Por Kino Balu

La maquinaria tritura rocas junto al río Xangá Ndá Ge mientras David Peralta ajusta su cámara fotográfica. Es Abril de 2025, y por primera vez en una década, alguien logra documentar lo que la comunidad mazateca de Eloxochitlán ha denunciado sin ser escuchada: la devastación sistemática de su fuente de vida. Manuel Cepeda, el cacique que controla la extracción de material pétreo, no tardará en responder. En minutos, David será agredido físicamente, amenazado de muerte y despojado de su equipo. La violencia no se detiene en el río; se extiende como una red que asfixia a toda una comunidad que osa defender su territorio.

Condensemos la lógica que opera en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca: quien documenta el despojo sufre la violencia del poder; quien defiende el territorio, es criminalizado. Son más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas de una comunidad que apenas supera los 4,000 habitantes. Las cifras revelan una estrategia de aniquilación política que trasciende la mera persecución judicial para convertirse en un experimento de control territorial totalitario.

 La Criminalización Masiva Como Política de Estado

Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, ha sido testigo de la resistencia mazateca. Su testimonio destruye cualquier ilusión sobre la justicia en México:

“Tuvimos conocimiento, gracias a que las compañeras mazatecas nos compartieron esta información, de que la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca había reactivado casi 200 órdenes de aprehensión en contra de más de 56 personas de la comunidad. Esto pues representó para el Observatorio Memoria y Libertad pues una amenaza muy grave, ya que nosotros hemos podido documentar actos de detenciones arbitrarias en la comunidad. Tan solo en el año 2023, al terminar la segunda faena internacionalista, pues tuvimos conocimiento y se pudo documentar la detención arbitraria de tres compañeros de la comunidad, Ranulfo Vidaurría, Jaime Vidaurría y Artemio Vidaurría, quienes pues además de ser detenidos arbitrariamente fueron torturados, fueron golpeados, amenazados de muerte, obligados a permanecer en posiciones incómodas, se les negó el agua, se les negó el alimento.”

El terrorismo judicial un artefacto perfeccionado durante décadas de contrainsurgencia que ahora se aplica con precisión contra comunidades que defienden sus territorios. La reactivación masiva de órdenes de aprehensión funciona como una espada de Damocles: no importa si se ejecutan todas, basta con que existan para paralizar la vida comunitaria.

El modelo Eloxochitlán revela cómo el Estado mexicano ha mutado sus estrategias represivas. Ya no necesita, de momento, de  fosas comunes masivas ni desapariciones forzadas sistemáticas cuando puede lograr el mismo efecto mediante la judicialización de la resistencia. La asamblea comunitaria se convierte en una “asociación delictuosa”, cada defensora o defensor del territorio en un “criminal”, cada acto de resistencia en un “delito contra la paz social”.

El Despojo Hidráulico: Cuando el Agua se Convierte en Dinero

Mientras los tribunales fabrican criminales, las máquinas de Manuel Cepeda devoran el río que sustenta la vida mazateca. El Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban documentó durante la Primera Misión de Observación Civil daños irreversibles en la morfología del río: desviación del cauce, interrupción de la continuidad, pérdida de estabilidad en los taludes, ampliación de los límites del cauce y disminución del caudal.

Karen Castillo explica la dimensión devastadora de esta destrucción:

“La mayoría de las actividades primarias de la comunidad pues están ligadas al agua, como es la siembra, como es el riego, como es el cuidado de los animales y pues claro también el consumo de agua, la necesidad de tener agua para todas las actividades diarias y que en este momento pues empieza a haber esa alerta de que la fuente primaria de agua de la comunidad pues está en riesgo.”

El río Xangá Ndá Ge no es solo una fuente de agua; es el eje vertebrador de la cosmogonía mazateca, el cordón umbilical que conecta a la comunidad con su territorio ancestral. Su destrucción no constituye únicamente un ecocidio, sino un etnocidio calculado: matar la cultura matando el territorio que la sustenta.

La extracción de material pétreo representa el rostro más crudo del capitalismo extractivista contemporáneo. No requiere grandes inversiones internacionales ni tecnología sofisticada; basta con la complicidad de caciques locales y la cobertura del aparato judicial para convertir ríos en mercancías y comunidades en obstáculos a remover.

