Por Kino Balu

Por la mañana del 28 de junio de 1995, camiones de redilas repletos de campesinos avanzaban por el vado de Aguas Blancas. No sabían que los esperaban armas largas y una orden de exterminio.

El operativo fue registrado desde dentro: una cámara sostenida por policías capturó cada movimiento, cada disparo, cada cuerpo tendido. La ejecución no fue improvisada. Fue planeada, ejecutada y grabada por el Estado.

Treinta años después, la grabación sigue existiendo. Inmutable. Incómoda. Hiriente. Y sin consecuencias judiciales.

Los crímenes de Estado operan desde las sombras, protegidos por el silencio institucional y la destrucción sistemática de pruebas. Rara vez aparecen a la luz con el grado de documentación necesario para ser confrontados, y más extraño aún es que algunos queden registrados desde el interior mismo del aparato represor, como si el poder necesitara contemplarse destruyendo vidas para validar su supremacía absoluta.

El archivo como confesión del poder

La masacre fue justificada con un montaje audiovisual: la versión oficial hablaba de un enfrentamiento. Pero la versión original del video, editada por el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer y filtrada después por el periodista Ricardo Rocha, mostraba la verdad.

El video documenta cómo policías motorizados, apostados con rifles automáticos, interceptan a los campesinos, los obligan a bajar, los colocan sobre la tierra y abren fuego. Luego, se observa cómo colocan armas junto a los cuerpos. La cámara no solo capturó el crimen: grabó su encubrimiento.

Pese a su difusión pública, ningún alto funcionario fue juzgado. Figueroa renunció en 1996, pero jamás enfrentó juicio. Zedillo respaldó la versión oficial. Y la impunidad quedó sellada por décadas.

Aguas Blancas representa una anomalía siniestra en esta lógica: un operativo capturado en video donde la violencia estatal se despliega sin máscaras ni justificaciones, ejecutada con una brutalidad que no busca ocultarse. Y pese a todo, la justicia permanece ausente.

Han transcurrido tres décadas. Diecisiete muertos, veintitrés heridos, evidencia plantada, coartadas fabricadas. Todo documentado por la propia maquinaria represiva. Este trigésimo aniversario nos confronta con una obscenidad profunda: tenemos la prueba irrefutable del crimen, pero no la justicia. La masacre está grabada cuadro por cuadro, pero la impunidad permanece intocable.

El Archivo como Testimonio Perpetuo

La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigía a exigir justicia por la desaparición de su vocero Gilberto Romero Vázquez y apoyo para la producción cafetalera. Su crimen fue creer que el Estado podía escuchar antes que disparar. La respuesta llegó en forma de emboscada: policías motorizados que descendieron a los campesinos de sus camiones, los golpearon, los colocaron acostados en la tierra y después los ejecutaron.

Lo que convierte estos treinta años de Aguas Blancas en una herida que se niega a cicatrizar no es solo la brutalidad —Los gobierno mexicanos ha parido muchas masacres cruentas— sino su registro documental. Los propios perpetradores captaron la ejecución en video, editaron el material para justificar el crimen y conservaron la versión íntegra como trofeo de su omnipotencia. El archivo se convirtió en confesión involuntaria, en testimonio que trasciende las intenciones de sus creadores.

Tres décadas después, ese material videográfico funciona como memoria cristalizada, como prueba que ni el tiempo ni las versiones oficiales han logrado destruir. La cámara que documentó el horror se ha transformado en el último bastión de la verdad, en el refugio donde la memoria resiste todos los intentos de borradura institucional.

 La Genealogía de una Resistencia que Perdura

La OCSS había nacido en 1994 como respuesta a la pobreza estructural, el cacicazgo y la violencia sistémica que asolaban las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero. Inspirada en la tradición de resistencia de Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, su lucha era pacífica pero frontal. Exigía fertilizantes, créditos, caminos, hospitales. Sobre todo, exigía que el Estado dejara de matar como política de gobierno.

En estos treinta años, la memoria de Aguas Blancas se ha convertido en algo más que el recuerdo de una masacre: es la síntesis de siglos de despojo y resistencia campesina. Cada aniversario que se conmemora no solo evoca a los diecisiete caídos, sino que actualiza la historia completa de una región abandonada por el Estado pero nunca sometida completamente.

