La estadística oficial no alcanza a registrar la densidad del vacío que atraviesa el territorio mexicano.
Con más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas registradas formalmente en el país, la conmemoración del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, vuelve a poner frente a nosotros una realidad que las cifras no consiguen explicar por completo: la debilidad estructural del Estado ante una crisis de desapariciones que permanece sin resolución.
Mientras las instituciones gubernamentales intentan reducir la dimensión del problema mediante reclasificaciones administrativas, las familias buscadoras de Coahuila, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Chiapas y el Estado de México llevan sus fotografías, sus nombres y sus exigencias a las calles. El asfalto del corredor cívico se convierte así en un espacio de denuncia, memoria y exigencia de justicia.
Esta corresponsalía de El Giro de la Rueda complementa el episodio “Desapariciones y Memorias: el caminar de las familias buscadoras”, transmitido desde la Glorieta de las y los Desaparecidos, con la participación de Kino Balu para Radio Huaya.
Desapariciones y Memorias: el caminar de las familias buscadoras – El Giro de la Rueda
Porque cuando el Estado no encuentra, las familias siguen buscando.
Esto es El Giro de la Rueda.
Por Kino Balu
La contabilidad del despojo y la ocupación de la memoria
La estadística oficial no alcanza a registrar la densidad del vacío ni la dimensión de la fractura social que atraviesa el territorio mexicano. Mientras las instancias gubernamentales intentan estabilizar el saldo de la violencia mediante reclasificaciones administrativas, depuraciones metodológicas y censos que diluyen la gravedad del fenómeno, la conmemoración del 30 de agosto —Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas— desborda cualquier cálculo burocrático al confrontar al Estado con una cifra viva en permanente disputa: más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas formalmente registradas en el país y un colapso forense estructural que mantiene a más de 70 mil cuerpos y restos óseos sin identificar bajo el resguardo pericial de las fiscalías. Frente a este rezago que bloquea el derecho a la verdad y a la restitución digna, delegaciones de familias provenientes de Coahuila, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Chiapas y el Estado de México transforman el asfalto del principal corredor cívico de la nación en un tribunal a cielo abierto. No se trata de una concentración testimonial efímera, sino de la edificación física de un archivo contra el olvido, donde mantas monumentales con la cifra de 133,000 estampada en trazos bermellón, nubes densas de humo verde y centenares de cédulas de búsqueda interpelan directamente la inacción ministerial, los retrasos de los servicios periciales y el abandono estructural de las instituciones.
La emergencia se manifiesta en una doble parálisis que las familias han registrado paso a paso: por un lado, la alteración constante de los registros públicos que busca reducir artificialmente el padrón de víctimas; por el otro, el embudo forense en el que miles de restos permanecen en cámaras frigoríficas, fosas comunes y anfiteatros sin ser confrontados con las muestras genéticas de quienes los buscan. Esta crisis golpea con especial dureza a hombres jóvenes en edad productiva, pero registra un incremento alarmante y sostenido en las desapariciones de mujeres y adolescentes vinculadas a redes de trata y violencia feminicida, así como de personas migrantes en tránsito, periodistas comunitarios y defensores del territorio. Cada expediente que el Estado congela se convierte en un mandato de búsqueda en vida y en campo que las familias deben asumir por cuenta propia, recorriendo predios clandestinos, oficinas burocráticas y centros penitenciarios ante la indiferencia de los tres órdenes de gobierno.
El lenguaje visual de la movilización subvierte de manera deliberada los símbolos cotidianos. Madres, padres y hermanos, hijos, hijas, visten camisetas deportivas con los colores tradicionales de la indumentaria de fútbol, pero han cancelado los apellidos de los jugadores comerciales para imprimir en las espaldas los nombres de quienes les faltan: Erick Jonathan, Diego y Jorge, Gerardo. Sentados en hileras sobre sillas plegables, dando la espalda al tránsito ininterrumpido de los vehículos, los familiares convierten la prenda común en un testimonio andante y en un estandarte de reclamo colectivo. Frente a las mamparas tapizadas de fichas de localización, la comunidad instala una mesa cubierta con manteles blancos donde descansan arreglos florales, globos y un pastel de cumpleaños con la leyenda “Feliz Cumple”, dispuesto junto a la fotografía de Diego. En ese acto, el rito doméstico que fue truncado por la violencia criminal se traslada a la intemperie para afirmar la dignidad de la vida y recomponer el duelo arrebatado frente a la frialdad de los números oficiales.
