La voz de la defensora Argelia Betanzos es registro político de un pueblo acosado. Su testimonio revela cómo el sistema judicial mexicano persigue a quienes defienden ríos y montañas, mientras protege a quienes los saquean. Esta nota explora la resistencia mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón: criminalización, desplazamiento forzado, estrategias de defensa y la vigencia de una autonomía que el Estado se empeña en negar.

La Palabra que Une Territorio y Asamblea

Por Kino Balu

Desde Eloxochitlán de Flores Magón, la voz de Argelia Betanzos es clara y firme: “En mazateco, cuando se convoca a la asamblea, se dice Naxindá… y esa palabra une dos conceptos: Naxi, la montaña, y Nandá, el agua”. No se trata de un saludo ceremonial: es la convocatoria que articula soberanía, territorio y vida comunitaria. Mientras tanto, el Estado mexicano persigue a catorce hombres de la comunidad cuyo único delito fue defender el río Xangá Ndá Ge, el agua que da sentido a su lengua y a su cultura.

La persecución no es contra individuos aislados: es un ataque a la cosmovisión que considera indivisibles a la comunidad humana, el río y la montaña. La soberanía que ejercen los mazatecos no se pide ni se concede; se vive. Surge de la asamblea, del territorio, de la defensa de lo propio. Reconocerla implica aceptar que la autonomía indígena no es un favor político, sino un derecho histórico que el Estado no puede extinguir.

“Di Naxindá Nixó”, dice Argelia, recreando la convocatoria: “a la peña y al agua de Eloxochitlán, acudan por favor para congregarse”. Para un Estado acostumbrado a fragmentar la realidad en secretarías y juzgados, esta integralidad cosmovisionaria resulta indigesta. Lo que para la comunidad es continuidad vital, para el poder es amenaza: la defensa del territorio se vuelve acto de resistencia, y la resistencia se criminaliza.

Cuando la Reforma Judicial Abandona a sus Víctimas

Pocos días antes de nuestra conversación, la reforma judicial federal exhibió su verdadero rostro en los juzgados de Huautla: tres hombres mazatecos esperaron en vano a defensores federales que nunca llegaron. “Nos comunicaron que fue por cuestiones administrativas, por los cambios de la nueva administración”, relata Argelia con paciencia. La modernización anunciada como democracia resulta ser, una vez más, reorganización burocrática que entorpece la defensa de los más vulnerables.

“Esto sí nos llama la atención porque ya incide directamente en los procesos de defensa de una comunidad originaria que ha sufrido dilaciones sistemáticas”, advierte. La amenaza no es hipotética: la sustitución de defensores federales capacitados por “personas amigas y de confianza de la nueva administración” ejemplifica la constante del poder mexicano: destruir lo que funciona en nombre de la lealtad política.

La Criminalización del Agua

La persecución se activa en el momento exacto en que la asamblea decide defender el río Xangá Ndá Ge. La defensa del agua se convierte en delito; la protección del territorio se traduce en expedientes judiciales. El caso de Manuel Zepeda Cortés es paradigmático: “En 2011, desde que la asamblea detectó prácticas ecocidas, su extractivismo fue denunciado públicamente y la respuesta del Estado fue persecución: delitos fabricados entre 2011 y 2013”.

El Estado toleró durante años el saqueo caciqul, pero cuando la comunidad ejerce soberanía, los expedientes se multiplican. Los delitos —homicidio, daños por incendio— son un disfraz legal que oculta el verdadero crimen: la persistencia de la autoorganización comunitaria que desafía el monopolio estatal sobre la soberanía territorial.

El Cuerpo Enfermo del Sistema Judicial

Francisco Durán, campesino mazateco con ocho hijos que no habla castellano, pasó seis años en prisión por delitos fabricados. Cuando finalmente obtuvo su libertad en 2024, el magistrado Javier García de la Tercera Sala Penal Unitaria intentó “resucitar” cargos prescritos para enviarlo de vuelta a la cárcel. Entre Durán y García media un abismo: uno defiende su vida y la de su comunidad, el otro representa un sistema que criminaliza la autonomía indígena.

“Es increíble como el poder judicial de Oaxaca se preste para encarcelar a un hombre indígena desprovisto de casa, porque se la despojaron durante la prisión injusta”, denuncia Argelia. La victoria en el amparo, logrado en Boca del Río, no solo devolvió la libertad a Durán, sino que sentó precedente legal y expuso la complicidad de un aparato judicial mercantilizado y sometido al caciquismo.

Mujeres en Plantón: La Estrategia de la Exhibición Pública

El plantón de dos años y medio frente al Consejo de la Judicatura Federal revela la estrategia comunitaria: visibilizar públicamente la injusticia para obligar al poder a actuar. “Tuvimos que sacar a la calle a los funcionarios, al secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, para que desde afuera quedara como testimonio público”, relata Argelia.

Gracias a esta presión, el 4 de julio de 2022 se logró un convenio que garantizó defensa federal gratuita a personas indígenas de Oaxaca. La máxima se confirma: las autoridades no cumplen hasta que se les exhibe públicamente. La justicia en México solo funciona bajo escrutinio y presión.

