El Amparo contra las 200 Órdenes de Aprehensión y la Lucha de la Comunidad Mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón
Por Kino Balu
Mazatecas por la Libertad (Eloxochitlán de Flores Magón) anuncian en rueda de prensa el veredicto del amparo contra más de 200 órdenes de aprehensión.
El 31 de marzo de 2025, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca libró 200 órdenes de aprehensión contra 50 personas mazatecas. Lo hizo ignorando nueve resoluciones previas que ya habían determinado que los delitos imputados no existían.
No una. No dos. Nueve.
Jaime Betanzos dejó de machetear en el monte y volvió a encerrarse en su casa. Fernando Gavito dejó de ir al juzgado de Huautla donde cada quince días debía firmar. La maestra Eusebia dejó de visitar a su madre. Francisco Durán no volvió a salir.
Una semana después, la Guardia Nacional patrullaba Eloxochitlán. Coches de judiciales. El ejército. Lo que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca reactivó en marzo de 2025 no era una acusación nueva: era el expediente 16/2016, el mismo que durante una década ha operado como instrumento de persecución contra quienes defienden la autonomía y el territorio de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón.
Jaime Betanzos es expreso político. Fernando Gavito estuvo diez años en prisión.
El Estado no lo ignoraba. Volvió a hacerlo de todas formas.
El 19 de marzo de 2026, la Jueza Sexta de Distrito de Boca del Río, Veracruz, Alba Lorena Barrales Oviedo, concedió el amparo. El juicio 941/2025 determinó que las órdenes carecían de sustento legal: la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no había logrado demostrar ni la existencia de los delitos ni la responsabilidad de los acusados. El 8 de abril, la comunidad lo anunció en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca. Betanzos, Gavito y Francisco Durán estaban presentes.
Lo que se acusó y lo que era imposible
Los delitos imputados son robo calificado con violencia por equiparación e incendio. Según la acusación, un grupo de personas de Eloxochitlán sustrajo más de 2.7 toneladas de mercancía —incluyendo más de una tonelada de lácteos y granos— e incendió vehículos y casas, además de cometer otros delitos de alto impacto, todo en un lapso de 80 minutos.
Sin medios de transporte identificados.
Sin certeza de almacenamiento.
En la rueda de prensa del 8 de abril, la comunidad presentó el análisis técnico que sostiene su defensa: es físicamente imposible que 50 personas transporten casi tres toneladas de mercancía en 80 minutos mientras simultáneamente queman propiedades e intentan matar personas. Los magistrados de Oaxaca que reactivaron las órdenes en marzo de 2025 conocían ese análisis. Conocían también las nueve resoluciones previas —hoy ya son quince— que habían determinado la inexistencia de los delitos.
Las ignoraron.
“¿Qué tipo de magistrados son aquellos que pisoteando nueve resoluciones que ya habían dicho que esto era una ilegalidad, se atrevieron a decir que los mazatecos son culpables?”,
Preguntó la comunidad en su comunicado.
La respuesta que ofreció no fue retórica:
“Son criminales, no son magistrados.”
La resolución del amparo 941/2025 es congruente con una sentencia anterior: la que favoreció al antropólogo Miguel Peralta, en la que magistrados federales determinaron que las acusaciones en su contra eran genéricas, vagas y carentes de fiabilidad probatoria, y que no podían sostenerse condenas basadas en relatos inverosímiles y testimonios contradictorios sin individualización de conductas.
El mismo patrón. El mismo expediente. La misma diputada señalada como impulsora de las acusaciones.
Este podcast aborda el amparo 941/2025 que anuló 200 órdenes de aprehensión contra habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, desmontando un entramado de acusaciones sin sustento utilizadas durante años para sostener intereses extractivos sobre el río comunitario.
200 órdenes sin delito: la victoria jurídica de Eloxochitlán – El Giro de la Rueda
Los actores del poder caciquil
Manuel Zepeda
El 3 de abril de 2025 —un año exacto antes de que se concediera el amparo— Manuel Zepeda intentó atropellar con un vehículo al fotoperiodista David Peralta Betanzos, hermano del comunero mazateco Miguel Peralta, mientras este documentaba la devastación ambiental del río Xangá Ndá Ge. El equipo del fotoperiodista fue robado en el ataque. David Peralta logró escapar con las imágenes: entre ellas, una fotografía donde Manuel Zepeda le persigue con un arma en el cinto.
