El expediente de Eloxochitlán de Flores Magón ha escalado nuevamente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras doce años de persecución penal, amparos y absoluciones, el máximo tribunal del país revisa hoy un conflicto que rebasa lo estrictamente judicial. Sin embargo, para comprender las dimensiones de esta asimetría política que hoy se discute en la Corte, es necesario retroceder a los cimientos de la acusación y observar lo que ocurría en las sombras del Juzgado Mixto de Huautla y las celdas del penal de Cuicatlán.
Tercera entrega de la investigación sobre la relación profesional entre Elisa Zepeda Lagunas y Rosa Jiménez Ríos, las actuaciones dentro de la causa penal de Eloxochitlán de Flores Magón y el recorrido posterior del litigio hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por Laura Quintero y Kino Balu
El Giro de la Rueda · Tendedero Digital de Responsabilidades
La Coexistencia Institucional y Privada
Las dos primeras entregas de esta investigación demostraron una relación profesional que cruzó el litigio privado, la administración pública y el Poder Judicial de Oaxaca.
El 17 de octubre de 2022, Elisa Zepeda Lagunas designó a Rosa Jiménez Ríos como su asesora jurídica o abogada particular dentro de la causa penal 02/2015. El 1 de diciembre de ese mismo año, Zepeda asumió la titularidad de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Oaxaca. Un mes después, Jiménez ingresó como directora de área en la dependencia que encabezaba su clienta.
Ambas relaciones coexistieron durante 151 días.
La primera entrega, “Elisa Zepeda y Rosa Jiménez: el litigio privado dentro de la nómina pública”, reconstruyó esa cronología y dejó planteada una interrogante: ¿cómo se administró institucionalmente la coexistencia simultánea entre la representación jurídica particular y el ejercicio del cargo público?
La segunda entrega, “Rosa Jiménez en Huautla: el traslado, la licencia y los controles que no aparecen”, examinó los antecedentes en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Antes de representar a Zepeda, Jiménez acumulaba más de una década de trayectoria en la institución. El 23 de noviembre de 2021 fue adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez y, con posterioridad, obtuvo una licencia sin goce de sueldo. Con ese vínculo administrativo aún vigente, compareció ante el mismo juzgado como abogada particular de Elisa Zepeda. Aquella entrega cerró con otra pregunta abierta: ¿qué mecanismos de control operaron cuando una servidora judicial con licencia comenzó a litigar ante el órgano jurisdiccional al que formalmente permanecía adscrita?
Esta tercera entrega revisa el expediente penal y los métodos de coacción ejecutados al interior de los reclusorios.
La tesis
Esta investigación sostiene que la doble función de Rosa Jiménez Ríos —como funcionaria pública y, al mismo tiempo, abogada particular de Elisa Zepeda— constituye una anomalía de especial gravedad por sus posibles efectos sobre la imparcialidad y el desarrollo de los procesos contra integrantes de Eloxochitlán. Su intervención como litigante privada coincidió temporalmente con actuaciones durante el curso de expedientes judiciales relacionados con los acusados.
La relevancia de esta coincidencia no radica únicamente en que Rosa Jiménez ejerciera simultáneamente ambas funciones. Lo que debe esclarecerse es si su posición dentro de la estructura pública le permitió intervenir, directa o indirectamente, en procedimientos en los que tenía un interés privado vinculado con Elisa Zepeda, y si esas intervenciones tuvieron consecuencias concretas para quienes permanecían sujetos a proceso penal.
Mientras Rosa Jiménez Ríos ocupaba un cargo en la Secretaría de las Mujeres, los procesos judiciales contra integrantes de Eloxochitlán atravesaron una serie de actuaciones que afectaron sus posibilidades de defensa, prolongaron los procedimientos y modificaron el curso de expedientes próximos a una resolución.
Entre los hechos que esta investigación examina se encuentran las actuaciones dirigidas a obtener ampliaciones de las declaraciones de Francisco Durán Ortiz y Fernando Gavito, con el propósito de incorporar señalamientos contra otros integrantes de la comunidad. Sin embargo, los escritos correspondientes no fueron ratificados, por lo que esas ampliaciones no llegaron a concretarse en los términos planteados.