La ocupación del espacio materializa el choque frontal entre dos realidades incompatibles de justicia: la de las dependencias oficiales que archivan carpetas desarticuladas y la de las redes de búsqueda que barren el país con sus propios recursos. Las organizaciones señalan que la falta de certeza técnica en las bases de datos federales obedece a una política de ocultamiento orientada a desarmar la indignación pública. Las lonas monumentales desplegadas durante la marcha, como aquellas que exigen la presentación con vida del abogado indígena y defensor de derechos humanos Dr. Ernesto Sernas García por parte de la Corriente del Pueblo Sol Rojo, demuestran que la desaparición forzada en México no es un subproducto del delito común, sino una tecnología de silenciamiento político y despojo territorial que se perpetúa gracias a la impunidad ministerial.
El textil y los dispositivos de comunicación libre
Frente al desgaste institucional de los ministerios públicos y el silencio de las fiscalías, las familias han desarrollado un medio propio de la memoria basado en el tacto, la manufactura textil y la comunicación a ras de suelo. Bajo carpas alargadas donde se concentran decenas de personas, el dolor se sustrae de la pasividad mediante el Taller de Bordado por la Paz y la Memoria. Sobre lienzos rústicos de tela de manta cruda, agujas guiadas por manos curtidas por la búsqueda trazan siluetas de colibríes multicolores en pleno vuelo, acompañadas de oraciones civiles y compromisos indelebles:
“Te buscamos con fe, te encontramos con amor y te honramos exigiendo justicia”.
De cordones alargados al aire cuelgan corazones acolchonados de tela blanca y pañuelos bordados con los nombres de Jael Monserrat, Wendy, Irenia y Eduardo, expuestos bajo el sol como si tendieran una rama de esperanza que se ve, se toca y que se resiste a desaparecer en los legajos judiciales.
El bordado colectivo se convierte en un contra-archivo forense: donde el Estado entrega oficios, legajos ilegibles y cajas sin clasificar, los bordados y las fichas devuelven la identidad, el calor corporal y la biografía de cada una de las víctimas. A un costado de las mesas de costura, brigadas de familiares y acompañantes solidarios despliegan mesas de corte, diseño y plastificado masivo de cédulas o fichas de localización. Con cubetas de engrudo tibio y brochas, las brigadas intervienen puestos, postes y paradas del metrobús, asegurando que las fotografías de los y las ausentes queden adheridas al mobiliario urbano y no puedan ser retiradas con facilidad por las cuadrillas de limpieza del gobierno de la ciudad, afirmando la presencia física del reclamo en el corazón de la vida de esta ciudad.
La necesidad de rodear el cerco informativo impuesto por las cadenas tradicionales de televisión y de las conferencias mañaneras encuentra su cauce en la comunicación libre a pie de calle. Al lado de los muros tapizados de fichas, se enciende el letrero de “AL AIRE” de la cabina comunitaria de Radio Hasta Encontrarles, un esfuerzo colaborativo articulado con la organización Técnicas Rudas, la Colectiva ADA y el equipo de producción de El Pódcast de la Abuela Ruda (producido desde el molcajete al Raspberry). Con consolas portátiles y micrófonos instalados sobre mesas de madera a unos metros de la glorieta, madres, padres y hermanos toman la palabra sin intermediarios para denunciar el congelamiento de sus expedientes, relatar los hallazgos en fosas clandestinas y articular redes de ayuda mutua.