La Cuarta Transformación y sus Continuidades Caciquiles

La colusión de la diputada federal Eliza Zepeda Lagunas, de Morena, con el poder judicial oaxaqueño demuestra que la “cuarta transformación” reproduce los mismos mecanismos de control que caracterizaron al régimen priista. La retórica multicultural convive con la criminalización selectiva.

“Al Congreso Federal que se coludió con Elisa Zepeda en 2019, 20 y todavía parte del 21”, denuncia Argelia, evidenciando que la continuidad estructural del poder político trasciende cambios partidistas. Cada día que los catorce desplazados siguen fuera de su tierra confirma que la justicia mexicana está diseñada para fallar.

El Desplazamiento Como Arma de Guerra

Catorce nombres: Jaime Jacob, Jaime Vidauria, Artemio Vidauria, Ranulfo Vidauria, Jorge Betanzos, Isaías Gallardo, Francisco Jorge Betanzos, Omar Hugo Morales, Rubén Cerqueda, Braulio Cerqueda, Wilfrido Salazar, Lucio Carrera, Rogelio López, Carlos Pacheco. Todos ellos llevan más de una década alejados de sus hogares. Algunos pasaron por la cárcel como presos políticos; otros fueron perseguidos con nuevas órdenes de aprehensión al salir.

El desplazamiento no es un efecto colateral: es herramienta de desarticulación comunitaria. Cada ausencia debilita la defensa del río, fragmenta la organización y convierte el territorio en espacio vulnerable al despojo.

El Rostro del Extractivismo Judicial

La persecución muestra un patrón claro: mientras el Estado tolera la devastación, castiga a quienes defienden el territorio. “La propia asamblea es el agua, y si no defiende el río no se está defendiendo a sí misma”, explica Argelia. Cada expediente, cada cargo fabricado, cada auditorio vacío de justicia federal revela que el aparato judicial protege intereses extractivistas y penaliza la resistencia comunitaria.

Crisis Humanitaria y Complicidad Internacional

“Todos esos compañeros deben regresar a casa ya. Después de más de diez años de criminalización, es urgente que se vuelva la mirada hacia Eloxochitlán de Flores Magón”, reclama Argelia. La complicidad internacional se manifiesta en inversión extranjera que financia el despojo, en organismos internacionales que validan la democracia mexicana mientras se criminaliza la autonomía indígena, y en ONG que funcionan como coartadas del poder.

Solo la vigilancia independiente, construida fuera de instituciones cooptadas, puede frenar la impunidad.

La Urgencia de lo Imposible

La entrevista con la defensora  Argelia Betanzos concluye con una cita de Ricardo Flores Magón que condensa la estrategia de transformación: “todas y todos unidos sí podemos arrancar la libertad y la justicia que le corresponde a Eloxochitlán de Flores Magón, porque hemos aprendido y reitero que solo en la organización de los pueblos, de las individualidades y colectividades, está la justicia”.

La palabra “arrancar” no es metáfora: describe la acción directa necesaria para recuperar derechos que no serán concedidos voluntariamente por el poder. La justicia mazateca no llegará por vía electoral, reforma judicial o negociación institucional. Debe ser arrancada mediante organización, presión sostenida y solidaridad territorial.

La transformación radical comienza al aceptar que la soberanía estatal no es indivisible y que existen formas legítimas de organización social que preceden y trascienden al Estado-nación. La autonomía de los pueblos originarios no pide limosnas: exige reconocimiento pleno de una legitimidad que nunca fue arrebatada completamente.

El caso de Eloxochitlán no es excepción sino síntoma de un modelo que criminaliza sistemáticamente las alternativas al extractivismo capitalista. La persecución mazateca describe a un gobierno donde la “cuarta transformación” convive cómodamente con la criminalización selectiva. Cada día que los catorce perseguidos siguen en el exilio, cada magistrado corrupto que revive cargos prescritos, cada defensor público ausente por “reorganización administrativa”, confirma que la justicia mexicana está diseñada para fallar.

La autonomía mazateca enseña que la transformación verdadera solo puede construirse desde abajo, con memoria y dignidad. Cuando la montaña y el agua se reúnen en asamblea, ejercen una soberanía más legítima que la de cualquier tribunal corrupto. Reconocer esta verdad no es consigna política: es condición indispensable para imaginar un país donde la justicia no sea privilegio de unos pocos sino derecho que nace de la comunidad organizada.

La historia reciente de Eloxochitlán confirma que solo la organización territorial, la solidaridad efectiva y la presión sostenida pueden arrancar las libertades que el Estado se niega a reconocer. La justicia real no se concede: se construye desde la resistencia comunitaria que hace indivisibles la defensa del territorio, la preservación de la lengua y el ejercicio de la autonomía. En esa construcción colectiva, donde la montaña y el agua convergen en asamblea, comienza la transformación que México necesita pero que sus instituciones no pueden ofrecer.

A continuación, se presenta un panorama del estatus legal de los presos políticos de Eloxochitlán, que ilustra las inconsistencias del sistema judicial y los logros de la defensa comunitaria y legal a lo largo de los años.

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