La coincidencia temporal adquiere especial relevancia porque estas actuaciones ocurrieron cuando varios de los procesos se acercaban a etapas decisivas. El expediente de Francisco Durán Ortiz permite seguir materialmente una de esas secuencias: un escrito presentado cuando el proceso estaba próximo a la audiencia final paralizó su avance y prolongó su situación jurídica. Su testimonio permite, además, observar desde la experiencia personal las consecuencias que tuvieron esas actuaciones sobre su vida y la de su familia.
La tesis, por tanto, no se limita a señalar la simultaneidad entre un cargo público y una actividad privada. Busca establecer qué ocurrió en los expedientes durante ese periodo, quién intervino, qué facultades tenía cada persona, qué efectos produjo cada actuación y qué relación puede establecerse entre esas intervenciones y la prolongación de los procesos contra los presos de Eloxochitlán.
Francisco Duran: el costo material de la persecución
Para comprender las consecuencias de estas actuaciones judiciales, es necesario conocer la situación de quien las enfrentó. Francisco Durán Ortiz es un campesino indígena originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, procesado por hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2014. Fue detenido en junio de 2018 y encarcelado en el penal de Cuicatlán, más de tres años después de los acontecimientos que dieron origen al proceso.
Su lengua materna es el mazateco y no habla español. Esta condición es fundamental para comprender su situación procesal: para entender las acusaciones formuladas en su contra, las actuaciones jurídicas y el alcance de las decisiones tomadas en su proceso, necesita asistencia de interpretación en su lengua materna. Sin ella, su participación en las actuaciones judiciales y su comprensión de lo que se decide en su caso quedan comprometidas.
Las consecuencias de su encarcelamiento también alcanzaron a su familia. Alfredo Durán Álvarez, uno de sus cinco hijos, tenía 12 años cuando presenció la detención de su padre. En un testimonio publicado por El Muro, relató que la familia se encontraba cortando leña cuando llegaron policías armados. En su relato, los agentes golpearon a Francisco y posteriormente se lo llevaron en una camioneta.
Para la primavera de 2023, Francisco Durán llevaba cerca de cinco años en prisión preventiva sin sentencia. Su proceso se encontraba entonces en una etapa avanzada. El juzgado había decretado el cierre de instrucción y el expediente estaba listo para pasar a la audiencia de vista, una de las últimas actuaciones antes de que el juez resolviera el proceso. Después de años de prisión preventiva, el expediente se acercaba finalmente a una resolución.
Pero el curso del proceso cambió antes de que esa resolución llegara. El 5 de mayo de 2023 ingresó al Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez un escrito que paralizó el expediente de Francisco Durán.
La importancia de aquel escrito está en sus consecuencias. A partir de su ingreso, el proceso dejó de avanzar hacia la resolución que parecía próxima y la situación jurídica de Francisco Durán se prolongó nuevamente.
El escrito presentado a nombre de Francisco Durán
De acuerdo con el escrito, éste se redactó en Cuicatlán el 10 de abril de 2023 por Francisco Durán Ortiz, y recibió el sello de recepción del juzgado de Huautla de Jiménez el 5 de mayo de 2023. No se trata de una solicitud de mero trámite.
A través de ese escrito, se aseguraba que Francisco Durán había decidido aceptar presentarse a declarar frente a los acusadores, cambiar de abogados, despedir a sus representantes anteriores, exigir careos con las víctimas y testigos, y ampliar su declaración.
El escrito recurre a formulaciones técnicas propias de la práctica judicial:
- “se le discierna el cargo conforme a derecho”
- “de manera amplia se imponga de autos”
- “revocación de todos y cada uno de los profesionistas en derecho”
Todas estas determinaciones quedaron asentadas a nombre de Francisco Durán Ortiz.
El sello de recepción añade un elemento temporal relevante. Aunque el escrito consigna como fecha el 10 de abril, la copia en poder de El Giro de la Rueda certifica su ingreso oficial al juzgado el 5 de mayo de 2023: un desfase de 25 días.
Ambas fechas coinciden plenamente con el periodo de 151 días en que Rosa Jiménez Ríos se desempeñaba simultáneamente como funcionaria directiva en la Secretaría de las Mujeres bajo las órdenes de Elisa Zepeda Lagunas y continuaba actuando como su abogada particular en la causa penal.