La Geografía del Miedo

La represión en Eloxochitlán no opera solo a través de detenciones y procesos judiciales. Ha creado una geografía del miedo que reconfigura la vida cotidiana hasta volverla irreconocible. Karen describe esta realidad dolorosa:

“Hay muchas veces que personas de las familias criminalizadas no pueden asistir a tequios, a fiestas comunitarias, a los eventos que se realizan en el centro del pueblo y que en su mayoría asisten. Estos grupos, este grupo caciquil, el miedo a asistir a citas médicas en Huautla, cuando se revocan libertades, entonces pues en lo cotidiano es como si la comunidad, y es lo que varios nos dicen, pues estuviera encarcelada dentro de su misma comunidad. El no poder estar libres en su comunidad, el no poder transitar libremente, no poder realizar las actividades cotidianas, familiares, comunitarias en la comunidad.”

Esta prisión sin muros constituye la forma más perversa de control social: convertir el territorio propio en espacio de amenaza, transformar la comunidad en cárcel. Las personas criminalizadas viven bajo un régimen de hipervigilancia constante, donde cada movimiento debe calcularse, cada trayecto planificarse, cada encuentro social evaluarse como riesgo potencial.

La lógica del miedo opera también con precisión de género. La persecución se ha concentrado principalmente en hombres, forzando a las mujeres a asumir el liderazgo político de la resistencia. Esta no es casualidad: el patriarcado caciquil sabe que atacar a los hombres desarticula las estructuras tradicionales de poder, mientras que criminalizar a las mujeres generaría mayor indignación social.

La Resistencia Como Forma de Vida

Sin embargo, Eloxochitlán no es solo una historia de victimización. Es también un laboratorio de resistencia comunitaria que ha logrado mantener su organización autónoma durante una década de asedio. La Primera Misión de Observación Civil reveló la fortaleza de una comunidad que, aún criminalizada, ofrece hospitalidad, organiza colectivamente y mantiene viva su identidad cultural.

“Al mismo tiempo que vivimos ese hostigamiento, podemos vivir en un periodo muy corto el nivel de resistencia que la comunidad ha tenido, porque a pesar de este hostigamiento, pues las compañeras siguen saliendo a perifonear. Entonces también nosotros las acompañamos, o siguen saliendo a marchar, o se siguen reuniendo, siguen buscando firmas, buscando apoyo de la comunidad”, relata Karen.

Esta resistencia cotidiana desmiente las teorías académicas sobre la “fatiga social” y el “agotamiento comunitario”. Eloxochitlán demuestra que las comunidades pueden sostener luchas prolongadas cuando estas se enraizan en la defensa de elementos constitutivos de su identidad colectiva.

La estrategia de las misiones de observación civil representa una innovación en las formas de acompañamiento a comunidades criminalizadas. Al involucrar a organizaciones diversas en un esfuerzo multidisciplinario, se rompe el aislamiento que el poder busca imponer y se construyen redes de solidaridad que trascienden las fronteras locales.

Hacia una Política de Liberación Territorial

La experiencia de Eloxochitlán exige repensar radicalmente nuestras estrategias de defensa territorial. No basta con denunciar las violaciones a derechos humanos ni con exigir el cumplimiento de marcos legales que han demostrado su complicidad con el despojo. Se requiere una política de liberación territorial que parta del reconocimiento de que el Estado mexicano, en su configuración actual, es estructuralmente incapaz de garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

La cancelación inmediata de las 200 órdenes de aprehensión constituye solo el primer paso de un proceso que debe incluir: la restauración integral del río Xangá Ndá Ge, la reparación del daño a las víctimas de criminalización, el desmantelamiento de las redes caciquiles que operan con impunidad y el reconocimiento pleno de la autonomía territorial mazateca.

Pero la liberación de Eloxochitlán no puede lograrse solo desde Eloxochitlán. Requiere la construcción de un movimiento nacional que articule las luchas de las comunidades criminalizadas por defender sus territorios, que dispute la narrativa hegemónica sobre la “seguridad” y el “desarrollo”, y que construya alternativas reales al modelo extractivista.

La comunidad mazateca ha demostrado que es posible resistir una década de terror estatal manteniendo la dignidad y la organización colectiva. Ahora corresponde al resto de la sociedad decidir si ese ejemplo de resistencia inspirará una transformación radical o si permitiremos que Eloxochitlán se convierta en el modelo de lo que el poder puede hacer con cualquier comunidad que ose defender lo que ama.

El río Xangá Ndá Ge sigue fluyendo, herido pero no vencido. Como la resistencia de quienes lo defienden.

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