En esta misma atmósfera de creación contra-hegemónica convergen nuevas narrativas de agitación visual y digital, representadas en la presencia del “Zorro Buscador”, personaje en overol naranja de rescate impulsado por el colectivo Madres y Guerreras Buscadoras. Portando un cartel que invita a los transeúntes a fotografiarse junto a él para amplificar las fichas en redes sociales con la consigna #HastaEncontrarles, el personaje tiende un puente entre la ocupación de la calle y las plataformas digitales, exhibiendo cédulas de personas ausentes en municipios del Bajío y del norte del país, como María Isabel Pérez Cervantes (desaparecida el 3 de octubre de 2020 en Pénjamo, Guanajuato), María Guadalupe Ibarra Ortiz (desaparecida el 25 de abril de 2020 en Salvatierra, Guanajuato y posteriormente confirmada como localización sin vida), Antonio Jaime Aldaco Juárez (desaparecido el 27 de marzo de 2010 en Saltillo, Coahuila) y Blanca Medina Saucedo (desaparecida el 9 de marzo de 2012 en la misma entidad coahuilense).
La jornada formativa y política se profundiza con la exhibición audiovisual a cielo abierto del documental “Las madres buscadoras en el Mundial”, producido por el medio independiente Desinformémonos. La proyección expone el contraste lacerante entre las inversiones multimillonarias destinadas a la infraestructura deportiva de grandes eventos internacionales y la precariedad absoluta de los colectivos que deben adquirir con sus propios ingresos palas, varillas en “T”, picos y reactivos químicos para localizar restos óseos en predios abandonados, confirmando que la búsqueda en México es una labor sostenida casi exclusivamente por la fuerza comunitaria de las mujeres.
Voces situadas
La crisis de las desapariciones se corporiza en los testimonios directos de quienes han debido asumir el papel de investigadoras, peritos y archivistas ante la incompetencia del aparato judicial. Las voces escuchadas durante la movilización del 30 de agosto revelan un engranaje específico de la maquinaria de impunidad que impera en los distintos niveles de gobierno.
La hermana de Zury Joceline Miranda Flores porta la urgencia de quien sabe que las primeras horas resultan determinantes para la localización con vida. La joven desapareció apenas once días antes de la jornada, el 19 de agosto de 2026, en la unidad habitacional Solidaridad de la colonia Santa Martha Acatitla.
“Pues porque no sabemos de ella y queremos saber dónde está, que se encuentra bien y así como ella hay muchos más desaparecidos queremos que vuelvan a casa sanos y salvos”.
Sobre las exigencias puntuales hacia las autoridades:
“Que hagan su trabajo correspondiente, que busquen y que contra lo que sea que tenga que hacer pues vuelvan ellos a casa”.
Aunque en estos primeros días la fiscalía ha mostrado una respuesta preliminar y reporta avances incipientes en la integración de la carpeta, su presencia en la calle señala que solo la presión pública garantiza que las investigaciones iniciales no terminen archivadas como miles de expedientes previos.
En el extremo opuesto del desgaste temporal se encuentra la madre de Nadia Guadalupe Morales Rosales, cuya hija fue desaparecida el 27 de octubre de 2017 en la ciudad de Puebla. Con la gravedad de quien acumula casi una década de trámites infructuosos, la madre se planta en la concentración portando la imagen de Nadia estampada en su ropa para impedir que el caso quede sepultado bajo el olvido administrativo.
“Es importante para seguir visibilizando las fichas y la desaparición que existe en la ciudad de Puebla”.
Y cuando se pronuncia sobre las demandas hacia los gobiernos estatal y federal:
“Pues que hagan su trabajo y que no nos dejen solas, que nos acompañen en esta lucha que traemos de buscar a nuestros seres queridos. Mi hija desapareció el 27 de octubre del 2017, va a hacer 9 años que desapareció”.
Su testimonio resume la soledad estructural a la que son empujadas las familias cuando las fiscalías locales renuncian de facto a la investigación activa.