Rosa Jiménez se desempeñaba como abogada de Elisa Zepeda; Francisco Durán figuraba como uno de los coacusados en el proceso donde Zepeda intervenía como víctima y coadyuvante activa de la acusación.
Francisco Durán desconoció el escrito
Meses más tarde, el expediente incorporó otra actuación. En febrero de 2024, Francisco Durán presentó una nueva promoción ante el juzgado en la que desconoció de manera tajante haber suscrito el escrito previo, se negó a ratificarlo, rechazó las diligencias promovidas bajo su nombre y solicitó que la causa penal continuara directamente hacia la sentencia.
Hasta este punto, el expediente arroja cuatro actuaciones acreditadas:
- Una promoción alteró de forma sustancial la estrategia y el equipo de defensa de Francisco Durán.
- Dicho escrito fue formalmente radicado ante el juzgado.
- El propio juzgado dejó constancia en acuerdos posteriores de que Francisco Durán requería de intérprete en lengua mazateca para sus diligencias.
- Con posterioridad, Francisco Durán compareció formalmente para desconocer la autoría y contenido del escrito.
A este registro físico se suma ahora una fuente primaria: la palabra directa de Francisco Durán Ortiz.
“Ahí llegó una mujer de nombre Rosa Jiménez Ríos”
El Giro de la Rueda obtuvo el testimonio grabado en video de Francisco Durán Ortiz, emitido originalmente en lengua mazateca. La traducción al español fue realizada por Carmela Monfil Nieto, originaria de Agua Iglesia, Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Francisco Durán habla desde sus vivos recuerdos del penal de Cuicatlán, sitúa los hechos en el transcurso de 2023 e identifica con nombre y apellido a la abogada:
“Ahí llegó una mujer de nombre Rosa Jiménez que me llegó a engañar”.
Francisco Durán narra que Jiménez Ríos acudió a entrevistarlo al interior del reclusorio llevando consigo hojas en blanco:
“Yo soy la que te va a ayudar”, me dijo. Llevaba un papel y me dijo: “Firma este papel”.
Francisco Durán refiere que la litigante acudió acompañada por otras dos personas: su propio hermano, Esteban Francisco Durán, y Celia Romero Cabanzo.
Eran tres personas las que llegaron… La mujer a la que me refiero me dijo: “Fírmame este papel rápido”, pero en una hoja blanca. Ella tenía mucha prisa.
Afirma que se negó a estampar su firma. Luego relata los términos de la propuesta que asegura haber recibido:
“Solo debes declarar nuevamente para echarle la culpa a Jaime Betanzos; a él cúlpale para que así tú puedas salir libre. Y también debes declarar en contra de Alfredo Bolaños Pacheco. Échales la culpa para que puedas salir de la cárcel”.
La oferta incluía una promesa de temporalidad procesal:
“Si declaras de esa manera, en 15 a 20 días vas a salir de la cárcel. Ya no vas a tardar en salir si les culpas a ellos”.
Francisco Durán detalla la razón por la que rechazó el ofrecimiento:
“Pero yo sé que esas personas son inocentes y no puedo culparles de forma mentirosa. No estoy acostumbrado a hablar mentiras. Así fue como me intentó engañar”.
El testimonio de Francisco Durán y los registros del expediente son piezas de distinta naturaleza jurídica, pero convergen en una ventana de tiempo exacta. Francisco Durán narra que Rosa Jiménez se presentó en el penal con un papel instándolo a firmar y a cambiar su postura legal; de forma paralela, en esas mismas semanas ingresó al Juzgado de Huautla una promoción a su nombre —fechada el 10 de abril y recibida el 5 de mayo— que revocaba a sus abogados y pedía reabrir diligencias.
La pregunta periodística y procesal surge de esa coincidencia: ¿qué relación medió entre el papel que Rosa Jiménez le instó a firmar en el penal y la promoción que semanas después ingresó al juzgado a su nombre?
Las preguntas ligadas son ineludibles:
- ¿Quién elaboró técnicamente el escrito del 10 de abril de 2023?
- ¿Por qué vía material ingresó formalmente a la oficialía de partes del Juzgado Mixto de Huautla de Jiménez?