La desaparición de Gilberto Romero en mayo de 1995 fue el pretexto que el aparato represivo necesitaba. La marcha campesina hacia Atoyac representaba un acto legítimo de desesperación organizada, el último recurso de comunidades abandonadas a su suerte. Treinta años después, esa marcha interrumpida se ha convertido en símbolo de todas las luchas campesinas que el Estado ha intentado acallar con balas.

Tres Décadas de Impunidad Sistemática

La línea de mando nunca fue un misterio: Rubén Figueroa Alcocer como gobernador, Mario Arturo Acosta Chaparro coordinando el operativo, Ernesto Zedillo legitimando desde Los Pinos. Todos sabían. Nadie fue juzgado. En estos treinta años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones que fueron papel mojado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó el encubrimiento sin efectos vinculantes. Tribunales internacionales han condenado al Estado mexicano, que ha pagado multas simbólicas sin reconocer responsabilidades.

Aguas Blancas no fue un exceso: fue una política de Estado perfectamente articulada que en estos treinta años se ha reproducido con variaciones en Acteal, Ayotzinapa, Nochixtlán. La impunidad no es falla del sistema: es su característica definitoria. La masacre de 1995 nos enseñó que el Estado mexicano puede documentar sus propios crímenes y salir impune. Tres décadas después, esa lección sigue vigente.

La Resistencia Viva Después de Tres Décadas

Lejos de disolver la organización, la masacre la fortaleció. Sus represetantes sobrevivientes continuaron denunciando: Miguel Ángel y Rocío Mesino, Orlando Ávila Mesino, Gerónimo Hernández Refugio, Norma Mesino. Uno a uno fueron perseguidos, encarcelados, ejecutadas. Rocío cayó asesinada en 2013. Gilberto Aguirre Bahena y otros pasaron más de dos décadas en prisión. En estos treinta años, las acusaciones han sido siempre idénticas: secuestro, homicidio, terrorismo. La estrategia resultaba transparente: exterminar la organización mediante desgaste judicial.

A pesar del acoso sistemático, la OCSS ha mantenido su lucha durante estas tres décadas. Ha creado proyectos como la Casa de la Partera en Atoyac, ha identificado sitios de memoria, ha preservado la exigencia de justicia. En 2025, al cumplirse treinta años de la masacre, sus demandas permanecen intactas: liberación de Antonio Barragán Carrasco, detenido arbitrariamente en 2001; castigo para autores materiales e intelectuales de la masacre; reparación integral para las víctimas; fin a la criminalización de la protesta social. Algo que el actual régimen de la Cuarta Transformación continúa practicando con la misma sistematicidad que sus predecesores.

Esta persistencia de la OCSS durante treinta años representa algo más que terquedad organizativa: es la demostración de que ciertos crímenes no prescriben en la conciencia popular, que la memoria puede sobrevivir a todos los intentos de exterminio cuando se arraiga en comunidades vivas.

La Memoria como Acto de Insurrección

En estos treinta años, cada conmemoración de Aguas Blancas se ha convertido en acto de rebelión contra el olvido programado. La memoria no es nostalgia: es insistencia en que ciertos crímenes trascienden el tiempo, que ciertas heridas no cicatrizan hasta que se hace justicia. Cada 28 de junio que se conmemora es una declaración de guerra contra la impunidad normalizada.

El Estado cuenta con que el tiempo agote la indignación, con que las nuevas generaciones olviden lo que no vivieron directamente. Pero la memoria de Aguas Blancas ha demostrado capacidad de transmisión intergeneracional. Los hijos de los masacrados han continuado la lucha de sus padres. Los nietos de los fundadores de la OCSS siguen exigiendo justicia para crímenes que ocurrieron antes de su nacimiento.

Esta transmisión de la memoria no es automática: requiere trabajo consciente, rituales de conmemoración, relatos que se repiten, nombres que se inscriben en memoria. El recuerdo de Aguas Blancas ha sobrevivido treinta años porque las comunidades han decidido que sobreviva, que se actualice, que se convierta en herramienta de lucha presente.