Esas imágenes constituyeron la prueba central de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE. La audiencia inicial se celebró el 20 de febrero de 2026 —el mismo día que la sentencia favorable a Miguel Peralta.
Dos fechas que se cruzan. Una casualidad que el poder caciquil no supo administrar.
Para la comunidad y para observadores de derechos humanos, Manuel Zepeda encabeza desde hace más de una década la extracción ilegal de piedra y arena del río Xangá Ndá Ge. La extracción es ilegal. Ha sido denunciada. Ha sido documentada. Ha sido fotografiado con el arma en el cinto.
Continúa.
Elisa Zepeda Lagunas
Hija de Manuel Zepeda. Diputada local plurinominal de Morena en el Congreso de Oaxaca por segunda ocasión. Ex Secretaria de la Mujer del gobierno estatal.
La comunidad mazateca de Eloxochitlán la señala como la principal impulsora de la fabricación de delitos: fue la denunciante en los casos de tentativa de homicidio que sustentaron las acusaciones contra decenas de personas de la comunidad, incluyendo a Miguel Peralta Betanzos. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Tercer Circuito determinó el 20 de febrero de 2026 que los testimonios presentados por la parte acusadora en el caso Peralta —los mismos utilizados en todos los casos de Eloxochitlán— eran falsos, contradictorios y fabricados.
Falsos. Contradictorios. Fabricados. Esas son las palabras del tribunal federal, no las de la comunidad.
El 7 de abril de 2026, un día antes de que se anunciara el amparo, Elisa Zepeda Lagunas se fotografió con Rogelia González Luis, secretaria de las Mujeres del gobierno de Oaxaca. La comunidad registró la imagen y la nombró por lo que era: un gesto de respaldo institucional en un momento de desacreditación política.
Jaime Betanzos la describe con una imagen que ya contiene el juicio:
“La efigie de barro, el ídolo de barro se está diluyendo por sí mismo porque sus pies no están firmes.”
Y añade algo que importa documentar, porque tiene que ver con el tiempo:
“Esta persona desde el primer momento hace 15 años que mintió al decir que esto pasó y esto no pasó en realidad.”
Quince años de denuncias que los tribunales federales han desacreditado una por una.
Elisa Zepeda Lagunas sigue siendo diputada.
Sigue teniendo fuero.
Salomón Jara Cruz
Gobernador de Oaxaca por Morena. La comunidad lo señala como cómplice y documenta que el aparato estatal ha operado de manera consistente para proteger a Elisa Zepeda y sostener la criminalización de las y los defensores del territorio. En la conferencia del 8 de abril, Mazatecas por la Libertad describieron las 200 órdenes de aprehensión reactivadas el 31 de marzo de 2025 como un mensaje directo del gobernador: la comunidad “no tiene derecho a vivir ni a ser libre ni a vivir en su territorio.”
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Erika María Rodríguez Rodríguez, no recibió ese día a la delegación mazateca que acababa de ganar un amparo federal contra su propio tribunal. Sus asistentes explicaron que tuvo que atender un llamado del gobernador Salomón Jara.
Hay instituciones que dicen quién las gobierna sin necesidad de decirlo.
Bernardo Rodríguez Alamilla
Fiscal General del Estado de Oaxaca. Desde que Miguel Peralta obtuvo la sentencia favorable el 20 de febrero de 2026, no ha emitido pronunciamiento público. No estaba presente en la rueda de prensa del 8 de abril. En esa conferencia, Mazatecas por la Libertad le exigieron retirar todos los cargos restantes contra los 14 exiliados, dado que el Tribunal Colegiado ya demostró que los delitos fueron fabricados con los mismos testimonios falsos.
El Fiscal Rodríguez Alamilla no ha respondido.
El silencio también es una posición.