- ¿Qué funcionario judicial verificó la autenticidad de la firma y ratificó que las peticiones respondían a la voluntad informada de Francisco Durán Ortiz antes de darles trámite procesal?
Un acusado que necesitaba intérprete
El expediente deja constancia de que Francisco Durán Ortiz requirió asistencia lingüística durante actuaciones relevantes de la causa penal.
El 9 de junio de 2023, una notificación personal practicada dentro del penal de Cuicatlán se realizó con la intervención de un intérprete en lengua mazateca de la variante de Eloxochitlán.
No se trataba de una comunicación menor.
Ese día se pusieron a disposición de Francisco Durán los diez tomos de la causa penal 02/2015 y las conclusiones formuladas por el Ministerio Público. También se le requirió para manifestar si deseaba estar presente en la audiencia final en la que sería citado para oír sentencia.
Durán respondió por escrito:
“Sí quiero estar presente en mi audiencia final”.
El 26 de diciembre de 2023, otro acuerdo volvió a ordenar la presencia de un intérprete práctico para Francisco Durán.
El propio Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez recurrió, por tanto, a asistencia lingüística para comunicarle y tramitar actuaciones con consecuencias directas dentro de su proceso.
El contraste aparece al retroceder dos meses.
El escrito fechado el 10 de abril de 2023 y presentado a nombre de Francisco Durán está redactado en lenguaje jurídico. Utiliza expresiones como “discernir el cargo”, “imponerse de autos” y “revocación de profesionistas en derecho”.
Mediante esa promoción se le atribuía la decisión de cambiar de defensa, solicitar careos y ampliar su declaración.
Lo que relata Francisco Durán permite entender para qué podían servir esas modificaciones.
Rosa Jiménez Ríos intentó convencerlo de cambiar su defensa y de realizar una nueva declaración en la que responsabilizara a Jaime Betanzos y Alfredo Bolaños Pacheco.
Afirma también que Rosa Jiménez le dijo que, si declaraba de esa manera, podría recuperar su libertad en un plazo de 15 a 20 días.
Francisco Durán dice que se negó porque sabía que las personas a quienes se le pedía señalar eran inocentes.
La secuencia permite inferir una finalidad concreta: desplazar la defensa que tenía Francisco Durán, reabrir actuaciones y obtener de él una nueva declaración de cargo contra otros habitantes de Eloxochitlán.
La cuestión ya no consiste solamente en preguntarse por qué se pretendían modificar esos aspectos de su defensa.
Francisco Durán ofrece una respuesta desde lo que vivió dentro del penal: afirma que se buscaba que responsabilizara a Jaime Betanzos y Alfredo Bolaños Pacheco a cambio de la expectativa de recuperar su libertad.
Queda entonces una pregunta procesal:
¿Qué efectos habría tenido dentro de la causa penal una declaración de Francisco Durán en esos términos y a quiénes habría favorecido?
La asistencia lingüística introduce otro problema.
El juzgado consideró necesario recurrir a un intérprete cuando Francisco Durán debía conocer las conclusiones del Ministerio Público, revisar las actuaciones acumuladas en diez tomos y decidir si estaría presente en su audiencia final.
Dos meses antes, sin embargo, había ingresado a su nombre una promoción mediante la cual se le atribuían decisiones capaces de modificar su defensa.
Durante la visita a Francisco Durán por parte de Rosa Jiménez no estuvo presente ninguno de sus defensores.
¿En qué lengua le fue explicado el contenido del papel que Rosa Jiménez le presentó?
Francisco Durán señala que durante aquella visita estaban también su hermano Esteban Durán y Celia Romero Cabanzo.
EGR no ha podido establecer si alguno de ellos intervino para traducir o explicar la conversación.
¿Alguna de las personas que acompañaban a Rosa Jiménez sirvió de intermediaria lingüística?
¿Se le explicó a Francisco Durán las consecuencias jurídicas de cambiar de defensa, solicitar careos y ampliar su declaración, y en qué lengua lo hizo?
La legislación mexicana reconoce a las personas indígenas el derecho a participar en los procesos judiciales con asistencia lingüística adecuada cuando ésta sea necesaria para comprender las actuaciones y ejercer su defensa.
Ese derecho también está reconocido en el ámbito internacional.
El artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que deben adoptarse medidas para garantizar que los integrantes de pueblos indígenas puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales, mediante intérpretes u otros medios eficaces cuando resulte necesario.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado además que, tratándose de personas indígenas privadas de la libertad, el ejercicio efectivo de sus derechos exige que puedan expresarse y recibir información en su propio idioma.
La asistencia lingüística no consiste entonces únicamente en traducir palabras.
Debe permitir que la persona comprenda qué ocurre dentro del proceso, qué consecuencias puede tener una decisión y qué actos jurídicos se realizan en su nombre.
En el caso de Francisco Durán, esa necesidad no es una hipótesis.
El propio Juzgado Mixto de Huautla recurrió a un intérprete el 9 de junio de 2023 y volvió a ordenarlo el 26 de diciembre.
Entre ambas actuaciones aparece la promoción presentada a su nombre.
La cuál Francisco Durán negó haberla suscrito.
Y su relato en mazateco agrega otra pieza: Rosa Jiménez dentro del penal, un papel, la petición de una firma, el intento de cambiar su defensa y la propuesta de declarar contra Jaime Betanzos y Alfredo Bolaños Pacheco.
El problema alcanza entonces la forma en que el juzgado recibió y tramitó aquella promoción.
¿Cómo verificó el Juzgado Mixto de Huautla que las decisiones incorporadas al expediente como voluntad de Francisco Durán habían sido comprendidas y asumidas por él en su propia lengua?
Cuicatlan y Tanivet: dos penales, una misma oferta
En Cuicatlán el intento de manipulación llegó a los estrados judiciales, pero en Tanivet la coacción solo quedó en amenazas.
A 130 kilómetros de distancia, al interior del penal de Tanivet, en Tlacolula, otro comunero mazateco enfrentó un método de coacción idéntico durante ese mismo año 2023.
Fernando Gavito Martínez, originario de Eloxochitlán e ingresado a prisión en diciembre de 2014, sumaba más de ocho años en prisión preventiva sin sentencia. Durante sus años de reclusión participó en protestas pacíficas y huelgas de hambre exigiendo la revisión de su expediente.
En un testimonio en audio, Gavito describe la visita que recibió en Tanivet e identifica a la misma actora, añadiendo un elemento de subordinación institucional:
“Se presentó una persona como abogada, Rosa Jiménez Ríos, que según me va a defender, que para eso se presentó y que llevaba órdenes de la jefa.”
El ofrecimiento calca la propuesta hecha a Francisco Durán en su propia celda: recuperar la libertad a cambio de una declaración incriminatoria diseñada a medida.
“Que según tenía que señalar, echarle la culpa a otros compañeros que es Jaime Jacob Betanzos a Jaime Betanzos y al compañero Alfredo Bolaños, que a fuerzas yo le echara la culpa a esas personas para que yo pudiera salir de la cárcel.”
Igual que Durán, Gavito se negó a testificar falsamente contra personas que sabía inocentes. La respuesta de la abogada escaló hacia la intimidación directa. Fernando Gavito relata que Rosa Jiménez Ríos regresó quince días después exigiendo una firma rápida y bajo presión:
“En ese momento fue donde ella me amenazó, me dijo que si no lo hiciera que yo me iba a pudrir 150 años en la cárcel. Que me cuidara yo con mi familia, que sobre todo con mi madre, y que yo iba a ver la consecuencia por si no participaba.”
La coincidencia de ambos testimonios expone que Rosa Jiménez Ríos operó en distintos penales de Oaxaca durante 2023 para conseguir declaraciones de cargo contra Jaime Jacob Betanzos, Jaime Betanzos y Alfredo Bolaños, condicionando la libertad y amenazando con penas centenarias. La referencia de Fernando Gavito a las órdenes de la jefa coincide temporalmente con la ventana de 151 días en que Rosa Jiménez laboraba bajo el mando directo de Elisa Zepeda Lagunas.
El intento de ofrecer la libertad a los presos a cambio de incriminar a la disidencia invita a cuestionar la actuación institucional operada en Oaxaca ¿fueron simples coincidencias o un patrón diseñado para inculpar a toda costa?