La fragmentación y negligencia del sistema procesal mexicano se manifiesta con crudeza en el caso de Juan Carpintero Pavón, desaparecido el 22 de febrero en el municipio de Arandas, Jalisco. Sus familiares acuden a denunciar una falla insólita y recurrente: la falta de conexión ministerial entre distintas dependencias cuando los sospechosos de un crimen han sido asegurados pero no son interrogados para fines de búsqueda.
“Nosotros hicimos la denuncia, la fiscalía no hizo búsqueda inmediata, ni siquiera en el municipio de Arandas ni Jalisco. Aquí en la Ciudad de México tienen detenidos a los presuntos responsables de la desaparición de mi hermano. Lo que estamos buscando es ayuda para que puedan entrevistar a estos responsables y decirnos a dónde está mi hermano”.
“Porque queremos visibilizarlo, hacer saber que las autoridades no están haciendo su trabajo como debería de ser y solamente así podemos hacer visibles a los desaparecidos”.
La madre de José Alfredo Iglesias Cordero, quien lleva seis años buscando a su hijo tras haber presentado la denuncia en Texcoco, Estado de México, comprende que la prensa representa el único canal disponible para romper el cerco gubernamental y obligar a los funcionarios a asumir sus responsabilidades.
“Es importante para mí porque pues entonces vienen todos los periodistas, ponen su atención hacia nosotros y se da a conocer en todo el país y a lo mejor pues en el mundo entero, ¿verdad? Yo agradezco a todos los periodistas y aquí es donde nos pueden ver y hacer una entrevista… Pues más apoyo para la búsqueda de nuestros familiares y pues que ponga atención en los que trabajan en el gobierno para que hagan su trabajo realmente”.
El drama humanitario de las rutas migratorias hacia el norte del continente se encarna en la voz de Carlos, padre de familia originario de Toluca, Estado de México, que busca a su hijo Carlos Eduardo Monroy. El joven desapareció el 19 de marzo de 2022 en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila, mientras intentaba cruzar hacia territorio estadounidense. Desde hace cuatro años y cinco meses, Carlos recorre dependencias oficiales y caminos sin obtener una sola respuesta de las corporaciones encargadas de la seguridad territorial.
“Tengo 4 años 5 meses sin saber de él. Él intentó cruzar para Estados Unidos y desde esa fecha, de que fue el 19 de marzo del 2022 que no sé nada de él y lo hemos estado busque y busque, buscando”.
“Que sean empáticos y que nos apoyen a nivel República, de todos los mandos”.
A estos testimonios se suman los nombres plasmados en las fichas de búsqueda que tapizan las bardas metálicas del memorial: Ana Ameli García Gámez, joven de 19 años desaparecida el 12 de julio de 2025; Leonel Báez Martínez, de 35 años, desaparecido el 29 de noviembre de 2019; Raúl Ventura Santiago; Christian Gutiérrez; Dereck; y José Alberto, cuya fotografía es sostenida por integrantes del Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia. Las fichas detallan rasgos físicos, señas particulares y fechas, componiendo una cartografía del desamparo que abarca desde los valles centrales hasta las zonas mineras y fronterizas del norte del país.
La tríada ética y la disputa física por los antimonumentos
La confrontación contra el olvido institucional rebasa el ámbito de las carpetas penales individuales y se consolida como una postura ética, política e histórica. Durante la mesa redonda “Diálogo entre Colectivas”, representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, del colectivo Huellas de la Memoria y del Antimonumento 5J de Jalisco pronunciaron una crítica frontal contra las políticas estatales de impunidad.
La moderadora del diálogo, Cristina HIjar, abrió la mesa interpelando el sentido mismo del trabajo de memoria en un contexto donde las instituciones desoyen de manera sistemática las recomendaciones nacionales e internacionales:
“¿De qué sirve la memoria en un país de impunidades? Ninguna recomendación ha sido atendida. No hay ningún proceso de reparación en curso y ya no digamos de castigo a los responsables y de garantías de no repetición. ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿Quién tiene que reconocer a quién? ¿Quién determina lo memorable? No es solo la construcción de la memoria histórica en disputa permanente contra el Estado promotor del silencio y del olvido, sino que son las narrativas en pugna derivadas de todo esto respecto a acontecimientos históricos que no dejan nunca de acontecer. De ahí que el punto de partida sea memoria, verdad y justicia como tríada inseparable sobre la base de que aquí pasó algo y nos importa”.
