Desde el campamento de las familias mazatecas de Eloxochitlán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Joaquina, integrante de la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, llamó a las comunidades a no bajar la guardia ante las presiones de las dependencias públicas y el avance de los proyectos de despojo.
Por Kino Balu
La comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México convocó a los pueblos originarios a levantar la voz y mantener la organización comunitaria ante el hostigamiento institucional y los procesos penales aplicados contra quienes defienden la tierra y el agua. Durante una jornada de articulación celebrada en la banqueta de la calle Pino Suárez, Joaquina, originaria de Santiago Mexquititlán, Querétaro, expuso que la persecución judicial opera como un patrón documentado contra las comunidades movilizadas:
“No tenemos que esperar a que un familiar de nosotros o compañero sea detenido para que empecemos la lucha; es desde ahora empezar a caminar y demostrar la resistencia de los pueblos”.
Con esa postura explicó los motivos de su presencia en el campamento indefinido que mujeres y familias mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón sostienen frente a la sede del Poder Judicial federal.
Criminalización y el llamado a las comunidades
para Radio Huaya
La resistencia mazateca y otomí frente al despojo
La delegada comunitaria encaró la actuación de los aparatos ministeriales ante los reclamos agrarios y de bienes comunales. Explicó cómo la apertura de expedientes penales se utiliza para desarticular el tejido organizativo de los pueblos.
“Vemos que nada más por defender tu territorio o por levantar la voz ya somos criminales. O sea, no tenemos derecho de levantar la voz, no tenemos derecho de defendernos”.
En un mensaje dirigido de manera directa a las comunidades otros pueblos originarios, la reperesntante otomí insistió en la necesidad de sostener los acuerdos comunitarios frente a la presencia de corporaciones armadas y dependencias gubernamentales:
“Yo quiero decirles como mujer indígena, pues que toda como mujer o como hombre levantemos la voz. Aunque este gobierno sí nos mande a hostigar en nuestras comunidades, no bajemos la guardia, sino levantar la voz por el pueblo. Si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer?”
La Casa de los Pueblos y los proyectos de infraestructura
Como experiencia directa de recuperación del espacio público, Joaquina detalló la ocupación de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la alcaldía Coyoacán, tomada en octubre de 2020 y rebautizada desde entonces como Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. La acción colectiva respondió a cuatro décadas de gestiones burocráticas ignoradas para el acceso a vivienda en la capital.
“Nuestros compañeros ya van caminando y luchando más de 30 a 40 años aquí en la Ciudad de México. Han pedido una vivienda digna para ellos y para sus hijos, y veían que estos gobiernos no les atendían; recibían sus peticiones, pero nunca había respuesta. Dijimos: tenemos que poner un ya basta de que nos sigan pisoteando o discriminando”.
De acuerdo con el testimonio, la permanencia en el inmueble no concluye en la demanda urbana, sino en la fiscalización de las decisiones que el organismo oficial operaba desde esas oficinas contra los territorios indígenas del sureste del país:
“En ese edificio se trabajaba y se manipulaban los proyectos como el Tren Maya; allí se otorgaban los permisos para ir a los pueblos a destruir las tierras, y muchos pueblos de las comunidades no lo sabían. Por eso nuestro objetivo es tanto el derecho a la vivienda como caminar juntos con los pueblos y defendernos uno al otro”.
El nombre del inmueble recuperado reivindica al comunicador comunitario y defensor nahua Samir Flores Soberanes, asesinado en febrero de 2019 en Amilcingo tras encabezar la oposición al Proyecto Integral Morelos y a la termoeléctrica de Huexca:
“Nosotros decidimos nombrarla Casa de los Pueblos porque es casa de todos los pueblos, no como decía Adelfo Regino Montes, que era Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pero nunca nos recibió. Le pusimos Samir Flores Soberanes por un compañero que caminaba en el Congreso Nacional Indígena y defendía su territorio contra la termoeléctrica, proyecto que el gobierno dijo que iba a detener, pero al final de cuentas van y destruyen en nuestras comunidades”.
Articulación con el CNI y el zapatismo
La intervención de Joaquina se dio durante los trabajos de coordinación logística y política ante la próxima llegada de delegaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la Ciudad de México:
“Ahorita estamos trabajando mucho y pidiendo a diferentes organizaciones que se incorporen. Todos tenemos diferentes demandas, pero es la misma lucha. Nos sentimos con orgullo porque vuelven otra vez a la Ciudad de México a demostrar a este gobierno que los zapatistas siguen en su lucha, y poder recibirlos significa mucho para nosotros”.
La presencia otomí acompañó la jornada en la que la asamblea comunitaria de Eloxochitlán informó sobre la confirmación del amparo por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. La resolución judicial desechó las impugnaciones de Elisa Zepeda Lagunas y dejó sin efectos 200 órdenes de aprehensión libradas en 2025 sobre hechos de 2014, abriendo el paso a la solicitud legal que exige a la Fiscalía de Oaxaca revocar los mandamientos pendientes contra 14 campesinos exiliados.
A la fecha, las autoridades federales mantienen congeladas las mesas sobre vivienda para la comunidad otomí, mientras la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha resuelto la cancelación formal de las órdenes de captura contra los comuneros mazatecos. En ambos frentes, la determinación de sostener la ocupación y el campamento coloca a las instancias del Estado frente a una disyuntiva concreta: responder a las resoluciones jurídicas y a las demandas territoriales documentadas, o prolongar el desgaste administrativo frente a una organización comunitaria que no ha cedido sus espacios.
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