Quién saquea el río Xangá Ndá Ge
La coincidencia temporal no es accidental: los años en que Manuel Zepeda extrae piedra y arena del Xangá Ndá Ge son los mismos años de persecución a quienes se oponen a esa extracción. Los años en que Elisa Zepeda Lagunas ocupa cargos públicos son los mismos años en que los testimonios que ella impulsó condenan a personas mazatecas a la prisión preventiva, al exilio, a la firma quincenal, a no poder ver a su madre.
En la conferencia del 8 de abril, la comunidad lo formuló:
“El trasfondo de esta criminalización es el saqueo de los recursos naturales. Específicamente la extracción ilegal de piedra y arena del río Xangá Ndá Ge por parte del cacique Manuel Zepeda, padre de la ya dos veces diputada morenista y exsecretaria de la mujer, Elisa Zepeda Lagunas, quien lleva saqueando el río durante los mismos años de la persecución.”
Jaime Betanzos, que conoce el río y conoce el monte, describe lo que esa extracción significa para quienes viven de ese territorio:
“Caminamos sobre el río, sentimos la rabia, la impotencia, mirar el destrozo, el desangrado de ese que el agua es su sangre y esa agua, esa sangre es la que nos da la vida a nosotros.”
Diez años en un cuerpo
Fernando Gavito Martínez pasó diez años en prisión antes de obtener medidas cautelares en 2024. Salió sin sentencia, junto con Alfredo Bolaños y Francisco Durán, en junio de ese año, luego de casi una década sin que el Estado probara los delitos que les imputaba.
Salió sin que nadie respondiera por lo que le habían hecho.
Cuando las 200 órdenes de aprehensión se reactivaron el 31 de marzo de 2025, Fernando Gavito no pudo ir al juzgado de Huautla a cumplir la firma quincenal que le exigían sus medidas cautelares. Ir significaba el riesgo de ser detenido de nuevo.
Al terminar la conferencia de prensa en entrevista con El Giro de la Rueda:
“Ciertamente siento que me desata uno de mis pies porque ya puedo yo andar un poco más libre, ya que pues así como me tuvieron este año un año completo pues ya no podía ir ni salir de mi casa porque nomás me anduve cuidando en qué momento me iban a detener de nuevo.”
Y luego vino la pregunta:
“Del daño que me hizo durante 10 años, ¿quién me va a pagar? ¿Quién va a responder por eso? Porque perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí todo un poco que yo tenía, me dejó hasta abajo porque para salir de la cárcel no es fácil porque es muy desgastante económica y físicamente.”
Nadie en el estrado respondió esa pregunta. Nadie estaba ahí para responderla.
Fernando Gavito señala también la contradicción que expone la acusación de Elisa Zepeda Lagunas: la diputada ha declarado públicamente que la única persona que le ha causado daño, la única a quien no puede perdonar, es a Jaime Betanzos. Gavito lo confronta:
“Si fuera la única persona o si es la única persona que no le deja en paz, no le deja trabajar así como ella lo dice, entonces ¿por qué no se encarcelaron? ¿por qué me tuvieron a mí 10 años preso?”
La respuesta que él mismo da:
“Desde el principio fue mentira, fue fabricación de delitos.”
Prófugos en su propia casa
Jaime Betanzos describe persecución: Él y otros —Gavito, Alfredo, Herminio— enfrentaban desde 2023 el cierre de su proceso por el cargo de homicidio calificado, habiendo logrado con mucho esfuerzo el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. Cuando salió, tomó sus herramientas del campo y fue a machetear al monte.
Estaba construyendo la posibilidad de cerrar el proceso.
El 31 de marzo de 2025 lo detuvo:
“Me invade una especie de estrés y voy como en reversa otra vez en mi propia historia. Temo que haya redadas y sí las hubo en Eloxochitlán, muy fuertes en abril, en mayo, en junio, y pienso en el colapso que puede haber otra vez en mi familia al preocuparles demasiado el hecho de que yo me deje atrapar.”
La Guardia Nacional en la esquina, a 20 metros. Dos coches de judiciales. El ejército entrando sin que él supiera qué actividades realizaban.
