Cifras del Caso
La lucha de los pueblos mazatecos por la justicia
perseguidos
desacatados
despojo
Palabra al Aire: El Noticiario Matutino de Radio Huaya
Criminalización pueblos originarios: El caso Jaime Jacob expone el extractivismo judicial en Oaxaca
Por Kino Balu
“Los ojos del agua tienen dueño. Ahorita el río está triste porque ya le barrieron su corazón, les dan raspa y raspa y raspa las máquinas.”
Con esta voz comunitaria, el pueblo mazateco resume más de una década de despojo en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. En este escenario, el defensor comunitario Jaime Jacob Betanzos enfrenta una audiencia judicial que podría marcar un precedente contra la criminalización de los pueblos originarios.
Desplazado desde 2014 junto a su familia, Jacob Betanzos forma parte de un grupo de 55 mujeres y hombres mazatecos perseguidos bajo cargos fabricados que encubren la extracción ilegal del río de la comunidad. Los expedientes del caso muestran irregularidades graves: testimonios idénticos entre supuestos testigos, necropsias dudosas y el desacato a más de 20 amparos federales por parte de jueces de Oaxaca.
El pasado 10 de septiembre, en conferencia de prensa, la Colectiva Mujeres Mazatecas por la Libertad denunció la persecución sistemática contra defensores comunitarios de Eloxochitlán. Señalaron que el caso de Jacob se enmarca en un contexto de represión caciquil y estatal que busca despojar a la comunidad de sus recursos naturales, en particular del material pétreo del río. Exigieron el fin de la corrupción judicial y justicia inmediata para Jacob y otros 13 defensores perseguidos.
Este jueves 11 de septiembre, en Boca del Río, Veracruz, se resolverá en audiencia judicial si se concede el amparo a Jacob Betanzos.
La persecución tiene su origen en 2011, cuando el gobierno de Gabino Cué impuso al cacique Manuel Zepeda Cortés, padre de la actual diputada morenista Elisa Zepeda. Desde entonces, la familia Zepeda ha impulsado la represión comunitaria para favorecer su empresa extractiva, responsable de la contaminación del río mazateco con metales pesados.
El caso revela cómo el poder judicial oaxaqueño ha convertido la criminalización en un mecanismo de despojo territorial, donde la legalidad sirve de cobertura al saqueo ambiental. La audiencia de Betanzos pondrá a prueba al Tribunal de Disciplina Judicial federal, que deberá demostrar si la justicia federal puede diferenciarse de la corrupción local.
Más allá de la resolución, el proceso exhibe un patrón más amplio: el Estado mexicano perfecciona sus formas de despojo, sustituyendo la violencia directa por la violencia simbólica del derecho, para legitimar el destierro de comunidades que defienden sus territorios ancestrales.
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