exoneración de Olga Maribel quedará como un alivio transitorio y no como el respiro que anuncie un verdadero cambio de aire en la Sierra Mazateca.
REFERENCIAS:
Amparo Quinto Distrito en Boca del Río (19 junio 2025). Juzgado Quinto de Distrito en Boca del Río, Veracruz. Sentencia que anuló las órdenes de aprehensión contra Olga Maribel Betanzos Fuentes por falta de pruebas y prescripción de delitos.
Avispa Mídia (2025). “Oaxaca: juez decidirá el destino de una profesora mazateca con cinco órdenes de captura”. Disponible en: https://avispa.org/oaxaca-juez-decidira-el-destino-de-una-profesora-mazateca-con-cinco-ordenes-de-captura/
Primera Misión de Observación Civil en Eloxochitlán (20–22 junio 2025). Informe sobre órdenes de aprehensión, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos en la Sierra Mazateca. Disponible en: https://www.rioaxaca.com/2025/06/24/confirman-mision-de-observacion-civil-violaciones-graves-a-derechos-humanos-y-ecocidio-en-eloxochitlan/
ONU Mujeres (2024). Perfil de Elisa Zepeda Cortés como promotora de la participación femenina. Sitio oficial de ONU Mujeres.
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