Cuando la tierra es tomada por la fuerza: testimonio desde Playa Salchi
En la madrugada del 29 de enero de 2026, maquinaria pesada ingresó a tierras comunales en Playa Salchi, municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, resguardada por la Policía Estatal y sin presentación de orden judicial alguna. Al final del operativo, doce viviendas habitadas fueron demolidas. En esta entrevista, Freddy García, vocero del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), describe desde primera mano lo que ocurrió, identifica a los actores involucrados y sitúa el evento dentro de un proceso más amplio de despojo de tierras comunales zapotecas en la costa oaxaqueña.
Este artículo acompaña el episodio del podcast El Giro de la Rueda: “Sin papel, sin orden, sin explicación — la demolición en Playa Salchi”, donde Freddy García narra directamente los hechos, las amenazas recibidas y la demanda de justicia por las familias afectadas.
Entrevista: Sin papel, sin orden, sin explicación — la demolición en Playa Salchi – El Giro de la Rueda
Entrevista con Freddy García, vocero de CODEDI
Por Kino Balu
En entrevista con *El Giro de la Rueda*, Freddy García, defensor zapoteco de la Sierra Sur y vocero del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), denunció la demolición de al menos doce viviendas en Playa Salchi, Cuatunalco, municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, ocurrida el jueves 29 de enero de 2026, sin que se presentara orden judicial alguna que justificara el operativo.
La entrevista fue realizada tras el ingreso de maquinaria pesada —retroexcavadoras y camiones de volteo— resguardada por la Policía Estatal, en territorio comunal donde habitan familias que acompañan la defensa territorial de Miguel Sánchez Hernández, campesino zapoteco de 87 años, heredero de 26 hectáreas de tierras comunales transmitidas por sus abuelos.
La información se basa en una entrevista directa con Freddy García, realizada vía comunicación telefónica, así como en el registro fotográfico difundido por CODEDI y las familias afectadas.
El testimonio vincula el operativo con una red de actores que organizaciones indígenas han identificado como el “Cártel del Despojo” en la costa oaxaqueña.
“Las tierras del compañero Miguel son tierras comunales. Él no ha vendido ni un pedazo de tierra. Son tierras heredadas de sus abuelos. Las tierras comunales no se pueden ni lotificar ni vender”, afirma.
Para CODEDI, el conflicto responde a una estrategia que articula intereses privados, corrupción de autoridades locales y respaldo institucional.
“Estos sujetos, como tienen el dinero, han comprado voluntades. Han comprado al comisariado y hacen y deshacen lo que ellos quieren”.
En la entrevista, Freddy García identifica públicamente a los actores que, según su denuncia, participan en esta red: Juan Hugo de la Rosa, Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Sergio Castro y David Ortega del Valle, este último funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente del actual gobierno estatal.
La mención de estos nombres, incluido el del gobernador Salomón Jara, permite situar responsabilidades políticas concretas, especialmente si se considera que el operativo de desalojo y destrucción de viviendas ocurrió después de un “ejercicio democrático revocatorio” promovido por el propio gobierno estatal.
“Hemos hecho diferentes denuncias ante el gobierno federal y el gobierno estatal, y hasta el momento nadie ha hecho caso”.
Uno de los núcleos del conflicto es la venta ilegal de tierras comunales a personas extranjeras con fines turísticos.
“Parte de este territorio ya ha sido despojado y vendido a personas extranjeras, como colombianos, canadienses, venezolanos y alemanes. Están desarrollando un proyecto turístico y lo que intentan es privatizar en su totalidad la playa Salchi”.
El proceso implica la transformación de territorio comunal en zona de desarrollo turístico, con desplazamiento de poblaciones originarias para habilitar la explotación comercial del área.
“Nosotros no vamos a permitir que se haga eso porque todos tenemos derecho a disfrutar de estas playas”.
Las fotografías difundidas tras la demolición muestran colchones entre escombros, refrigeradores volcados y objetos personales expuestos. No hay sellos oficiales, actas administrativas ni presencia de autoridad judicial. Para las familias afectadas, esos restos funcionan como prueba material de que se trataba de viviendas habitadas, no de construcciones irregulares.
“No vamos a parar hasta que construyan nuevamente estas doce viviendas que destruyeron de forma cobarde”.
Freddy García denuncia además un historial de amenazas y hostigamiento contra quienes acompañan la defensa territorial.
“Durante todo este tiempo hemos sufrido amenazas, directamente del gobierno del estado, con fabricarnos delitos, con decirnos que nos salgamos del lugar”.
El hostigamiento incluye presencia de personas armadas, intimidación durante los tequios —trabajos comunitarios colectivos— y advertencias constantes de criminalización.
“Cuando laboramos tequios, compañeras y compañeros han sufrido amenazas, hostigamiento, presencia de personas armadas”.
Uno de los elementos centrales del operativo es la participación directa de la Policía Estatal, que resguardó el ingreso de la maquinaria.
“El compañero Miguel tiene derecho a heredar estas tierras a sus futuras generaciones, a sus hijos, a sus nietos”.
Las 26 hectáreas heredadas por Miguel Sánchez no representan un bien individual, sino una forma de posesión colectiva transmitida en el tiempo. En la lógica zapoteca de la comunalidad —*guenda*— el territorio no funciona como mercancía, sino como base material de organización social.
“Nosotros no vamos a parar. Vamos a seguir alzando la voz para exigir justicia para el compañero Miguel Sánchez Hernández”, concluye Freddy García.
Desde el 29 de enero de 2026, y hasta el momento de redactar esta nota, no se ha hecho pública ninguna investigación oficial sobre el operativo, ni se han anunciado procedimientos administrativos, responsabilidades institucionales o medidas de reparación del daño. Las retroexcavadoras ya se retiraron. Las familias permanecen en el lugar. La pregunta abierta es bajo qué marco legal puede ejecutarse un desalojo con fuerza policial en tierras comunales sin orden judicial, y quién asume responsabilidad política por sus consecuencias.
Mientras retroexcavadoras ingresen a territorios comunales protegidas por policías, mientras no exista investigación oficial ni reparación del daño, y mientras las playas se conviertan en mercancía turística mediante violencia institucional, lo ocurrido en Playa Salchi nos advierte sobre el modelo territorial que se está imponiendo en la costa oaxaqueña y el resto del estado.
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