Durante la mesa se enfatizó que las organizaciones asumen la memoria como un principio de supervivencia y lucha innegociable:
“Quienes integran esta mesa lo tienen claro. Desde su constitución como colectivos y organizaciones y sobre todo en su trabajo y accionar cotidiano. Han asumido no solo el derecho a la memoria, sino la memoria como declaración ético-política y como herramienta de lucha innegociable. Sabedores de que si no lo hacemos entre todos, nadie lo hará por nosotros”.
En este contexto, se identificaron tres frentes complementarios de resistencia popular: las instituciones defensoras de derechos humanos independientes, los colectivos de base comunitaria y víctimas organizadas, y los proyectos estético-políticos forjadores de poéticas de acompañamiento.
Al tomar la palabra, el representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas rememoró el legado y la entrega de la defensora Blanca Martínez, destacando el papel histórico del Frayba en el acompañamiento a pueblos originarios y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Asimismo, reconoció la labor indispensable de otros centros de defensa legal que sostienen la batalla jurídica junto a los movimientos sociales en distintas regiones del país: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila, el Centro Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Esta disputa ética y política adquiere una expresión material directa a través de la instalación de antimonumentos en el espacio público. La colocación del Antimonumento +43 el 26 de abril de 2015 —en memoria de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014— inauguró una práctica de intervención cívica que ha sumado al menos 17 piezas similares en plazas y avenidas neurálgicas de la República Mexicana. Estas estructuras metálicas no solo denuncian hechos represivos específicos, sino que arrebatan al Estado el monopolio del paisaje urbano, transformando camellones y glorietas en recordatorios permanentes de las deudas del poder público.
La respuesta gubernamental frente a estos dispositivos ha sido de hostilidad y desmantelamiento físico. El caso del Antimonumento 5J, instalado en Guadalajara para conmemorar el tercer aniversario de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas conocidas como el “Halconazo Tapatío”, ejemplifica la política de borrado oficial: la pieza fue retirada por órdenes directas del entonces gobernador Enrique Alfaro antes de concluir su sexenio en 2024. Esta agresión institucional contra la memoria ocurrió en Jalisco, la entidad federativa que concentra el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas de acuerdo con los registros oficiales del país, confirmando que para los gobernantes resulta más urgente erradicar los símbolos del reclamo ciudadano que investigar los crímenes y presentar con vida a las víctimas.
El fandango sobre la tarima y la vigilia del porvenir
Cuando la luz del atardecer comienza a declinar y el oscurecimiento de los “picos” de los edificios envuelve la avenida de Reforma, la concentración de las familias no se disuelve: transita hacia un espacio de acuerpamiento, ritualidad y sanación comunitaria. Sobre una tarima de madera colocada al pie de los memoriales, las jaranas, la leona y los zapateos del Fandango por la Memoria y la Dignidad rompen la pesadumbre del domingo chilango. Jaraneros y versadores entonan coplas dedicadas a la exigencia de presentación con vida, hilando la música popular y la fiesta comunitaria como herramientas indispensables de reparación colectiva frente al dolor sistemático.
Al caer la noche, la Glorieta de Las y Los Desaparecidos no queda en silencio ni abandonada. Las familias se sientan frente a las vallas donde están las fichas plastificadas y encienden hileras continuas de veladoras.
Una llama pequeña y temblorosa sobre el suelo ilumina los nombres y rostros de quienes hacen falta, proyectando sus miradas. Esta vigilia nocturna no representa una despedida resignada, sino la confirmación de una permanencia inquebrantable: mientras no exista verdad, mientras los más de 70 mil cuerpos continúen sin nombre en los servicios periciales y las fiscalías sigan postergando la justicia, las calles seguirán siendo el archivo vivo y el territorio de la memoria colectiva.
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