“Tomé una determinación de volverme prófugo también en mi propia casa.”
Un domingo, un encuentro físico con la policía estatal. Caminaron a la casa tranquilamente, dice. Se refugiaron.
La Maestra Eusebia
La maestra Eusebia tiene 28 años de servicio docente en comunidades mazatecas de la sierra. Fue criminalizada por primera vez en 2014, acusada de los mismos delitos: tentativa de suicidio, incendio, robo. Quedó libre cuatro años después. Las nuevas órdenes de 2025 le cortaron lo que le quedaba de movilidad. No pudo ir a ver a su madre. No pudo asistir a las reuniones de maestros jubilados con quienes sigue organizada. Sus mandados los hacía pedir a alguien más.
“Cuando ya supe se ganó el amparo de las 200 órdenes, no hombre, yo hasta respiré. Por esta razón no he podido ir a ver a mi mamacita desde que salieron las nuevas órdenes. Y diario amanezco con esos deseos de ver a mi mamacita. No puedo ir porque ahí están los que me demandan junto a ella.”
Es esposa de un expreso. Madre de un perseguido que no ha podido regresar a su tierra en más de diez años.
En la rueda de prensa del 8 de abril dijo, con su nombre completo y frente a los medios:
“Mi corazón arde de rabia.” Y luego, dirigiéndose directamente a Elisa Zepeda Lagunas: “Mentirosa Elisa, ¿dónde está que defiendes los derechos de las mujeres? Comenzando conmigo y con otras siete mujeres más.”
En esa misma línea, la voz de Francisco Durán Ortiz —también expreso político— desplaza el foco hacia el núcleo familiar como extensión del castigo. No habla sólo de su caso, sino de un cerco que se expande:
“Nos persiguen a mis hijos, persiguen a mi esposa, persiguen a mi familia; no solamente a mí me afectan, afectan a todos ellos.”
La persecución, en su relato, no se mide en expedientes sino en vínculos quebrados. Desde ahí lanza una pregunta que no busca trámite, sino responsabilidad: “¿Qué es lo que se puede hacer? […] ¿Así nada más va a quedar?” Exige rendición de cuentas y nombra una secuela que no se cancela con resoluciones judiciales:
“Aun hasta el momento no soy feliz, mi familia no es feliz”.
Y fija un contraste que atraviesa todo el caso: el daño persiste de un lado, mientras del otro —señala— se mantiene intacto el beneficio.
La Defensora Argelia
La dimensión colectiva de esa experiencia aparece en la voz de Argelia Betanzos, defensora del colectivo Mazatecas por la Libertad, quien ha sostenido durante más de una década la estrategia jurídica, la documentación del caso y la articulación solidaria. Su posicionamiento, leído en la conferencia del 8 de abril, no se limita a la denuncia individual:
“Vivimos pensando en el caso. Es una tortura psicológica. Ya es una línea intencional del gobierno para el saqueo de nuestro territorio.”
La persecución, así, deja de ser un exceso y se perfila como método.
Luisa Rosales Álvarez sintetizó el alcance del amparo en términos concretos: todas las personas nuevamente acusadas quedaron libres de las más de 200 órdenes de aprehensión. No es un cierre definitivo del conflicto, pero sí un punto de inflexión frente a una estrategia de persecución que había convertido el territorio en un espacio de vigilancia permanente.
Lo que queda por hacer y lo que el Estado no ha hecho
Nota para el servicio de noticias de Radio Huaya, La Voz Campesina (corresponsales Desde el Territorio), que presenta el amparo contra 200 órdenes de aprehensión como un giro decisivo: la comunidad de Eloxochitlán recupera margen de vida frente a la persecución, afirmando su organización, su territorio y su dignidad colectiva.
Para Radio Huaya: La Voz de Eloxochitlán Llega Lejos… – El Giro de la Rueda
El amparo protege a las 50 personas contra la detención. Declara ilegales las órdenes de aprehensión vinculadas al expediente 16/2016.
Pero no cierra el caso.