El Fracaso del Tiempo como Sanador

Después de treinta años, resulta evidente que el tiempo no ha curado las heridas de Aguas Blancas. Al contrario: las ha profundizado. Cada año que pasa sin justicia es una confirmación adicional de que el sistema es incapaz de corregirse desde adentro. Cada aniversario que se conmemora sin responsables castigados es una demostración de que la impunidad no es accidente sino política deliberada.

Hoy, la OCSS enfrenta nuevas modalidades de la misma violencia estructural: proyectos extractivos que despojan territorios, militarización creciente, presencia de grupos narcoparamilitares tolerados por autoridades estatales. La represión no cesa: muta. Lo que antes eran masacres documentadas, ahora son desapariciones selectivas, desplazamientos forzados, ejecuciones quirúrgicas. Guerrero sigue siendo laboratorio de guerra interna.

El gobierno actual mantiene distancia protocolaria frente a la OCSS. Ni escucha ni reprime abiertamente. La estrategia resulta más eficaz: invisibiliza. La organización se enfrenta ahora no solo a represión directa, sino al desdén institucional que confía en agotar su causa por cansancio.

Treinta Años y la Urgencia de Justicia Comunitaria

Frente a tres décadas de impunidad sistemática, no necesita nuevas mesas de diálogo o comisiones adicionales. Se requiere transformación radical: desmilitarización total de estados como Guerrero; reapertura de expedientes de crímenes de Estado con plenas facultades judiciales; comisiones de la verdad con poder sancionador; reconocimiento público del carácter político de la represión; y legitimación de la justicia comunitaria como mecanismo válido donde el Estado ha fallado sistemáticamente.

La justicia comunitaria no es romantización indigenista: es pragmatismo ante el colapso institucional. Cuando el Estado se convierte en perpetrador sistemático de crímenes durante treinta años consecutivos, las comunidades tienen derecho —y obligación— de crear sus propios mecanismos de protección y reparación.

La lucha continúa: demandas.

En el trigésimo aniversario, las víctimas, sus familias y la OCSS relanzaron una campaña clara:
“Aguas Blancas: 30 años de impunidad. Justicia y libertad para Antonio Barragán Carrasco”.

Sus exigencias son puntuales:

• Reapertura del caso con una investigación real que contemple los 17 asesinatos, los 23 heridos, y los efectos colaterales en las comunidades.
• Liberación inmediata de Antonio Barragán Carrasco, preso desde 2001 sin orden judicial, tras ser torturado por agentes vinculados a Genaro García Luna. Condenado a 110 años, lleva 24 en prisión bajo acusaciones que sus defensores consideran fabricadas.
• Sanción para los responsables:
  Rubén Figueroa Alcocer, Mario Arturo Acosta Chaparro y Ernesto Zedillo deben ser investigados. La activista Norma Mesino ha calificado a Zedillo de “genocida” por su papel en esta y otras masacres.
• Reparación integral para víctimas directas e indirectas, incluyendo garantías de no repetición, atención médica y reconocimiento público del crimen de Estado.
• Justicia para líderes asesinados después de 1995, como Rocío Mesino, Miguel Ángel Mesino, Raymundo Velázquez y muchos más.
• Instalación de una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez para atender directamente las exigencias.

Treinta años después de Aguas Blancas, la memoria se ha convertido en el último refugio de la justicia. Donde los tribunales han fallado, donde las comisiones han fracasado, donde el Estado ha sido cómplice, la memoria persiste. los testimonios preservados, los nombres recordados y las fechas conmemoradas constituye un acto de resistencia contra la normalización del horror.

La cámara de video de Aguas Blancas sigue rodando en la memoria colectiva. Los sombreros siguen cayendo junto a cuerpos inertes en el recuerdo indeleble. Pero también siguen alzándose voces que gritan: aquí no pasó nada, aquí pasó todo. Después de treinta años, la diferencia radica en quién controla el archivo de la memoria y quién tiene derecho a escribir la historia.

La conmemoración de estos treinta años no es ritual vacío sino acto político. Es la declaración de que la memoria puede ser más poderosa que la impunidad, de que el recuerdo organizado puede sobrevivir a todos los intentos de borradura oficial. Aguas Blancas vive porque se recuerda. Y mientras se recuerde, la justicia seguirá siendo posible.