Reunidos del 10 al 12 de octubre en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, autoridades, delegadas y delegados de 35 pueblos originarios, afromexicano y mestizo de 22 estados acordaron fortalecer sus estructuras de coordinación. En el primero de tres pronunciamientos derivados de su asamblea conmemorativa, desconocen la iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos promovida por el Ejecutivo federal, exigen la libertad de defensores presos en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y anuncian su participación en el Viaje Abrazo convocado por el EZLN para diciembre.
Por EGR
Ciudad de México, 12 de octubre de 2026.— Hace veinticinco años los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena (CNI) decidieron ejercer su libre determinación por la vía de los hechos, sin esperar el reconocimiento del Estado mexicano. Hoy, al cumplirse tres décadas de su fundación en octubre de 1996 y 534 años del inicio de la invasión colonial, autoridades, delegadas y delegados de 35 pueblos —amuzgo, ayuuk, chatino, ch’ol, chontal de Oaxaca, coca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mazehualtopac, me’phaa, náayeri, nahua, n’guiva, nuntajiiyi, ñuu savi, ódami, otomí, p’urépecha, rarámuri, tepehua, tepehuano del sur, tohono o’odam, tojolabal, totonakuu, triqui, tseltal, tsotsil, wixárika, yaqui, zapoteco, zoque, afromexicano y mestizo— cerraron tres días de asamblea en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, con una definición central frente al Ejecutivo federal: «La ocupación de nuestros territorios y la destrucción de nuestros pueblos no es consultable».
Acompañados por observadores de 15 entidades del país y de Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Grecia, Guatemala e Italia, los representantes comunitarios informaron que la asamblea concluyó con acuerdos internos para renovar y fortalecer las estructuras de coordinación y trabajo del CNI en todas las regiones donde tiene presencia.
De los trabajos realizados entre el 10 y el 12 de octubre emanaron tres pronunciamientos. En el primero de ellos, titulado «Frente a la guerra de conquista creceremos nuestra resistencia», la asamblea confronta las cifras de violencia letal y desaparición en el país con la agenda legislativa, energética y militar de las administraciones de la llamada Cuarta Transformación (4T).
Militarización, crimen organizado y legislación para el despojo
El pronunciamiento sitúa la defensa territorial en un país que, hasta la primera mitad de 2026, acumulaba 135,048 personas desaparecidas y un promedio de 40.8 homicidios dolosos diarios. En las regiones indígenas, señala la asamblea, esta guerra se materializa en el desplazamiento forzado de comunidades enteras, el tráfico masivo de personas y la entrada del crimen organizado tanto en las actividades económicas locales como en las estructuras de gobierno y en los procesos electorales de todos los niveles.
A la par del control territorial armado, las autoridades indígenas denunciaron la militarización del país, la transferencia de sectores de la economía a las fuerzas castrenses y la impunidad con la que el Ejército ha sido protegido en crímenes de lesa humanidad, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Lejos de revertir el régimen de despojo, advierte el CNI, los gobiernos de la 4T han profundizado las políticas neoliberales para favorecer a corporaciones trasnacionales y a un grupo de familias multimillonarias —entre ellas los propietarios de la banca comercial, que han registrado ganancias récord en los últimos años—. La asamblea ubicó cinco vías legislativas y administrativas mediante las cuales opera este reordenamiento territorial:
1. Subordinación comercial: La continuidad de la apertura comercial sujeta a los intereses de Estados Unidos mediante el T-MEC.
2. Régimen agrario e hídrico: La permanencia y profundización del marco constitucional y legal en materia agraria y de aguas impuesto por la contrarreforma salinista de 1992.
3. Marco normativo energético y de aguas: La aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley General de Aguas y la Ley del Sector Eléctrico.
4. Reordenamiento territorial y fronterizo: La instalación de los llamados «polos de desarrollo», programas de infraestructura y megaproyectos diseñados para reordenar poblaciones, territorios y fronteras en México y Centroamérica.
5. Frontera extractiva: Las concesiones mineras y de hidrocarburos, incluido el intento por reactivar la fractura hidráulica (fracking).
La consulta es facultad de las asambleas, no del Estado ni de las empresas
Frente a la iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos promovida por el Ejecutivo federal, el CNI fijó un desconocimiento total a esa propuesta y a cualquier disposición jurídica o administrativa que limite la libre determinación o que no haya sido elaborada directamente por los pueblos. El pronunciamiento establece tres principios que las comunidades llevarán como ley propia a sus asambleas:
- Soberanía sobre los bienes naturales: Los bienes naturales pertenecen a la Madre Tierra y están bajo resguardo de los pueblos, no del Estado. El CNI desconoce la figura de «recursos naturales estratégicos de la Nación» con la que los gobiernos entregan aguas, minerales y tierras a empresas trasnacionales.
- Autoconsulta bajo sistemas normativos propios: La consulta indígena no es una atribución del Estado ni de las compañías privadas. Son los pueblos originarios, mediante sus asambleas y sistemas normativos propios, los únicos facultados para decidir si se autoconsultan y si un procedimiento procede o no.
- Autonomía en los hechos: El respaldo a las acciones de resistencia contra la reforma del Ejecutivo va acompañado del llamado a ejercer y ampliar el autogobierno de acuerdo con la historia, circunstancias y normas internas de cada comunidad.
Presos políticos, desaparecidos y el Viaje Abrazo del EZLN
La asamblea articuló cuatro exigencias directas en materia de justicia y derechos humanos:
- Palestina y guerras imperialistas: Alto total a la guerra sionista de exterminio contra el pueblo palestino.
- Presentación con vida de personas desaparecidas: Presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, del defensor nahua de la Sierra Negra de Puebla Sergio Rivera Hernández —desaparecido desde agosto de 2018—, y de las decenas de integrantes desaparecidos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán.
- Libertad inmediata e incondicional a presos políticos: Liberación de Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia, integrantes del CIPOG-EZ; de Francisco Moreno Hernández, de Jotolá, Chiapas; y de las defensoras y defensores mazatecos de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
- Castigo a los responsables de asesinatos contra defensores: Justicia para Samir Flores Soberanes —asesinado en Amilcingo, Morelos, en febrero de 2019— y para quienes han sido asesinados por defender el territorio.
En sus resolutivos finales, el CNI exigió pleno respeto a los gobiernos autónomos, a la educación autónoma y a las decisiones colectivas e individuales de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organización fundadora del Congreso. Asimismo, las delegaciones anunciaron que cobijarán con su presencia en territorio el Viaje Abrazo a las Familias Buscadoras, convocado por el EZLN para diciembre de 2026 dentro de la Gira por la Vida-Capítulo México.
Los delegados de los 22 estados regresan ahora a sus geografías con el mandato del punto once del pronunciamiento: bajar los acuerdos de esta asamblea a sus comunidades y propagarlos entre los pueblos originarios que aún no participan en el CNI.
Consulta el pronunciamiento íntegro en el sitio oficial del Congreso Nacional Indígena:
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