Al 8 de abril de 2026, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no había cancelado formalmente las órdenes. El Fiscal Rodríguez Alamilla no se había pronunciado desde que Miguel Peralta ganó su amparo.
Catorce personas siguen exiliadas fuera de su territorio, acusadas por delitos de alto impacto —los mismos que ya fueron desacreditados en el caso de Miguel Peralta—, sin poder resolver sus amparos porque en doce años de persecución algunos de sus abogados presentaron recursos fuera de tiempo, y Oaxaca respondió emitiendo nuevas órdenes de aprehensión cada vez que los exiliados intentaban cerrar sus casos.
Doce años fuera de Eloxochitlán. El tribunal federal ya desacreditó la acusación. Oaxaca la mantiene viva.
Varios de esos catorce ganaron amparos iniciales que Oaxaca simplemente ignoró, emitiendo nuevas órdenes encima. Otros vieron sus recursos presentados fuera de tiempo por sus propios abogados. Son estos catorce los que están a punto de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ellos, la comunidad mantiene en marcha una campaña de derecho de audiencia dirigida a las nueve ministras y ministros del máximo tribunal, mediante un petitorio abierto a cualquier persona física o jurídica que sostenga el derecho a la libertad, sea o no abogado.
La campaña continuará, dijeron, hasta que la Corte garantice una resolución definitiva.
Gavito, Betanzos y Durán pertenecen a otro grupo: sujetos a proceso, con medidas cautelares que incluyen firma quincenal en el juzgado de Huautla, en un asunto que la justicia federal ya desacreditó pero que el sistema local mantiene abierto. Cinco de estos expresos, que estuvieron hasta diez años sin sentencia, estaban en proceso de cerrar sus casos en Huautla cuando las 200 órdenes llegaron a paralizarlos de nuevo —cinco órdenes adicionales para cada uno de ellos.
Eso es lo que la comunidad llama “crimen de lesa humanidad”: diez años de incertidumbre y, cuando luchan por cerrar el proceso, otras cinco órdenes encima.
Hay también taxistas que abandonaron su trabajo. Profesoras que paralizaron sus actividades. Comerciantes que no pudieron movilizarse. Ellos ya pueden retomar sus labores.
Los catorce exiliados, no.
La destitución como exigencia, el desafuero como objetivo
Para finales de abril o principios de mayo de 2026, la comunidad presentará una queja masiva de derechos humanos. Será el preámbulo de dos acciones simultáneas: una visita al Comité de Morena de Oaxaca para exigir la expulsión de Elisa Zepeda Lagunas del partido, por violar los principios de “no mentir, no robar, no traicionar”; y una solicitud de juicio político ante el Congreso local.
Pero Fernando Gavito y Jaime Betanzos fueron explícitos en la rueda de prensa.
La expulsión del partido no es la exigencia prioritaria.
Lo que exigen es el desafuero: la retirada del manto de protección que le otorga la diputación. Mientras Elisa Zepeda Lagunas conserve el fuero, la persecución que sostiene contra Eloxochitlán cuenta con un escudo institucional que el partido, hasta ahora, no ha tenido voluntad de retirar.
Lo que dijo Elisa Zepeda y lo que la comunidad contestó
En los días previos al 8 de abril, Elisa Zepeda Lagunas hizo declaraciones públicas. La comunidad la cita en el comunicado que leyó en la rueda de prensa: la diputada preguntó “cómo la lastimamos en los medios de comunicación.”
La respuesta de la comunidad fue directa:
“Estamos en la calle, señores, hoy amanecimos aquí, aquí nos ven. No estamos reclutándonos con Rogelia y con todas las secretarías de estado. Estamos en la calle y con la pura verdad hemos ganado los amparos.”
Quince años.
El amparo 941/2025 es la decimoquinta resolución que favorece a los perseguidos de Eloxochitlán. La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca tiene la obligación legal de cancelar las órdenes. El Fiscal Rodríguez Alamilla tiene la obligación de retirar los cargos.
Ninguno lo ha hecho.
El río Xangá Ndá Ge sigue siendo extraído.
0 respuestas a “Victoria Jurídica y Resistencia Comunitaria”