Las dudas sobre cómo se construyeron los expedientes ya habían sido puestas sobre la mesa por la justicia federal mediante el amparo directo 631/2022 (referente al caso de Miguel Peralta), resolución que dejó ver un actuar con procedimientos idénticos al que ha mantenido en vilo al resto de los procesados.
El primer paralelismo radica en la uniformidad de las declaraciones. El Tribunal Colegiado evidenció en dicho amparo que la fiscalía de Oaxaca estructuró su acusación basándose en atestados ministeriales tipo “machote”, de redacción idéntica y carentes de espontaneidad. Casualmente, cuando estas versiones comenzaron a no resistir el escrutinio federal, surgió la oferta de beneficios carcelarios a cambio de que otros detenidos rindieran nuevas declaraciones contra indígenas mazatecos como Jaime Betanzos y Alfredo Bolaños. La secuencia de estos hechos deja abierta una pregunta central: ¿los testimonios se descubrían conforme avanzaba la investigación, o se confeccionaban a la medida de la acusación?
Finalmente, este amparo explica por qué los expedientes del resto de las y los comuneros de Eloxochitlán permanecieron congelados. Sabiendo que los testimonios no corroborados de la familia Zepeda fracasarían ante instancias de justicia federal el sistema judicial local optó por la parálisis. Ante la imposibilidad jurídica de ganar el juicio de fondo, alargaron la prisión preventiva, utilizando el proceso penal y el encierro prolongado como un castigo anticipado.
Y es exactamente ese mismo papel el que ahora parece replicarse en el máximo tribunal: al actuar como un portero servil a los intereses del grupo caciquil, habilitando una admisión cuestionada del recurso de revisión de la diputada Elisa Zepeda, Hugo Aguilar termina haciendo lo mismo: prolongar el caso bajo esa misma lógica de desgaste procesal
Doce años después
La relación profesional entre la servidora pública Elisa Zepeda Lagunas y su asesora legal, Rosa Jiménez Ríos, trascendió hasta el día de hoy en los testimonios en lengua originaria de ex presos en Cuicatlán y Tanivet, en los archivos del juzgado de Huautla y en las deliberaciones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”
Desde el 17 de septiembre de 2026, a las puertas del máximo tribunal, las Mujeres Mazatecas por la Libertad continúan en vigilia; mientras tanto, al interior, las ponencias de los ministros revisan los autos del expediente. Doce años después del inicio del conflicto, la controversia ya no se agota en las figuras individuales de Elisa Zepeda, Rosa Jiménez, Francisco Durán, Miguel Ángel Peralta, Hugo Aguilar o Yasmín Esquivel.
La interrogante interpela directamente la integridad de todo el aparato de justicia: ¿hasta qué escala llegaron lo señalamientos derivados penales contra los habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón?.Frente al máximo tribunal, las Mujeres Mazatecas por la Libertad sostienen un plantón desde el 17 de septiembre de 2026, a la par que los ministros estudian los expedientes. Doce años después del origen de la disputa, el asunto supera a protagonistas como Elisa Zepeda, Rosa Jiménez, Francisco Durán, Miguel Ángel Peralta, Hugo Aguilar o Yasmín Esquivel. El dilema apunta a la raíz misma del aparato de justicia: ¿hasta dónde se extendieron las acusaciones penales contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón?
Los alcances de esta maquinaria no concluyeron en las instancias locales.
La forma en que un expediente marcado por vicios, omisiones lingüísticas, coacciones y conflictos de interés escaló nuevamente hasta la Suprema Corte abre una puerta más: la ruta del amparo en revisión, su controvertida admisión en el máximo tribunal y el uso discursivo de la perspectiva de género para encubrir la verdadera asimetría en juego: el poder caciquil de “los Zepeda Lagunas” que, señalados rotundamente en los peritajes antropológicos del amparo directo 631/2022, mantiene bajo asedio a la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón.
Frente a este escenario, la resolución de fondo compromete tanto al presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, como a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Pero fuera del tribunal, la demanda de las Mujeres Mazatecas por la Libertad apunta de lleno a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca:
¿Cuántas resoluciones federales favorables necesita una comunidad indígena para que cese la persecución penal en su contra?
Eloxochitlán: el río Xangá Ndá Ge, territorio, justicia y poder
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